TEGUCIGALPA, Honduras
El titular de la Secretaría de Seguridad, Gustavo Sánchez presentó este viernes el Boletín de Incautación de Armas de Fuego, en donde más de 12 mil armas de asalto han sido decomisadas en operaciones policiales bajo el estado de excepción.
Las autoridades presentaron las armas de fuego incautadas entre las cuales se encuentran lanzagranadas, ametralladoras, fusiles de asalto AK 47, rifles AR15, escopetas, pistolas de distintos calibres.
Además, informó que durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro se han decomisado en lo que va del año dos mil 543 armas, en 2023 cinco mil 949 y en 2022 tres mil 691 para un total de 12 mil 183 armas sacadas de circulación.
En los departamentos que más decomisos de armas se reportan están: Francisco Morazán, Cortes, Olancho, Yoro, El Paraíso, Comayagua, Atlántida, Copán, Santa Bárbara y Colón con un total de nueve mil 651 armas, lo que representa el 79 por ciento del total de las incautaciones en el país.
Según los datos proporcionados, en 264 municipios se han incautado al menos un arma de fuego, lo que representa el 89 por ciento del total de los municipios.
Sánchez indicó que cada una de estas armas incluyendo las incautadas por faltas, especialmente por delitos que se les hace un análisis pericial balístico para verificar si esa arma fue utilizada en algún crimen.
“Estas armas se sacaron de circulación de hechos criminales, en un país tan complejo que tenemos a un expresidente (Juan Orlando Hernández), aguardando por una cadena perpetua por narcotráfico en EEUU, esa es la complejidad de todo el crimen organizado”, aseveró Sánchez.
“Recordemos que hay un nuevo Ministerio Público, se están tomando decisiones muy importantes y se va a ventilar en su momento los resultados de esas investigaciones porque no podemos estropearlas porque está dando buenos resultados”, subrayó.
Sobre el destino de las armas decomisadas explicó que “ya la ley establece lo que se tiene que hacer con las armas incautadas, sobre todo las prohibidas y las de destrucción, estamos trabajando con la OEA, en un proyecto precisamente que lleva a la destrucción, que se debe hacer con transparencia”, dijo el funcionario.
Cabe recordar que el Ejecutivo decretó estado de excepción desde el diciembre de 2022 para combatir las extorsiones y otros delitos, pero esta medida se ha seguido aprobando en el Legislativo y ahora termina el 19 de mayo. Esta medida permite a la Policía Nacional a realizar arrestos sin una orden judicial.
