No se debería ver como anormal los atrasos, propuestas, bloqueos y confrontaciones en la elección del nuevo pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia o que debemos demonizar los mismos. Desde El Pulso no seremos hipócritas y no le diremos a usted cosas que no son ciertas. En el caso que nos toca abordar, si bien es toral y forma parte de esa pata de la mesa llamada democracia, pero no es tan cierto que los que impartirán justicia no son seres sin sentimientos cuan robots, también tienen emociones, simpatías políticas, ideologías con las cuales se identifican, por lo que deberíamos irnos acostumbrando a ello. En fin, es parte de la democracia, controvertida, pero democracia.
A esta hora, tampoco debe ser visto con recelo las negociaciones entre las fuerzas políticas, llamémosle consensos, para poder conformar un pleno de magistrados que -desde nuestra perspectiva- vaya en consonancia con el deseo de la sociedad de adecentar el sistema de administración de justicia, que ha estado sumida, en la última década, en el lodo de la impunidad, dando a diestra y siniestra cartas de libertad a operadores políticos sumidos en escandalosos actos de corrupción, avalando reelecciones ilegales, ventas del territorio a modernos corsarios y filibusteros y cediendo la silla principal del Palacio de Justicia a un sujeto que dominó como titiritero los tres poderes del Estado a través del temido Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un adefesio creado en la era nacionalista para, supuestamente, combatir el delito en todas sus formas.
Cada quien está en defensa de sus intereses, algunos, para blindarse en la impunidad y otros, según ellos, para poner la justicia al servicio de los pobres; muchos de ellos, por cierto, no pueden salir de la prisión por ser pobres, un pecado capital en la Honduras neoliberal que nos quitó hasta el derecho de tener una justicia justa. Dicen los analistas que se necesita un Poder Judicial que sea imparcial, y es cierto. Otros quieren una Corte apolítica y algunos aspiran a que siga el actual orden establecido en el organismo que aún dirige un venido a menos Rolando Argueta, un cuadro nacionalista que ha dado ventaja a sus correligionarios para que no pasen el resto de sus días en mugrosas celdas purgando penas por los delitos cometidos.
Desde el Partido Nacional, que ha tenido control de la Corte en los últimos siete años, «no la quieren al servicio de Mel Zelaya porque la llevarán a la Constituyente y al comunismo»; el bando que jefea Salvador Nasralla y el CNA de Gabriela Castellanos y otras instancias escoradas a la derecha (algunas de ellas ya coquetean con la ultraderecha internacional) se han puesto en el mismo plan. Los miembros de Libre sostienen que un Poder Judicial al servicio del nacionalismo profundizará la impunidad y atentará contra la gobernabilidad de la administración de la presidenta Xiomara Castro. El Partido Liberal se ha mantenido al margen de esa encarnizada pelea, quizá de forma estratégica, aunque algunos de sus miembros optan por plegarse al discurso cachureco.
Lo cierto es que 2023 no es 2016 cuando se impuso, mediante el pago de fuertes sumas de dinero saqueado de varias secretarías de Estado, con la aquiescencia de Hernández y la anterior cúpula del Legislativo, una Corte Suprema con ocho nacionalistas y siete liberales, dirigida por Rolando Argueta, quien deja un mal sabor de boca en la administración del sistema de justicia, se lo ve como un defensor y aliado del ahora extraditado, que incluso toleró que su correligionario hablara desde su silla asignada por el Congreso para seguir justificando que siempre hubo una campaña en su contra porque «se dedicó a perseguir» a quienes lo delataron ante un duro e inclemente Kevin Castel. Ahora estamos en una etapa donde predomina el sistema multipartidista, con partidos con una fuerte base social que no se les puede excluir del proceso de toma de decisiones que, como insistimos, son de carácter político. Al fin y al cabo, los problemas de la democracia, se deben resolver con más democracia.
El director del prestigioso Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, planteó en un análisis lo siguiente: La postura de mantener la vigencia de la vieja Corte, con seguridad llevaría a la confrontación social y ahondaría la crisis institucional del país, con consecuencias impredecibles.
Pero resultados similares podrían generarse, si desde el partido de gobierno se carece del talento y capacidad de gestionar la presente conflictividad democráticamente. Es una realidad incuestionable que la vieja institucionalidad no se corresponde con las demandas de amplios sectores de la sociedad por un cambio de rumbo del país, pero no existe la correlación de fuerzas política necesaria, por lo menos en el Congreso Nacional, para fundar una nueva institucionalidad. De ahí que el gran reto es gestionar los conflictos políticos en el marco de la vieja institucionalidad, pactando y generando los consensos necesarios para avanzar en el proceso de transición política.
