TEGUCIGALPA, Honduras
El gobierno, a través de la presidenta Xiomara Castro, el asesor Manuel Zelaya, la titular de Finanzas Rixi Moncada y el canciller Enrique Reina cuestionaron sin ambages la postura asumida por la representante residente de la ONU en Honduras Alice Shackelford luego que esta última respaldara a la directora del CNA Gabriela Castellanos, acción que fue calificada de inaceptable.
A través de Twitter, Reina fue el primero en reprender a la diplomática quien horas antes participó en la comparecencia de Castellanos, quien usó el micrófono para lanzar ataques velados contra el Ejecutivo.
«La participación de la Representante Residente de ONU en Honduras, en actos de naturaleza política, no son compatibles con la función diplomática. Tomando en cuenta además, el momento, ya que el equipo de expertos de la Secretaría General de la ONU para establecimiento de la CICIH está desplegado en el país y deben actuar con imparcialidad», denunció el canciller.
A renglón seguido, el expresidente y asesor Manuel Zelaya se sumó a la vehemente condena contra la funcionaria de Naciones Unidas: «Siento mucho que Alice Shackelford que conoce el derecho internacional se preste al juego político y perverso del CNA de atacar a a la Presidenta Xiomara Castro. Todo el pueblo Hondureño conoce el rol apañador que ha jugado en la dictadura el CNA».
En tanto, la mismísima gobernante fue breve en su mensaje cargado de contundencia: «¡Inaceptable la politización de Naciones Unidas en Honduras!», espetó en un tuit desde Bruselas, donde se encuentra tras participar en una cumbre con miembros de la Unión Europea y la Celac.
De manera progresiva, otros altos funcionarios del gobierno se adhirieron a la postura de la titular del Ejecutivo.
De esta forma, todo el tren ministerial cerró filas en torno a Shackelford, quien al cierre de esta noticia, no se ha pronunciado del porqué apareció junto a Castellanos en una reunión considerada por el oficialismo como «política».
Este hecho ocurre mientras permanece en el país una misión de expertos de Naciones Unidas, quienes negocian con el gobierno los términos que operará en un futuro cercano la misión anticorrupción; se descarta que existan repercusiones sobre la condena expresa contra la jefa de misión.
