TEGUCIGALPA, Honduras
Es cierto, la Junta Nominadora 2022 no es la misma de 2016 cuando fue asaltada por el desaparecido bipartidismo tradicional, en contubernio con las iglesias protestantes y oenegés alineadas con el gobierno anterior, mucho menos la de 2009 que parió una lista final, de la cual 15 abogados y notarios quedaron marcados para siempre por su participación en el derrocamiento del entonces presidente y actual asesor del Ejecutivo Manuel Zelaya.
Desde El Pulso, se valora el papel asumido por los miembros propietarios y suplentes, quienes -a pesar de sus radicales diferencias políticas e ideológicas- han logrado hasta el momento mantener incólume un arduo, duro, tedioso y complicado proceso de selección de los que se autopropusieron como aspirantes a conformar el nuevo pleno de magistrados que deberá desplazar al cuestionado que dirige Rolando Argueta, quien deja un mal sabor de boca a los hondureños que esperaban mucho más de él y el resto de los altos jueces.
Mientras en 2015 y 2016 existían fuertes peleas entre actores civiles afines al régimen anterior y los contrarios a Juan Orlando Hernández, todo parece, por ahora, que no ocurrirá. Apenas hay algunas voces agoreras que pretenden sembrar en el imaginario colectivo que la inminente elección de la nueva Corte Suprema será terrorífico, que saldrá la Siguanaba, la Sucia, el Sisimite y la Chula.
Algunos aseguran que se volverá a repetir lo mismo del golpe de 2009, que lo ocurrido en el Legislativo «es cíclico» y no se repara que los ojos del mundo, más aun, de los aliados tradicionales como EE.UU. y la Unión Europea y la misma ONU, tienen los ojos puestos en una elección, si bien de segundo grado, pero que podría dar un giro hacia el adecentamiento de la impartición de justicia…Que termina siendo hasta una necesidad urgente en un país donde la impunidad.
Menos palabras y más evidencias del porqué es importante adecentar la justicia, o como diría el autor Del Espíritu de las Leyes el barón de Montesquieu: «Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad».
Un comunicado del 14 de octubre de 2021 (al cierre del mandato de Hernández) emitido por la organización World Justice Project destaca que el puntaje general de Honduras en Estado de Derecho se redujo 2.2% en el Índice de este año. Con el lugar 126 de 139 países y jurisdicciones en el mundo, Honduras permaneció en la misma posición en la clasificación global. El puntaje de Honduras lo ubica en la posición 28 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe* y en la 26 de 35, entre países de ingreso mediano bajo.
Según el organismo internacional, el país obtuvo el peor rendimiendo, desde luego, fue Honduras; lo más grave, a destacar, es que en el ámbito de la justicia civil y penal recibió una nota de 136 de 139 a escala global, mientras que en la regional quedó en la posición 30 de 32. Estos renglones dejan claro que la Corte saliente que dirige Argueta quedó en deuda con la sociedad.
Por su parte, apunta Efe, la ONU afirmó en marzo de 2022 que «la situación de derechos humanos en Honduras durante 2021 estuvo marcada por el aumento de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, la violencia y la impunidad como consecuencia de la pandemia y las tormentas Eta e Iota».
«La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Honduras -prosigue- presentó un informe en el que se destaca la situación de derechos humanos en el país en 2021 y en el que enumera 17 recomendaciones al Gobierno».
Durante 2021, continúa Efe, la oficina de Naciones Unidas constató que la situación de violencia e inseguridad «continuó afectando al país» y tuvo un «impacto agravado» en las mujeres y las personas de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transgénero e intersexual (LGTBI).
La representante de la Acnudh, Isabel Albaladejo Escribano, expresó su preocupación por la impunidad y la violencia que continúan afectando a Honduras, así como la pobreza -que pasó de 64,7 % en 2019 a 73,6 % en 2021, y la falta de garantías de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, según consignó la agencia española de noticias.
Esta criminalidad, le dijo la funcionaria diplomática a Efe «se exacerba contra personas en situación de vulnerabilidad en el país», que registró en 2021 una tasa de 89 homicidios por cada 100.000 habitantes señaló la diplomática, quien lamentó además el asesinato de 318 mujeres y 28 personas de la comunidad LGBTI.
Si retrocedemos en el tiempo, en 2020, la oenegé Human Rights Watch (HRW) indicó en su informe que en Honduras «la justicia en general no investiga y juzga a los responsables de homicidios para que rindan cuentas por sus acciones».
«Los jueces continúan siendo blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento, por parte del poder ejecutivo, incluidos algunos particulares vinculados con el gobierno y la delincuencia organizada. Fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte. Según informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2019, la Corte Suprema, en particular su presidente, ejerce control excesivo sobre la designación y remoción de jueces, y la inestabilidad de la carrera profesional limita su independencia», alertó.
La entidad defensora de DDHH recordó que en «enero de 2020, el gobierno hondureño cerró la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Establecida en 2016 por el gobierno y la Organización de los Estados Americanos (OEA), la MACCIH contribuyó al juzgamiento de 133 personas, incluidos legisladores y altos funcionarios, 14 de los cuales enfrentaron procesos penales».
El analista y jurista Joaquín Mejía consideró en un diálogo con el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad) que es “la última oportunidad para enderezar las cosas. Si no logramos una Corte decente, la crisis que venimos arrastrando desde el golpe de Estado se va a profundizar aún más”.
«Además, si la próxima Corte Suprema es igual o peor que la actual, ‘significa que no hay garantías para que una futura CICIH pueda realizar un trabajo con efectividad'», dijo.
De esa Junta dependerá el futuro de la justicia. Quedan días para que finalice su mandato y resta que el Congreso haga lo suyo.