Al respecto, si recurrimos a la ciencia política es posible constatar que en estos tiempos “la democracia es un mecanismo para procesar conflictos. Las instituciones políticas gestionan el conflicto de modo ordenado, estructurando la manera en que los antagonismos sociales de organizan políticamente, absorbiendo los conflictos que puedan amenazar el orden público y manejándolos de conformidad con ciertas reglas”, (Adam Przeworski. Las crisis de la democracia: 30).
Adicionalmente, en un artículo anterior indicábamos que: “Si el signo político de las fuerzas mayoritarias es conservador, es políticamente imposible esperar que se produzcan cambios progresistas sustantivos, sin desconocer que el talento y el realismo político puede abrir avenidas para ajustes y reformas viables y dejar a un lado el incómodo escenario de la ´continuidad sin cambios”. Y si hablamos de escenarios, en el presente, el menos desfavorable que se proyecta en el horizonte es el que podría denominarse: una Corte Suprema de transición.
Pero ¿Por qué de transición? Porque el cuestionamiento de la ciudadanía al Poder Judicial, les obligará a reducir los amplios márgenes de impunidad del sistema de justicia, abordar con menores grados de discrecionalidad y de favoritismo los casos de corrupción, pero mantendrán intactas las cuestiones institucionales y de orden interno, aunque probablemente sea posible la introducción de algunas reformas menores. Sin embargo, la lucha efectiva contra la corrupción e impunidad de este nuevo Poder Judicial solamente será posible si existe el control ciudadano, mediante denuncias, demandas y veeduría de su desempeño.
¿CÓMO PODRÍAN SER LOS ESCENARIOS? Visto lo visto, los escenarios que ya se pueden ir previendo, que dependerá de los consensos, podrían ser desde un control de Libre de la Corte Suprema, una supuestamente balanceada o un reparto en proporción a la cantidad de diputados que pueda tener cada colectivo parlamentario.
ESCENARIO 1. En un caso de que nacionalistas y Libre decidieran dejar por fuera al Partido Liberal y el caótico Partido Salvador de Honduras (PSH), se repetiría el 8 a 7, en esta ocasión, la fuerza izquierdista tendría un cómodo control de la Corte, lo que daría un espaldarazo amplio e incondicional a la gobernanza de la presidenta Castro. Quizá suene alocado este escenario, pero no se puede descartar. La política es así, dinámica e impredecible. Esa alianza, claro está, sería netamente temporal.
Si eso ocurriera, iría en consonancia con el proyecto de refundación, aunque eso implicaría concesiones desde el bando de Libre y el nacionalista cuyos alcances podrían ser inesperados. Podría generar molestias en el PSH y su histriónico líder Salvador Nasralla y sería otro clavo más en el ataúd rojiblanco que viene en franco deterioro al perder masa crítica por su participación en el golpe de 2009. ¿Cómo sería visto ese hecho desde la sociedad civil? Sería interesante ver ese extremo.
ESCENARIO 2. Una distribución equitativa de cinco magistrados para las tres fuerzas mayoritarias, supondría, para nacionalistas y liberales, un arma a usar contra el oficialismo; podría ser bien visto desde la empresa privada, la embajada de EE.UU., el derechizado CNA, instancias de sociedad civil anti Libre.
El partido en el gobierno tendría cuesta arriba su proyecto de refundación y correría peligro en el caso de las leyes que pudiera introducir el Ejecutivo relacionados con la diversidad sexual y otros que contempla la ambiciosa agenda gubernamental.
Un cinco, cinco y cinco, implicaría automáticamente un 10 a 5, es decir, 10 nacionalistas y liberales contra los cinco de Libre, quien no aceptaría en las intensas negociaciones que se realizan para conformar el nuevo pleno.
En el caso del liberalismo, si eso ocurriere, tendría una maravillosa oportunidad de repotenciarse y sellar una alianza con Libre. Nadie quiere estar en la llanura y los rojiblancos los saben.
ESCENARIO TRES. Una combinación de 6, 5 y 4 sería casi similar al anterior. No creemos que Libre haga una alianza con el Partido Nacional, aunque tampoco puede descartar nada.
ESCENARIO CUATRO. Una posible combinación de 6, 5, 3 y 1 no sería factible en función de los intereses de las fuerzas mayoritarias. El PSH tendría la oportunidad de colocar a su cuadro (insisten en la abogada Ana Pineda) y exigen que sea la presidenta del Poder Judicial, cosa que no podría ocurrir.
La pregunta es: ¿se cumplirán estos escenarios? La respuesta es sí, a excepción del cuatro, en el cual el PSH sería el gran perdedor. Los liberales deberán de mantener su negociación, no tanto para la buena administración de justicia, sino de repartición de cargos. Los nacionalistas están obligados a negociar su cuota, son los más interesados para preservar la impunidad y blindarse de cualquier persecución penal futura. Se juegan el pellejo y hay que comprenderlos. La llanura y la cárcel nadie las desea.
