TEGUCIGALPA, Honduras
Empresarios aseveraron que no están detrás de las manifestaciones realizadas en Choluteca y consideran que esta situación genera polarización en el país.
El empresario de la zona sur, Víctor Wilson aseguró que ningún empleado de las granjas marineras fue chantajeado o coaccionado para marchar el pasado martes 09 de mayo en contra del proyecto de Ley de Justicia Tributaria.
“La marcha fue organizada por los trabajadores y ellos tuvieron la delicadeza de conseguir los debidos permisos, contando son eso, los ciudadanos tienen el derecho de manifestarse siempre y cuando sigan la ley”, declaró.
Agregó que cualquier señalamiento o acusación contra él, se trata de un montaje y no teme a ser investigado.
El coordinador de la asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) Gustavo Solorzano indicó que esta marcha de los ciudadanos consistió en tener acceso a la información sobre esta iniciativa.
“No es cierto, la empresa privada no está financiando marchas, ni ninguna campaña de desprestigio con la desinformación o manipulación de la información sobre este proyecto de ley. No lo hemos hecho, ni lo haremos tampoco”, expuso.
Precisó que el gobierno debería de orientar las investigaciones a los delitos de extorsión contra transportistas, homicidios múltiples u otros problemas de la sociedad.
“La ciudadanía ha ejercido un derecho constitucional de poder manifestarse de manera libre y sobre todo pacífica. La comunicación que se hace el Consejo de Seguridad y Defensa, se menciona que hubo actos de violencia, pero no lo hubo, incluso hasta contó con los permisos de la municipalidad de Choluteca”, explicó.
El presidente de Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, indicó que existe un clima de polarización que ha generado esta ley va a superar con creces cualquier beneficio que pretende otorgar la normativa si es aprobada.
“Quien debe acusar es el fiscal y quien juzga es la Corte Suprema de Justicia, entonces si la presidenta tiene la percepción de que estos actos fueron ilegales, aunque la Constitución protege el derecho a la protesta, creo que está equivocada y mal asesorada, esto solo trae consecuencias negativas”, dijo.
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