TEGUCIGALPA, Honduras
Integrantes de la Junta Nominadora aseguraron que dieron cumplimiento a la ley al momento de resolver las tachas y denuncias, tras los cuestionamientos de los autopostulantes tras ser separados del proceso.
La magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Miriam Barahona señaló que su exclusión del proceso fue por discriminación de género.
“La ley en ningún momento establece que la tacha excluye… Lo más grave es la discriminación que veo y como mujer voy a agotar la instancia interna y sentar un precedente. A las mujeres no se nos debe tratar de manera desigual en este país y a mí se me ha tratado de manera diferenciada”, dijo.
Agregó que interpondrá un recurso de reposición y espera que la Junta Nominadora pueda rectificar y eviten cualquier sanción para el Estado.
Por su parte el titular del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), Fredis Cerrato, detalló que su candidatura fue eliminada tras aceptar una denuncia en la cual exponía que él no debía aceptar un puesto de gobierno cuando lideraba el gremio de los juristas.
“Según ellos no es correcto que no haya aceptado el nombramiento del Infop siendo presidente del Colegio de Abogados, es una cuestión descabellada y absolutamente ridícula y tienen que haber ciertos intereses detrás de esto”, denunció.
ACCIÓN BASADA EN LEY. Por su parte el miembro de la Junta Nominadora Olban Valladares expuso que es normal que los candidatos justifiquen su exclusión cuando no cumplieron con los requisitos.
«Es normal en todos los procesos, los que no logran satisfacer las metas siempre tratan de justificar su no logro de sus aspiraciones. Además, es humano porque el poder es tan cómodo que cualquier quisiera continuar, por tanto, cualquier tropiezo que tengan le quieren echar la culpa a alguien.
Precisó que este es un proceso de autopostulación, pero también de autoeliminación, por tanto, son separados los profesionales que no cumplen con lo requerido para el máximo cargo judicial.
Además, la integrante del organismo Julissa Aguilar aseguró que la resolución es conforme al artículo 20 de la normativa donde establece que una vez declarada con lugar la tacha o denuncia la persona se excluye del proceso.
“No hemos torcido la ley, no hemos analizado discriminatoriamente a nadie. Simplemente la población hondureña tuvo participación activa en esta fase, lo cual se demostró con un alto volumen de tachas y denuncias presentadas que nos costó resolver”, sentenció.
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