BUENOS AIRES, Argentina
El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer hoy los fundamentos por los que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que ella ha calificado como un intento de proscripción.
Los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso revelaron sus argumentos tres meses después de haber dictado una sentencia que será apelada tanto por la expresidenta como por los fiscales que la acusaron.
En un documento de 1616 páginas, los jueces aseguraron que durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) hubo una «manifiesta connivencia y protección» de los organismos estatales para favorecer al empresario Lázaro Báez con el otorgamiento de obras públicas en la patagónica provincia de Santa Cruz.
También retomaron los argumentos de la fiscalía al considerar que durante el kirchnerismo tuvo lugar «una extraordinaria maniobra fraudulenta» que perjudicó al erario público en cifras abismales.
«Se han acreditado dentro de la maniobra diversos aspectos a través de los cuales se concretó un perjuicio descomunal y sin precedentes para las arcas públicas durante el período analizado», afirmaron.
Las consecuencias de esta cartelización de la obra pública, añadieron, «fueron devastadoras» y causaron un perjuicio al Estado más de 646 millones de pesos (3.2 millones de dólares).
«Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, como responsable del Poder EjecutivoNacional y por mandato constitucional jefa suprema de la Nación, jefa del gobierno yresponsable política de la administración general del país, tuvo una intervención fundamental para la concreción del ilícito», señalaron.
Los jueces subrayaron que las licitaciones en favor de Báez tuvieron como fin último beneficiar a los Kirchner.
«Cada una de esas decisiones fue adoptada con un interésy una finalidad de carácter económico, de tinte personalísimo, pues ella (la vicepresidenta), en su persona, resultaría al fin de cuentas una de las beneficiarias últimas de esta compleja maniobra criminal», aseguraron.
En el juicio, que comenzó en mayo de 2019 y culminó el pasado 6 de diciembre, se le encontró culpable del delito de «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública», pero fue absuelta por los cargos de «asociación ilícita».
A lo largo del proceso, en el que hubo otros 12 imputados, Fernández de Kirchner denunció que era víctima de una persecución judicial que buscaba a toda costa condenarla y proscribirla para que no pudiera volver a postularse a ningún cargo público.
También denunció la indebida relación de uno de los fiscales que la acusó con uno de los jueces que la condenó, y de ambos con el expresidente Mauricio Macri, ya que los dos iban a jugar futbol a una casa de su propiedad.
Pero de nada sirvieron las impugnaciones. La causa culminó con un fallo histórico, porque Fernández de Kirchner se convirtió en la primera vicepresidenta en ejercicio condenada por corrupción.
A partir de ahora, las partes apelarán la condena ante la Cámara de Casación y después ante la Corte Suprema de Justicia. El fallo sólo quedará firme cuando se pronuncie el máximo órgano de justicia, que es la última instancia, para lo cual pueden transcurrir varios años.
Anoche, simpatizantes de Fernández de Kirchner realizaron una vigilia frente a los Tribunales a la espera de que se dieran a conocer los fundamentos de la condena y que serán respondidos mañana por la propia vicepresidenta durante un evento que realizará en la provincia de Buenos Aires. (Con información de RT).
