Seguridad por DDHH: el intercambio en El Salvador, Honduras y Guatemala

SAN SALVADOR, El Salvador La preocupación por mejorar la seguridad pública en el Triángulo Norte de Centroamérica ha servido de excusa a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para esconder la democracia en la gaveta e ir reduciendo el respeto a los derechos humanos, de acuerdo a expertos. Esta es la lectura que hacen Juan Martínez d’Aubuisson, antropólogo sociocultural e investigador del fenómeno de las pandillas en América Central, y Douglas Farah, escritor...
BFlores11 diciembre, 2022

SAN SALVADOR, El Salvador

La preocupación por mejorar la seguridad pública en el Triángulo Norte de Centroamérica ha servido de excusa a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para esconder la democracia en la gaveta e ir reduciendo el respeto a los derechos humanos, de acuerdo a expertos.

Esta es la lectura que hacen Juan Martínez d’Aubuisson, antropólogo sociocultural e investigador del fenómeno de las pandillas en América Central, y Douglas Farah, escritor e investigador en temas de seguridad y crimen organizado.

En una palabra, d’Aubuisson resume la situación de derechos humanos en la región como “fatal”, pues asegura que los gobiernos han instaurado la idea de que los derechos humanos son un obstáculo para pelear contra la criminalidad.
“Esa idea la han logrado instaurar muy bien en las sociedades, de tal forma que las sociedades creen que los derechos humanos, y lo creen que porque así se los han dicho sus gobiernos, son un cúmulo de normas elitistas que buscan proteger delincuentes”, señaló el antropólogo en una entrevista con la Voz de América.

Nayib Bukele, el gobernante de El Salvador ya ha tildado de “hipócrita” y de “estar del lado de los criminales” a la comunidad internacional que ha puesto sus ojos en las capturas masivas en el país centroamericano.

Mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es de la idea que la inseguridad o las caravanas de migrantes originadas en el país centroamericano son responsabilidad de los trece años de «dictadura» tutelados por «la comunidad internacional”, como dijo en la última Asamblea ante las Naciones Unidas.

Guatemala, con una voz menos apasionada, ha apelado a la soberanía de los países de la región para acallar las voces que señalan al país de antidemocrático y perseguidor de la prensa independiente.

“La situación pinta muy oscura. Lo estamos viendo en El Salvador con el régimen de excepción… además de la represión contra los medios, los grupos de derechos humanos y la presión a la iglesia católica… En Honduras la tasa de impunidad sigue en 97 %… y Guatemala que tiene tantos grupos criminales paralelos… (…) esto sin duda es oscuro”, añadió Douglas Farah, en un análisis para la Voz de América.

El desfile de militares y policías en las calles de El Salvador, Honduras y Guatemala es cada vez más común: en aras de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, los gobiernos de estos países han echado mano de medidas límite como los regímenes de excepción o estados de sitio que ya han generado denuncias por abusos de autoridad.

Desde marzo pasado, El Salvador mantiene un régimen de excepción como respuesta a una de las peores olas de violencia registradas en la historia democrática de ese país: las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 asesinaron a 92 salvadoreños en un fin de semana.

En respuesta, el gobierno del presidente Nayib Bukele declaró un “régimen de excepción” en el que suspendió derechos humanos como la libertad de asociación, de reunión, de privacidad a las comunicaciones y de ser informadorsobre el motivo de una detención en medio de una retórica antipandillas que ha dejado más de 58.000 capturados.

Las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal documentaron en el informe “Podemos detener a quien queramos” que El Salvador lleva a cuestas cientos de capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y muertes en custodia del Estado. ¿Es popular la medida? Desde luego.

Pese los cientos de casos de detenciones arbitrarias y de muertes en los centros penales, la mayoría de los ciudadanos salvadoreños aplauden la medida.

Honduras, por su parte, siguiendo el estilo de su vecino El Salvador, declaró el 5 de diciembre un régimen de excepción en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tras un repunte en las extorsiones a buseros y comerciantes.

La medida suspende las libertades personales, las libertades de asociación y reunión, la libre circulación de las personas, la prohibición de arrestos sin orden judicial y el derecho a “no ser arrestado por obligaciones que no provengan del delito”. Una decisión que se da a casi un año de que Castro prometiera restaurar la democracia en Honduras tras asumir la presidencia.

A diferencia de El Salvador, los grupos criminales en Honduras no se limitan solo a pandillas sino al narcotráfico y delincuencia común. En el 2021 la tasa anual de homicidios en ese país fue de 41,7 por cada 100.000 habitantes, ligeramente mayor al año 2020. Lo que convierte a Honduras en el país más violento de la región actualmente.

Mientras, Guatemala, también ha vivido sus periodos bajo estados de excepción: en los últimos dos años hubo al menos diez estados impuestos por el gobierno de Alejandro Giammattei: seis fueron estados de prevención ante la llegada de una caravana de migrantes procedentes en su mayoría de Honduras y El Salvador, y otros estados de sitio para evitar la propagación del COVID-19.

Pero lo que genera mayor preocupación en ese país es el aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) asegura que a pesar de que Guatemala cuenta con la institucionalidad para investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos, persiste un alto nivel de impunidad en los procesos penales por violaciones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA) desde enero de 2020 hasta junio de este año, se registraron 2.646 casos de agresiones.

La detención del periodista Ruben Zamora, director de elPeriódico de Guatemala, el 30 de julio pasado es uno de los hechos más recientes y graves en torno a las agresiones a la prensa en la región centroamericana.

Según WOLA, el caso es «alarmante» puesto que un sistema democrático no podría consolidarse «sin libertad de prensa» o sin que la ciudadanía cuente con un sistema de justicia independiente.

