TEGUCIGALPA, Honduras
El Departamento de Estado de EE.UU. publicó el informe Derechos Humanos 2022, en el cual hace énfasis en la aprobación de la Ley de Amnistía por el Congreso Nacional de Honduras que preside, Luis Redondo.
De igual manera, este documento elaborado por el Departamento de Estado destacó la corrupción y falta de transparencia del actual gobierno. El informe también hace referencia a otros temas como la libertad de participar en el proceso político, el respecto a las libertades civiles, entre otras.
«La ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental», reza el escrito.
El documento señaló que el decreto 04-2022 una ley retroactiva que absolvió de delitos a funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno del expresidente, Manuel Zelaya (2006-2009).
Entre los exfuncionarios beneficiados se encuentran el actual asesor presidencial, Enrique Flores Lanza y el exgerente de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) Marcelo Chimirri.
«Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción», expone el informe.
En el mismo escrito, exponen que a pesar de la derogación de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como Ley de Secretos.
«La sociedad civil había criticado la normativa por limitar la transparencia y permitir que los funcionarios utilizaran la clasificación de documentos para ocultar la corrupción».
En el tema de la corrupción, señaló que a pesar que el 10 de junio, Marco Bográn, exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Investh), la entidad gubernamental encargada de realizar contratos de alivio de la pandemia de covid-19 con empresas privadas, fue declarado culpable de fraude agravado y condenado a más de 10 años de prisión y se le ordenó pagar una multa de 1.475 millones de lempiras ($58,7 millones).
El tribunal lo absolvió de los cargos de violación de deberes oficiales y fraude, pero el Ministerio Público apeló el fallo el 25 de julio.
