Jefe del SAR explica que Justicia Tributaria avala inversión pública, privada y mixta

Redacción El Pulso17 marzo, 2023

TEGUCIGALPA, Honduras

El director del Servicio de Administración de Rentas (SAR) Marlon Ochoa explicó que con la Ley de Justicia Tributaria se promoverá las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo como mecanismo de erradicación de la pobreza y contención de la migración.

Puntualizó que en las condiciones actuales, es muy difícil para una micro o pequeña empresa sobrevivir y ser fuente de generación de empleo sostenible, cuando compite en condiciones desleales y desiguales con grandes empresas que durante casi 50 años han gozado de privilegios fiscales.

Por ello, se crean mecanismos de control de los privilegios fiscales gozados por las empresas exoneradas actualmente para terminar con abusos perpetuados por estas. Las empresas que hayan cumplido con los objetivos y no hayan abusado de su exoneración continuarán gozando de las exenciones.

Detalló que la Ley de Justicia Tributaria impulsa 15 rubros estratégicos que concentran la mayor parte de la fuerza de trabajo como ser la agricultura, construcción, manufactura y talleres de reparación; que son claves para el desarrollo productivo del país (como energía, infraestructura, ciencia y tecnología).

Además, se creará el  RINDE, que otorga 2 lempiras de exoneración por cada lempira invertido en salarios superiores al salario mínimo, este es un beneficio atado directamente a la generación de empleo de calidad y permanente.

Asimismo, planteo la creación del régimen de Zonas Francas, con el objetivo de atraer inversiones extranjeras para la transformación y agregar valor a materias primas, una actividad económica altamente demandante de mano de obra.

«Se protegen los empleos ya creados por las empresas exoneradas al respetar la vigencia de esta excepción fiscal por constituir un derecho adquirido», indicó.

Puntualizó que Honduras requiere cambios profundos que reviertan el fracasado modelo de desarrollo que, luego de 150 años de vigencia, tiene como principal carta de presentación un 74% de pobreza y más de un millón de hondureños que han migrado por razones económicas.

 

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