El presidente de Ecuador reacciona al informe a favor de su enjuiciamiento político

QUITO, Ecuador 

Tras la aprobación de un informe legislativo que recomienda su enjuiciamiento político, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispuso atender con «celeridad» cualquier requerimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) respecto a una eventual investigación en su contra relacionada con el caso El Gran Padrino.

«Más allá de lo insustancial e infundado de aquel documento, que contiene elucubraciones inconexas sobre supuestos actos de corrupción en los que maliciosamente se pretende inmiscuirme, he dispuesto que toda la Función Ejecutiva conteste, con celeridad, todo pedido de información que usted requiera en torno a la investigación que a estos efectos decidiese abrir, y principal, pero no exclusivamente, respecto de cualquier actividad que hubiera podido desarrollar el economista Danilo Carrera», señala el oficio dirigido a la titular de la FGE, Diana Salazar.

El mandatario mostró disposición de colaborar en las pesquisas luego de que 104 legisladores votaran a favor del informe que recomienda el juicio político en su contra por delitos contra la administración pública y la seguridad del Estado en el caso El Gran Padrino, sobre una presunta red de corrupción en empresas públicas y nexos con el narcotráfico, en donde ha sido implicado su cuñado, el empresario Carrera, y operadores políticos cercanos al círculo presidencial.

El presidente Lasso solicitó que se desarrollen todas las investigaciones pertinentes, «con toda la rigurosidad y profundidad que la gravedad de estas falsedades amerita».

Afirmó, además, que el informe aprobado por la Asamblea Nacional carece de sustento lógico probatorio y jurídico.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hizo una alocución al país donde calificó de «bochornoso» el informe de la comisión legislativa y afirmó que no se muestra «mérito alguno para un juicio de este tipo».

La aprobación del informe legislativo coloca al jefe de Estado a las puertas de un eventual proceso de destitución, para lo cual se necesitarían 92 votos en caso de que se le dé trámite al proceso de juicio político. (Con información de Sputnik). 

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