TEGUCIGALPA, Honduras
«Si realmente tiene voluntad política para evitar seguir cometiendo los mismos errores del pasado, deberíamos escuchar su compromiso de que su gobierno va a adoptar las siguientes medidas», precisó el abogado constitucionalista, Joaquín Mejía.
El jurista se refirió al anunció hecho por la presidenta, Xiomara Castro, de intervenir los centros penitenciarios debido a las reyertas en varias cárceles de máxima seguridad en el país suscitados en este fin de semana.
1/6. La presidenta Xiomara Castro anunció la intervención de los centros penales. Si realmente tiene voluntad política para evitar seguir cometiendo los mismos errores del pasado, deberíamos escuchar su compromiso de que su gobierno va a adoptar las siguientes medidas:
— Joaquín Mejía Rivera (@LawyersforHR) April 9, 2023
Apuntó que como primer paso se debe aplicar las 17 recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe de 2013 sobre el sistema penitenciario hondureño que, según esta, vive una crisis estructural como resultado del abandono y la falta de políticas públicas integrales.
Como segunda recomendación explicó que «se debe cumplir con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos López Álvarez contra Honduras y Pacheco Teruel y otros versus Honduras, que ordenan adecuar los centros penitenciarios a los estándares internacionales, a fin de prevenir situaciones críticas como las que sucedieron».
El tercero es aprobar e implementar urgentemente la propuesta de Política de Rehabilitación y Reinserción de las Personas Privadas de Libertad con Enfoque Diferenciado presentada al gobierno el año pasado por el Mecanismo Nacional de Prevención (Conaprev).
Además, se debe cumplir con las 85 recomendaciones formuladas en 2010 al Estado de Honduras por parte del Subcomité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y que están dirigidas a superar las falencias estructurales que sufre el sistema penitenciario hondureño.
La última recomendación hecha por el abogado es que el Gobierno debe dejarse asesorar y acompañar en este proceso por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) para garantizar que, con las medidas de seguridad y penitenciarias que se implementen, no se caiga en el populismo penal y de seguridad que ha caracterizado el abordaje de la violencia en el país.
