Congreso aprueba contrato de construcción de represa para la capital hondureña

TEGUCIGALPA, Honduras 

El Congreso Nacional aprobó el contrato de construcción de la represa en el cauce del río San José y Jacaleapa para dotar de agua a varias colonias y barrios del Distrito Central que sufren escasez del recurso hídrico.

El contrato fue suscrito entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el representante legal de la sociedad mercantil Hidalgo e Hidalgo de Honduras, David Armando Palma.

Durante la sesión legislativa del marte se aprobó el contrato con el apoyo de 96 diputados, quienes se opusieron a este proyecto fueron ocho de los 10 congresistas de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH).

Al respecto el diputado del PSH Carlos Umaña expuso que su partido no se opone a la construcción de represas, sin embargo cuando los contratos traen indicios fuertes de corrupción, denuncias ante Ministerio Público y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «no podemos callar».

En ese sentido, dijo que la Ley Marco del sector de Agua conduce a privatización y debilita las instituciones públicas que velan por este rubro tan sensible.

Añadió que «debemos derogar esa esperpento -de ley- y construir una nueva, las políticas neoliberales aún vigentes son letales y nuestro deber es denunciar abusos».

Al respecto la diputada del Partido Salvador de Honduras Ligia Ramos respaldó lo manifestado por su compañero de bancada.

Puntualizó que «es un discurso auténtico de lucha social, nos oponemos rotundamente a la privación del suministro y saneamiento del agua, nos oponemos a la política neoliberal que se está llevando a cabo mediante la ley marco del sector agua potable y saneamiento, que se aprobó en la administración pasada».

Además, señaló que con esa ley marco destruye el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y se realiza una pseudo municipalización del agua en donde los municipios se declaran incapaces de manejar el recurso hídricos y tiene que pasar a la empresa privada.

«En este contexto del que hablo instamos a este poder del Estado, al Poder Ejecutivo junto con las organizaciones sociales de defensa del agua que se construya una política de Estado para dejar muy claro el acceso al agua potable y saneamiento», precisó.

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