TEGUCIGALPA, Honduras
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, informó que en esta semana se firmará el acuerdo que confirma el reajuste salarial de los empleados del Ministerio Público, tras varias semanas de protesta.
Durante la sesión legislativa, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, presentó una moción para buscar una solución al conflicto en la fiscalía.
“La situación que atraviesa el Ministerio Público es crítica. Me sorprende y angustia que estando en cuidados intensivos la justicia hondureña, porque el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal, si no funciona o actúa es imposible que el aparato funcione y las voces de los empleados no está siendo escuchada”, expresó.
En ese sentido, Redondo se pronunció sobre el tema, indicando que ya había un acuerdo con los empleados de la fiscalía y Dirección de Medicina Forense.
“Los empleados del Ministerio Público recibirán un reajuste salarial, ya hay un acuerdo, está solucionado el asunto y cabe mencionar que el acuerdo contempla que no habrá represaría o persecución que se puedan verter u opinar”, declaró.
De igual manera, el congresista Jari Dixon Herrera externó su postura tras el anuncio.
“Muy contento porque ya se resolvió lo del Ministerio Público, la administración de justicia nunca debe detenerse, felicito a todas las partes por haber llegado a un acuerdo”, dijo.
Por su parte, la fiscal Pamela Cruz externó que las protestas seguirán hasta que el acuerdo esté establecido por escrito por parte del fiscal general Óscar Chinchilla.
“Los edificios siguen tomados, porque no hay un acuerdo; lo que hubo fue una propuesta del fiscal general y del personal administrativo. La propuesta se socializó y esperamos que el acuerdo vaya en dos sentidos, con el aumento propuesto y que no existan traslados o cambios que perjudiquen nuestra lucha”, explicó.
Asimismo, el presidente de la asociación de fiscales, Víctor Marín, expuso que aunque no se obtuvo el porcentaje de 15 por ciento que solicitó desde un principio, al menos se logró un incremento salarial superior a los tres mil lempiras.
“Esta lucha acaba hasta que se haya firmado el acuerdo por escrito, el cual debe llevar la protección de no traslados, sin arbitrariedades, ni procesos disciplinarios a cada uno de nosotros. Estamos seguros que no hemos cometido ninguna conducta irregular, sino que actuamos amparado al derecho”, sentenció.
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