TEGUCIGALPA, Honduras
El Poder Judicial anunció que durante la audiencia de individualización de la pena solicitan al Tribunal de Sentencias en materia de Corrupción imponga ocho años con ocho meses como pena máxima al exdirector de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest H) Marco Bográn.
Mientras que en el caso del exadministrador de Invest H, Alex Moraes, condenado por violación a los deberes de los funcionarios, la Fiscalía solicitó siete años con seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público.
Bogán y Moraes son acusados en el caso de la compra de alrededor de 470 mil mascarillas durante la pandemia por Covod-19 a lo interno de Inversión Estratégica de Honduras (Invest H).
Al respecto el Ministerio Público informó que la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) solicitó una pena de ocho años ochos meses de reclusión y una multa de más de 118 millones de lempiras en contra de Marco Antonio Bográn Corrales.
En este expediente, otro extremo que se impugnará ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es la sentencia absolutoria a favor del exdirector de InvestH por el delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Cabe mencionar que, contra ambos exfuncionarios ya recayó una primera condena por el caso Hospitales Móviles, mientras que los otros cinco involucrados están prófugos de la justicia por el fraude de las mascarillas.
Los otros señalados son: el contador general de Invest H, Carlos Luis Guevara Mondragón; la especialista administrativo y financiero Bessy Roxana Rodríguez Mendoza; las representantes legales de Germar Ferretería Elena María Hernández González y María Elena Palacios Hernández y el propietario del grupo G y T S.A. de C.V y esposo de la exdiputada nacionalista Waleska Zelaya, Juan José Lagos Romero.
De acuerdo a la investigación de la UNAF y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a raíz de la crisis por el coronavirus, entre los meses de abril y mayo de 2020, el Estado se vio en la obligación de comprar material de bioseguridad, entre ellos mascarillas, con el objetivo de cubrir las necesidades del personal médico y del sector salud a nivel nacional.
Aprovechándose de ello, los cuatro exfuncionarios de INVEST-H se habrían confabulado con las empresas grupo G y T S.A. de C.V y Germar Ferretería, para venderle al Estado mascarillas de uso no médico para el personal sanitario, violentando los procedimientos legales y administrativos correspondientes e incumpliendo los requisitos y las bases establecidas en la compra.
