Editorial: Fracaso del fiscal cinco estrellas y urgencia de fortalecer Ministerio Público

El 29 de junio de 2018, el entonces depurador policial Omar Rivera, a la postre, un venido a menos secretario del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), declaró a El Heraldo que Honduras necesitaba un jefe del Ministerio Público como Óscar Fernando Chinchilla Banegas, quien «se aproxima a tener ese perfil de fiscal 5 estrellas que andábamos buscando: es decente, competente y valiente». Esa calificación terminó siendo una falacia y un fiasco para la institucionalidad hondureña.

Este país aún sigue viviendo sus horas más bajas en administración de justicia, con un Chinchilla que se irá del cargo en septiembre próximo con más pena que gloria, con un Ministerio Público mal visto por una sociedad que sigue enterrando a sus muertos sin ver en la cárcel a los autores materiales e intelectuales de la comisión de los peores crímenes, de los corruptos de cuello blanco que robaron y roban a manos llenas y que exhiben cuan potentados sus lujos mal habidos en las revistas de corazón.

Más allá de los conciliábulos, denuncias de conspiraciones, instalación de truculentas campañas, componendas de los actores interesados, es necesario que exista un verdadero proceso para la selección de los hombres y mujeres, independientemente de su posicionamiento político e ideológico, quienes demuestren que están comprometidos con una correcta impartición de justicia, que persiga penalmente a los que cometen delitos, sin importar su condición social, que sea implacable con el crimen y contribuya a Honduras a salir de una época marcada por la impunidad.

Hagamos un balance de la gestión de Chinchilla y tomaremos como referencia 2020, 2021, 2022 y 2023. La oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) informó, tomando como base los datos del Índice de Impunidad de la universidad mexicana Las Américas de Puebla que, solo en el primer año analizado, «Honduras tiene el nivel más alto de impunidad en la región y el segundo con impunidad alta en el ámbito global. Se estima que, en Honduras, más del 90% de los delitos contra la integridad física y la vida de las personas se mantiene impune por falta de investigación y otras causas».

«Necesitamos una mejor coordinación entre la policía y el Ministerio Público para tener resultados eficientes y efectivos en las investigaciones y en lucha contra la impunidad… en lo que va de 2023, alrededor de 20 mujeres han perdido la vida en circunstancias violentas, por lo que se requiere de un sistema de justicia que trabaje coordinadamente para que estos crímenes no se sumen a la larga lista de impunidad que existe en el país», se consignó en un boletín de la Defensoría del Pueblo.

El Conadeh toma como dato un comunicado del Ministerio Público, quien señaló que «agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI) detuvieron a varias personas, como parte de la investigación del crimen cometido el pasado 15 de enero, en las playas de la aldea Travesía, Puerto Cortés, donde perdieron la vida Cristy Fabiana Espinoza y las primas Janahira y Ana Castillo, sin embargo, no fueron puestos a la orden de ese ente estatal sino que fueron puestos en libertad por no encontrar vínculos con el triple crimen».

Una de las las funcionarias del Conadeh «recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en sus diferentes informes, ha puesto de relieve la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia cuando se comete cualquier tipo de violencia contra una mujer y de garantizar el acceso adecuado y efectivo a la justicia. Entes que integran el Sistema de Justicia los más denunciados ante el Conadeh. Los entes que integran el Sistema de Justicia en Honduras figuran entre los más denunciados ante el Conadeh, según datos divulgados por la Unidad de Estadísticas de este ente estatal, sobre la situación de los derechos humanos en el país, durante el primer semestre de 2022. De las 5,279 denuncias atendidas por el Conadeh, en el primer semestre de 2022, Alrededor de 300 denuncias, de supuestas violaciones a los derechos humanos, fueron presentadas, por diversos sectores de la población, en contra del Poder Judicial, cerca de 200 contra el Ministerio Público y unas 400 contra la policía».

«Solo en 2021 -prosigue el comunicado-, el Conadeh atendió 1,249 peticiones de personas que consideraron, se les estaba vulnerando el derecho de acceso a la justicia por parte de los diferentes entes del Estado que forman parte del sistema de justicia. Según datos del Índice de Impunidad Global (IIG) de la Universidad de las Américas Puebla, en la edición de 2020, Honduras tiene el nivel más alto de impunidad en la región y el segundo con impunidad alta en el ámbito global. Se estima que, en Honduras, más del 90% de los delitos contra la integridad física y la vida de las personas se mantiene impune por falta de investigación y otras causas».

Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW), recoge la agencia Efe, alertó que «la impunidad sigue siendo la norma» en Honduras, en el sentido que «que el crimen organizado violento continúa afectando a la sociedad de Honduras y que ‘la impunidad sigue siendo la norma’ en el país centroamericano».

«La impunidad sigue siendo la norma. Los esfuerzos para reformar las instituciones de seguridad pública se han estancado. Empañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaces», indicó HRW en su Informe 2021, según consignó Efe.

El informe -prosigue- señala que la violencia criminal sigue obligando a muchas personas a abandonar el país y que, periodistas, activistas ambientales, defensores de los derechos humanos, el colectivo LGBT y las personas con discapacidad, figuran entre los grupos afectados.

Añade que el apoyo y recursos de una misión de cuatro años de la Organización de Estados Americanos (OEA) para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, concluido en enero de 2020, no produjo reformas duraderas, y que los fiscales anticorrupción han quedado indefensos.

Según HRW, la violencia de las pandillas, con entre 5.000 y 40.000 elementos activos, está muy extendida en las zonas urbanas y sus alrededores. «Las pandillas ejercen control territorial sobre algunos barrios y extorsionan a los residentes en todo el país. Reclutan niños a la fuerza y abusan sexualmente de mujeres, niñas y personas LGBT. Las pandillas matan, desaparecen, violan o desplazan a quienes resisten», agrega el estudio.

La entidad internacional indicó además que las instituciones estatales débiles y los abusos de las fuerzas de seguridad han contribuido a la persistente violencia de las pandillas, y que ha habido reiteradas denuncias de colusión entre las fuerzas de seguridad y las bandas criminales.

Tomando directamente algunos datos de HRW, «la justicia habitualmente no actúa para que los responsables de delitos y abusos rindan cuentas por sus acciones. Los jueces son blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del poder ejecutivo, particulares que tienen vínculos con el gobierno y maras. Fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte. La Corte Suprema, en particular su presidente, ejerce un control excesivo sobre la designación y remoción de jueces, y la inestabilidad de la carrera profesional limita la independencia de estos».

En enero de 2020, indicó HRW en su reporte, el gobierno hondureño cerró la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Establecida en 2016 por el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA), la MACCIH contribuyó al juzgamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios, 14 de los cuales enfrentaron procesos penales.

Desde que se cerró la misión, el Ministerio Público ha hostigado e intimidado al fiscal jefe de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, y a miembros de su equipo. Organizaciones internacionales, Estados Unidos y el Reino Unido han expresado su apoyo al trabajo de Santos.

¿Dónde están aquellos que hace cinco años defendían a ultranza la reelección ilegal de Óscar Fernando Chinchilla que le decían el fiscal cinco estrellas? ¿Por qué no salen a dar la cara del nefasto papel ejercido por el jefe saliente del Ministerio Público y los resultados que son evidentes? ¿Recibieron en algún momento beneficios, canonjías o privilegios por esa controvertida campaña para que el abogado y notario se impusiera por la aplanadora bipartidista?

Por tanto, existe un imperativo categórico de proseguir con al adecentamiento del sistema de impartición de justicia con la escogencia de un nuevo jefe del Ministerio Público que sí esté comprometido con la causa  y que sepulte el legado que nos va a dejar el fiscal Chinchilla, quien en su época de oro solo se dedicó a hacer parafernalia con los operativos con nombres rimbombantes.

Hay que sepultar el legado de quien toleró que el país se convirtiera en un narcoestado, según la fiscalía federal de Nueva York, que hizo la vista gorda en el trasiego masivo de drogas y cuyos cerebros están presos en EE.UU., que engavetó infinidad de requerimientos fiscales contra corruptos de cuello blanco y apenas se le ve ahora en las reuniones del Consejo de Defensa y Seguridad que dirige la mandataria.

A propósito de Chinchilla y su nefasto legado, hay que recordar las palabras del valiente exfiscal argentino Strassera, quien persiguió implacable y duramente a los generales que perpetraron el golpe de Estado de marzo de 1976 y que terminó en severas condenas con esta frase lapidaria: «Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: Nunca más».

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