TEGUCIGALPA, Honduras
El director del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Marlon Ochoa reiteró que la Ley de Justicia Tributaria impulsada por la presidenta, Xiomara Castro, combate los abusos legalizados entre el 2009 y 2021.
La Ley de Justicia Tributaria no es contra las empresas ni contra los empresarios. Hay empresas que han hecho un buen uso de las exoneraciones. Es contra los ABUSOS y contra la CORRUPCIÓN legalizada #JusticiaTributariaYa.
— Marlon (@MarlonOchoaHN) April 11, 2023
Ochoa externó que durante esos años se aprobaron leyes «dedicadas con nombre y apellido» para ciertas empresas que tenían como modelo de negocio compra de funcionarios y diputados, en ese sentido dio 10 ejemplos.
El primer ejemplo es del 23 de diciembre de 2021, cuando el Congreso Nacional aprobó el decreto para que una empresa pudiera importar petcoke, un combustible ultracontaminante, sin pagar impuestos.
Ese mismo día aprobaron que una empresa camaronera, en proceso de fusión por absorción, pudiera exonerar a las empresas que estaba absorbiendo sin necesidad de contar con la aprobación de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia.
El 17 de diciembre de 2021, el Poder Legislativo aprobó decreto «interpretando» el Código Tributario para permitir que cinco empresas exoneradas con auditorías de precios de transferencia finalizadas pudieran evadir el pago de más de mil 400 millones de lempiras en sanciones.
En esa misma fecha aprobó la ampliación de exoneraciones de 94 empresas en Régimen Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur) durante 15 años adicionales, permitiéndoles no pagar impuestos durante 33 años seguidos. Estas exoneraciones iban a finalizar en 2025.
El 12 de febrero de 2020 se aprobó la ampliación de exoneraciones en régimen Zona Libre (Zoli) por 25 años adicionales, permitiéndoles no pagar impuestos hasta por 74 años seguidos.
En el mismo decreto, se otorga inmunidad a empresas en régimen Zoli, al impedir que las exoneraciones sean canceladas a pesar de constatarse abusos o mal uso de la exoneración, contradiciendo lo establecido en los artículos 20 y 21 del Código Tributario.
Además, permitió que cuatro empresas dedicadas al cultivo de tilapia, camarón y la minería pudieran adherirse al régimen Zoli sin necesidad de construir muros que delimitaran la zona aduanera extraterritorial.
«Se legalizó que empresas ‘exportadoras’ en Zoli vendieran el 50 por ciento de su producción en el mercado local, compitiendo deslealmente con empresas nacionales que SÍ pagan impuestos. Incluso se permite hasta el 100% con autorización de la Secretaría de Desarrollo Económico». externó.
