TEGUCIGALPA, Honduras
El Legislativo recibió ayer el paquete que contiene la Ley de Justicia Fiscal que deberá ser discutido y aprobado en su momento, entre fuertes tensiones entre el gobierno y una aterrorizada iniciativa privada que está llamando a la oposición a bloquear la ambiciosa iniciativa que busca sacar adelante el Ejecutivo de Xiomara Castro.
De hecho, el secretario del hemiciclo Carlos Zelaya recibió la propuesta encaminada a una profunda reforma tributaria, la anulación de algunos regímenes de exoneración, la reversión de controvertidas figuras creadas en el pasado como las Alianzas Públicas y Privadas, más conocidas como APP.
En cambio, se plantea incorporar algunas figuras fiscales como las Rinde y otras. Asimismo, se contempla una reforma constitucional que permitiría un régimen progresivo (quienes ganan más, pagan más) en vez del actual modelo regresivo, en otras palabras, que quienes ganan menos son los principales contribuyentes del Estado.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) anunció su reacia oposición a la normativa porque, según ellos, habría una masiva fuga de capitales, las compañías locales se irían a otros países de la región que «dan ventajas e incentivos» y, como siempre, se trastocaría la seguridad jurídica.
Sus directivos alegaron que no se incorporaron las observaciones que hicieron al proyecto de ley, por lo que no acompañarán la misma.
El Partido Nacional, quien en los últimos tres gobiernos dio grandes dádivas al empresariado, dejó clara su posición contra la reforma tributaria; el jefe de bancada Tomás Zambrano y el congresista Antonio Rivera alegaron que «viene un paquetazo» a pesar que no dieron una explicación convincente al respecto.
Por su lado, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, en un tuit moderado, declaró que «recibieron en tiempo y forma» el paquete de reformas, por lo que procederán a analizarlo a fin de tomar una decisión.
Desde el Partido Liberal afirmaron que tampoco están dispuestos a aprobar la nueva ley porque, según ellos, se atenta contra la libre empresa.
Sin embargo, Libre podría anotarse un hit en caso que una parte de la bancada rojiblanca vote a favor de la iniciativa. Hasta ahora, los parlamentarios Marlon Lara, Mauricio Villeda, Yuri Sabas y otros de corte conservador adelantaron que no apoyarán el proyecto.
Tanto Lara como Villeda, son los principales críticos de la reforma; ambos apuestan a que se retome el empleo por hora, a pesar que fue derogado en 2022.
Ese fraccionamiento le podría dar oxígeno a los planes de Libre para implementar en Honduras una ley que evitaría que el país sea declarado un paraíso fiscal.
El titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Marlon Ochoa, confió que será aprobada la normativa porque se cuentan con los 65 votos, el mínimo requerido por la Constitución para que entre en vigencia en el estamento jurídico.
Todo esto dependerá de la capacidad de negociación entre las bancadas, aunque ya se da por descontado que el bloque nacionalista, a excepción del díscolo Rolando Barahona, que no votarán.
Sin embargo, la reforma constitucional que aspira el Ejecutivo sobre el régimen progresivo, está cuesta arriba porque no se cuentan con los 86 votos que exige la carta magna para que pase a formar parte de la Constitución.
¿El problema? Desde luego, el Partido Nacional no está dispuesto por ningún motivo a que el gobierno modifique dramáticamente el tema fiscal porque le implicaría serios apuros de cara a las elecciones de 2025.
En el pasado, la actual fuerza de oposición, logró mediante componendas con los liberales aprobar un cruento paquetazo que pasó del 12 al 15 por ciento el Impuesto Sobre Ventas con la promesa que habrían más programas sociales que se terminaron instrumentalizando para fines electoreros.
Expertos como Claudio Salgado dijeron que la reforma tributaria corregirá algunos desequilibrios que la actual legislación tolera y descartó la fuga de empresas hacia otras regiones en caso de que se apruebe la Ley de Justicia Tributaria.
