TEGUCIGALPA, Honduras
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), que fue convocado el viernes por la presidenta Xiomara Castro se aprobó el plan nacional de solución contra el crimen.
Al respecto, el jefe de prensa del Ejecutivo, Ivis Alvarado, explicó que el plan consiste en nueve puntos estratégicos entre ellos que toda información y documentación como resultado del cumplimiento de funciones y actividades del CNDS serán manejados por la Dirección de Investigación e Inteligencia de conformidad con las reservas de las normativas vigentes.
El segundo punto consta en que la presidenta prorrogará la vigencia del Decreto de Emergencia PCM 10-2023 en materia de seguridad e inmediatamente se procederá a realizar la asignación de responsabilidades por regiones geográficas a la Secretaría de Seguridad Pública.
Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actuará como colaborador efectivo en esta materia.
El funcionario indicó que la Secretaría de Seguridad es responsable de coordinar y ejercer sus facultades ya conferidas en todo el país y responderá por sus resultados en el plan directamente en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés y estarán bajo su gestión operativa para combatir y poner fin a la criminalidad debiendo responder por sus acciones e informar periódicamente al CNDS
La Sedena, a través de las FFAA y sus diferentes ramas colaborará de forma efectiva ejecutando acciones y actividades en materia de seguridad como se ha venido realizando permanentemente y, en consecuencia, deberá informar sobre su alcances.
Al ente le corresponderá ejercer funciones en los departamentos de Colón, Olancho, El Paraíso y Gracias a Dios.
La Policía Militar del Orden Público colaborará de forma efectiva ejecutando acciones en materia de seguridad en Atlántida, Yoro y Copán y brindará los informes correspondientes sobre las acciones ejecutadas y los resultados obtenidos ante el CNDS.
Además, se instruyó al aparato castrense colaborar con el Instituto Nacional Penitenciario (INP), en la habilitación de batallones como Centros de Reclusión de Emergencia, para el cumplimiento de este plan sometiéndose a los estándares de seguridad penitenciarias y tratados internacionales que regulan convenios internacionales los derechos de los detenidos.
Entre tanto, el Poder Judicial, presidido por Rebeca Ráquel Obando, procederá a asignar jueces con jurisdicción nacional (especializados en delincuencia organizada) para acompañar de manera eficiente y oportuna, las acciones ejecutadas por las fuerzas de Seguridad con base en este Plan Nacional de Solución Contra el Crimen, se informó.
