Dejemos de lado el discurso violento, misógino, homofóbico y ultraderechista de Tomás Zambrano, la réplica de Rafael Sarmiento de Libre de que los hondureños tendremos una Corte libre del narcotráfico y delincuencia organizada y las lamentaciones de Tomás Ramírez porque querían a Ana Pineda como jefa judicial. Lo importante es que la sociedad ya tiene un nuevo pleno de magistrados que regirán los destinos del sistema de impartición de justicia por siete años.
Este nuevo pleno, sin excepción, tiene el compromiso de sepultar el nefasto legado de Rolando Edgardo Argueta Pérez, quien deja un sistema fuertemente cuestionado por las atrocidades que se cometieron en los últimos siete años, cuyo ADN proviene desde las denuncias de compras de conciencias, la intromisión desde el Ejecutivo de Juan Orlando Hernández y comenzar, sin dilatorias, el adecentamiento de un sistema que esté al servicio de todos, no de grupos poderosos, políticos, bandas criminales y mafiosos que han mantenido al país en un histórico letargo.
Los deberes por asumir por parte de los nuevos operadores de justicia tienen que ir en consonancia con el interés general de una sociedad que le pagará sus sueldos y gastos de representación; tienen la obligación histórica y coyuntural de hacer respetar el imperio de la Constitución, revertir cuestionados fallos relacionados con la reelección presidencial, a la cual recurrió Juan Orlando Hernández para acudir a una segunda elección que dejó una crisis poselectoral sin precedentes, con más de 30 muertes que se pudieron evitar si quienes administraban la justicia en ese momento hubieran cumplido con su promesa de cumplir y hacer cumplir la norma suprema.
Tienen como tarea urgente y fundamental reducir a mínimos la mora judicial, la agilización de los procesos sobre la impartición correcta de la justicia. Tomaremos como nuestro el análisis del director del prestigioso Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, quien ya prevé que esta Corte Suprema sería de transición.
«Y si hablamos de escenarios, en el presente, el menos desfavorable que se proyecta en el horizonte es el que podría denominarse: una Corte Suprema de transición. Pero, ¿por qué de transición? Porque el cuestionamiento de la ciudadanía al Poder Judicial, les obligará a reducir los amplios márgenes de impunidad del sistema de justicia, abordar con menores grados de discrecionalidad y de favoritismo los casos de corrupción, pero mantendrán intactas las cuestiones institucionales y de orden interno, aunque probablemente sea posible la introducción de algunas reformas menores. Sin embargo, la lucha efectiva contra la corrupción e impunidad de este nuevo Poder Judicial solamente será posible si existe el control ciudadano, mediante denuncias, demandas y veeduría de su desempeño», plantea Irías.
«Cambios institucionales de fondo del Poder Judicial -prosigue- solamente serán posibles por la organizada presión de la sociedad civil y de los movimientos sociales, complementariamente (a mediano plazo) con un cambio significativo en la correlación política de fuerzas en el Congreso Nacional».
Los nuevos magistrados, en consecuencia, tienen muchos desafíos (excepto los nacionalistas) de ir desarticulando la arquitectura de la impunidad que se vino construyendo desde el último decenio, que llamaremos la década perdida que pervirtió la justicia, hizo que el acusado demostrara su inocencia y no el Ministerio Público comprobara su culpabilidad.
Tiene que contribuir con el Congreso para se abrogue o se reforme el Código Penal llamado de la impunidad ya que se rebajaron penas que favorecen a los corruptos, facilita la pronta salida de violadores; está en el compromiso de que no se vuelva a dar otra flagrante violación a la Carta Magna cuando Hernández, a través de Tomás Zambrano, Oswaldo Ramos Soto, Mario Pérez, David Chávez y otros, solicitaron que se dejara sin vigencia el artículo constitucional 239 que desembocó en la reelección del ahora extraditado. Los magistrados tienen como condición sine qua non aplicar justicia para todos, no importa cuál sea su simpatía política o ideológica.
Podríamos agotar centenares y centenares de páginas para exhortar a la Corte Suprema que dirigirá la notaria Rebeca Ráquel Obando y sus 14 colegas magistrados. Se nos cumplió uno de los escenarios que planteamos en el editorial anterior, con la salvedad que Libre tendría una mayoría tácita en el máximo tribunal porque tendría de su lado de dos a tres miembros liberales por su afinidad con el Ejecutivo socialista que le permitiría administrar la justicia con cierta holgura.
En cambio, el Partido Salvador de Honduras (PSH), es el gran perdedor de la jornada, pues quedaron fuera de los consensos. Es cierto, a sus miembros no se les conoce actos de corrupción, pero en política eso no es lo suficiente para alcanzar cuotas de poder. Los partidos tienen como fin último la toma del poder político, sin embargo, la formación oficialista que dirige un venido a menos e histriónico Salvador Nasralla, no entiende de razones, actúa de forma visceral que sus leales lo ven como un liderazgo político y se asumen para sí mismos una falsa superioridad moral. ¿Nadie los asesora? ¿Nadie les dice que van en ruta al despeñadero con esas actitudes inmaduras, pedantes que carecen de lo más elemental de la política?
Es cierto, después de la tormenta vuelve la calma, pero en términos políticos parlamentarios, el gran vendaval que debe neutralizar los nuevos operadores judiciales es acabar con la impunidad, hacer justicia a los que cayeron en la lucha por una mejor sociedad y una sanción ejemplar contra los que robaron a manos llenas el tesoro público y que hoy deslizan sus zapatos en finos cocteles, aparecen como grandes adalides de la democracia, cuando fueron cómplices o, al menos, hicieron la vista gorda con las atrocidades que se cometieron.
¡Nunca más un Pandora! ¡Nunca más saqueos a los fondos de previsión y seguridad social! ¡Nunca más el robo de dinero público para financiar campañas políticas! ¡Justicia para el pobre y cárcel para el corrupto!