A Zamora, el ministerio público guatemalteco lo investiga por lavado de dinero. El mismo delito por el que el periódico El Faro de El Salvador es investigado. En Honduras, los riesgos son otros: Reporteros Sin Fronteras habla de un desmantelamiento de mecanismos de protección para la prensa en el gobierno De Castro.

Esta es la lectura que hacen Juan Martínez d’Aubuisson, antropólogo sociocultural e investigador del fenómeno de las pandillas en América Central, y Douglas Farah, escritor e investigador en temas de seguridad y crimen organizado.

En una palabra, d’Aubuisson resume la situación de derechos humanos en la región como “fatal”, pues asegura que los gobiernos han instaurado la idea de que los derechos humanos son un obstáculo para pelear contra la criminalidad.

“Esa idea la han logrado instaurar muy bien en las sociedades, de tal forma que las sociedades creen que los derechos humanos, y lo creen que porque así se los han dicho sus gobiernos, son un cúmulo de normas elitistas que buscan proteger delincuentes”, señaló el antropólogo en una entrevista con la Voz de América.

Nayib Bukele, el gobernante de El Salvador ya ha tildado de “hipócrita” y de “estar del lado de los criminales” a la comunidad internacional que ha puesto sus ojos en las capturas masivas en el país centroamericano.

Mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, es de la idea que la inseguridad o las caravanas de migrantes originadas en el país centroamericano son responsabilidad de los trece años de «dictadura» tutelados por «la comunidad internacional”, como dijo en la última Asamblea ante las Naciones Unidas.

Guatemala, con una voz menos apasionada, ha apelado a la soberanía de los países de la región para acallar las voces que señalan al país de antidemocrático y perseguidor de la prensa independiente.

“La situación pinta muy oscura. Lo estamos viendo en El Salvador con el régimen de excepción… además de la represión contra los medios, los grupos de derechos humanos y la presión a la iglesia católica… En Honduras la tasa de impunidad sigue en 97 %… y Guatemala que tiene tantos grupos criminales paralelos… (…) esto sin duda es oscuro”, añadió Douglas Farah, en un análisis para la Voz de América.

El desfile de militares y policías en las calles de El Salvador, Honduras y Guatemala es cada vez más común: en aras de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, los gobiernos de estos países han echado mano de medidas límite como los regímenes de excepción o estados de sitio que ya han generado denuncias por abusos de autoridad.

Desde marzo pasado, El Salvador mantiene un régimen de excepción como respuesta a una de las peores olas de violencia registradas en la historia democrática de ese país: las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 asesinaron a 92 salvadoreños en un fin de semana.

En respuesta, el gobierno del presidente Nayib Bukele declaró un “régimen de excepción” en el que suspendió derechos humanos como la libertad de asociación, de reunión, de privacidad a las comunicaciones y de ser informadorsobre el motivo de una detención en medio de una retórica antipandillas que ha dejado más de 58.000 capturados.

Las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal documentaron en el informe “Podemos detener a quien queramos” que El Salvador lleva a cuestas cientos de capturas arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y muertes en custodia del Estado. ¿Es popular la medida? Desde luego.

Pese los cientos de casos de detenciones arbitrarias y de muertes en los centros penales, la mayoría de los ciudadanos salvadoreños aplauden la medida.

Honduras, por su parte, siguiendo el estilo de su vecino El Salvador, declaró el 5 de diciembre un régimen de excepción en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y San Pedro Sula, tras un repunte en las extorsiones a buseros y comerciantes.

La medida suspende las libertades personales, las libertades de asociación y reunión, la libre circulación de las personas, la prohibición de arrestos sin orden judicial y el derecho a “no ser arrestado por obligaciones que no provengan del delito”. Una decisión que se da a casi un año de que Castro prometiera restaurar la democracia en Honduras tras asumir la presidencia.

A diferencia de El Salvador, los grupos criminales en Honduras no se limitan solo a pandillas sino al narcotráfico y delincuencia común. En el 2021 la tasa anual de homicidios en ese país fue de 41,7 por cada 100.000 habitantes, ligeramente mayor al año 2020. Lo que convierte a Honduras en el país más violento de la región actualmente.

Mientras, Guatemala, también ha vivido sus periodos bajo estados de excepción: en los últimos dos años hubo al menos diez estados impuestos por el gobierno de Alejandro Giammattei: seis fueron estados de prevención ante la llegada de una caravana de migrantes procedentes en su mayoría de Honduras y El Salvador, y otros estados de sitio para evitar la propagación del covid-19.

Pero lo que genera mayor preocupación en ese país es el aumento de la violencia contra defensores de derechos humanos.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) asegura que a pesar de que Guatemala cuenta con la institucionalidad para investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos, persiste un alto nivel de impunidad en los procesos penales por violaciones cometidas contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala (Udefegua) desde enero de 2020 hasta junio de este año, se registraron 2.646 casos de agresiones.

La detención del periodista Ruben Zamora, director de elPeriódico de Guatemala, el 30 de julio pasado es uno de los hechos más recientes y graves en torno a las agresiones a la prensa en la región centroamericana.

Según WOLA, el caso es «alarmante» puesto que un sistema democrático no podría consolidarse «sin libertad de prensa» o sin que la ciudadanía cuente con un sistema de justicia independiente.

A Zamora, el ministerio público guatemalteco lo investiga por lavado de dinero. El mismo delito por el que el periódico El Faro de El Salvador es investigado. En Honduras, los riesgos son otros: Reporteros Sin Fronteras habla de un desmantelamiento de mecanismos de protección para la prensa en el gobierno de Castro. (Con información de VOA). 

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