TEGUCIGALPA, Honduras
No se ve en el corto plazo una solución al entuerto surgido por la no ratifiáción del acta que permitiría a Honduras incorporarse al Banco de Desarrollo de América Latina o Corporación Andina de Fomento (CAF) ya que la oposición bloquea la misma por el pago de ingreso que supera los 400 millones de dólares.
A pesar que varios economistas alegaron de que ese monto es pagadero en 10 años, liberales, nacionalistas y los ultraconservadores del PSH dijeron que no darán el visto bueno.
En el caso de la bancada rojiblanca, recularon a última hora cuando les informaron del pago de la membresía del país al CAF, por lo que emitieron un comunicado contra la medida; tres miembros del colectivo parlamentario no se plegaron a la proclama.
Previamente, el secretario del Congreso Carlos Zelaya declaró que no mandarán al Ejecutivo el decreto para que sea ratificado.
“El presidente del Legislativo, Luis Redondo, no ha dicho que se ha mandado a sanción el decreto del CAF y eso no es cierto que él lo haya dicho porque no se ha mandado, pero que se mandará hasta que tengamos acuerdo para aprobar el acta”, apuntó la semana anterior.
Esta decisión contradice al jefe del Congreso Luis Redondo, quien insistió en un comunicado sobre un análisis legal de la aprobación de la iniciativa, aunque el acta no ha sido ratificada por quienes votaron a favor, en particular, del bando conservador liberal que a última hora reculó y firmó un comunicado en el que anunciaron su voto en contra.
“Se debe a una situación que pasa -prosiguió el congresista-, porque los diputados liberales no quieren ratificar tras un impasse que hubo en la última sesión legislativa”.
Asimismo, aseveró que tal entuerto “pasa por la molestia de los diputados liberales tras los señalamientos que, en el propio pleno del Legislativo, hiciera el director del SAR, Marlon Ochoa, en la última sesión legislativa… Y lo que les molestó fue la posición del director del SAR de exponer los nombres de los diputados que habían votado a favor de unos decretos en el pasado”.
Por su lado, el subjefe de la bancada nacionalista Nelson Márquez cargó contra el oficialismo, al decir que por la «incapacidad» no pudieron sacar adelante la anexión de Honduras al CAF.
En tanto, el líder de la segunda mayoría en el Legislativo Tomás Zambrano, dio la razón a Zelaya sobre el acta, por lo que sugirió que se encuentren los consensos para alcanzar una solución a fin de retomar la normalidad en el Congreso.
El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor, acusó a la oposición de una jugada política del bando opositor, por lo que les pidió seriedad para aprobar la iniciativa, misma que fue avalada por el Ejecutivo desde 2022 cuando firmó su incorporación al banco regional con sede en Caracas.
Por ese hecho, las sesiones del parlamento se encuentran en suspenso; eso provocó malestar en las bancadas opositoras del PSH, Partido Nacional y Liberal (todos de derecha) quienes siguen exigiendo que se reanude la sesión para votar en contra de la ratificación de la controvertida acta.
Incluso, las diputadas del PSH Maribel Espinoza y Suyapa Figueroa, tachadas de ultraconservadoras, amenazaron con medidas si Redondo enviaba a la presidencia el decreto, mientras que el designado presidencial Salvador Nasralla, quien mantiene una línea conspirativa, dijo que habría juicio político contra la presidenta Xiomara Castro si se atrevía a ratificar la unión al CAF.
Libre, a pesar de ser la primera mayoría en el Legislativo, solo cuenta con 50 congresistas lo que le impide sacar adelante cualquier decreto o iniciativa porque debe contar con la mínima de 65 votos que le exige la Constitución.
Las tres fuerzas conservadoras se han hecho un nudo para boicotear la agenda gubernamental. Esa distribución de diputados y los intereses en juego impiden que haya mayoría simple (65) y mayoría calificada (86) por lo que hay un estancamiento tácito en el quehacer del Congreso.
Además, expertos en derecho y diputados consideraron que es necesario respetar el procedimiento legal y ratificar el acta de votación del convenio de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Las aclaraciones surgen tras lo expuesto por el diputado oficialista Ramón Barrios, que con base al artículo 215 de la Constitución, cuestionó si era necesario que el decreto aprobado sea sancionado sin ratificar su acto.
En ese sentido el vicepresidente del Legislativo Rasel Tomé indicó que la Ley Orgánica establece el procedimiento legal cuando una normativa es aprobada.
“Las sesiones se levantan en un acta, la cual una vez que se cierra, al iniciar la siguiente sesión debe ser aprobada. Para aprobarla, se le pregunta a la cámara si tiene alguna consideración y después se aprueba como un decreto, por tanto, sí necesita la votación para aprobarla”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Samuel Madrid externó que no comparte la opinión de su correligionario Barrios e incluso cree que esa no es la opinión de la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre).
“Es una parte interpretativa de él. A veces los abogados lo que no arreglamos, lo enredamos. Cada quien tiene derecho a opinar, pero no lo comparto, el procedimiento a realizar es la ratificación”, dijo.
Por su lado, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, indicó que este proceso debe cumplir con la ley mediante consensos.
“No se debe mezclar situaciones políticas al procedimiento legal que manda la Constitución y las leyes secundarias. Algunos diputados han hecho otros análisis, pero sí debe existir la respectiva ratificación… Me parece extraño que primero se apruebe y no se ratifique”, expuso.
Para el jurista constitucional Juan Carlos Barrientos enfatizó que no se puede recurrir a una mala interpretación de las leyes.
“Es una vulgar manipulación de la ley porque la Constitución plantea principio de carácter general para la organización del Estado y DD.HH. En ninguna Constitución verán detalles minuciosos para poder tener principios generales de las leyes, ya que eso se hace mediante leyes ordinarias o secundarias”, explicó.
