Cambio en centros penales, ¿Es utopía o realidad? (¿Responsabilidad solo del Poder Ejecutivo?, ¿Cómo Abogados, qué papel jugamos desde nuestra posición? y ¿Qué otros responsables podemos encontrar?)

Selvin Sánchez12 abril, 2023

TEGUCIGALPA, Honduras 

(Por Néstor Sosa, abogado) La opinión emitida en este análisis es de carácter ilustrativo o, sin interés político y basado en la experiencia vivida en los diferentes órganos jurisdiccionales del país.

El tema del momento es el problema existente en el sistema penitenciario en Honduras, pero realmente nos hemos preguntado ¿Quiénes son los responsables reales de este problema que afecta tanto a los privados de libertad como a la sociedad?

Cabe señalar que es de conocimiento público los negocios y privilegios que se ofertan dentro de los centros penales, pero se debe ver también la otra cara de la moneda; la violación de los Derechos Humanos en ciertos casos.
Basado en la experiencia que nos deja el ejercicio de la profesión, como abogados, podemos encontrar el origen de otros problemas que desembocan al caos en el sistema penitenciario que actualmente vive el país; si no lo vemos como un “todo”, difícilmente podremos salir de este cuello de botella y que según expertos, se viene arrastrando desde el año 1998, desde el Huracán Mitch.

Honduras cuenta con un sistema penal acusatorio que es: “el procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia penal.

Tiene como finalidad esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños causados por el delito”.

Partiendo de este concepto podríamos llegar a una conclusión más acertada de lo que realmente sucede, pero es necesario entender el lugar de cada quién: el fiscal siempre acusará, el Procurador defenderá al Estado de Honduras, el Juez sopesa la impartición de “justicia” y el defensor, sea privado o público, defenderá los intereses del imputado, esto a lo que refiere al sistema penal acusatorio, pero ¿Cuál es la realidad? La Procuraduría ha venido jugando un papel como un órgano colegiado de la fiscalía que tiene como fin llevar al acusado a la cárcel y por el mismo camino han venido muchos jueces violando el Código Penal y su procedimiento, incluso, violan el Código de Ética del profesional del Derecho.

En el Código Penal vigente de Honduras en sus artículos del 73 al 78, establece los beneficios que se otorgan a los imputados por delitos con penas menores de 5 (cinco) años, pero estos deben de cumplir con una serie de requisitos para poder solicitarlos, pero se vuelve irrisorio al mismo tiempo, ya que los operadores de justicia han negados estos beneficios aun cumpliendo con los requisitos que estipula cada uno de los artículos referidos .

Por otro lado, los Tribunales de Ejecución, por falta de personal, orden y trabajo en conjunto con las autoridades de los centros penitenciarios suman al desastre que actualmente rebasó todo límite en nuestro país, todo esto sin dejar a un lado el flagelo que tiene acorralada a nuestra sociedad en su conjunto “LA CORRUPCIÓN”.

Es por eso que, para encontrar la solución del problema, no sólo se necesita de la intervención del Poder Ejecutivo sino también de la voluntad del Poder Judicial, la Fiscalía y la PGR que cumplan su papel de manera independiente para poder tener un sistema penitenciario digno, sin sobre población dentro de los mismos y que es uno de los principales causantes de que las redes criminales sigan operando dentro de los centros penitenciarios.

No es trabajo fácil, se necesita una gran voluntad para resolver semejante problema, los defensores de Derechos Humanos también deben que tener claro que aunque nuestra Constitución en su artículo 59 claramente dice que la persona es el fin supremo de la sociedad y según la doctrina el bien jurídico en Derecho Penal es preservar la vida, pero también está en juego la paz de todo un país que involucra a todos los sectores donde tenemos que buscar la sinceridad antes que el clientelismo político que abraza a Honduras por décadas .

Por lo que podemos concluir, que mientras en Honduras la Fiscalía, la Procuraduría, los jueces, los Abogados privados, los defensores públicos, los poderes del Estado con sus cabezas, jefes de bancadas, partidos políticos, autoridades de Centros Penitenciarios no tengamos claridad en lo antes expuesto, seguiremos bajo la utopía del cambio en los centros penales.

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