TEGUCIGALPA, Honduras
El director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Marlon Ochoa señaló que el Partido Nacional diseñó un esquema de evasión a través de mecanismos de opacidad mercantil y tributaria como el secreto bancario, acciones al portador, la falta de intercambio de información internacional y el principio de renta territorial.
Indicó que con la aprobación del Código Tributario en 2016, el Partido Nacional convirtió a Honduras en el único país del mundo en retroceder el principio de renta mundial a territorial (solo pagar impuestos en el país, pasando por alto capitales hondureños en el extranjero), permitiendo que rentas reales o simuladas del exterior no pagaran tributos.
(1/25) 10 familias más ricas de Honduras pagan 3 centavos de impuestos por cada 100 lempiras que ingresan a sus empresas. Comparto información que evidencia complicidad del Partido Nacional en protección del esquema de evasión 🧵⬇️ pic.twitter.com/INsoiW2NNg
— Marlon (@MarlonOchoaHN) April 18, 2023
Precisó que este cambio en el sistema tributario ha permitido a apenas 503 personas jurídicas y naturales evadir 57,132 millones de lempiras en impuestos entre 2017 y 2023, un promedio del 7.3% de la recaudación de cada año.
De igual manera, explicó que «con el -nuevo- Código Tributario de 2016 también impuso un secreto tributario de facto, al hacer prácticamente imposible para la Administración Tributaria acceder a información bancaria de las personas naturales o jurídicas que audita».
Agregó que con esta restricción, Honduras se convirtió en uno de los países que más restringe el acceso a información bancaria a su administración tributaria. En EE.UU., el IRS (Servicio Interno de Rentas, en inglés) accede a información bancaria, sin intermediar con entes reguladores.
Pero el nuevo código tributario también inauguró la práctica de conceder “regularizaciones», que prohibieron al SAR, Aduanas y la Secretaría de Finanzas, auditar los períodos entre 2012 y 2016 a empresas que pagaran el 1.5% de sus ingresos brutos.
«Este artículo promovió el otorgamiento de incentivos fiscales para empresas evasoras. El Estado perdió el 230% de lo que recaudó con las amnistías y regularizaciones. El 28 de junio de 2017 la regularización se amplió para también extinguir de los cobros de deudas de períodos anteriores al 2012, es decir, que con la regularización el Estado desistió de cobrar más de 4,000 millones de lempiras en procesos judiciales», expuso.
Añadió que para el 18 de enero de 2018, esta regularización se amplió nuevamente para abarcar también el período fiscal 2017, legalizando de esta forma que unas cuantas empresas obtuvieran inmunidad tributaria los 6 períodos fiscales que van del 2012 al 2017.
