SAN SALVADOR, El Salvador
La Coordinadora Residente de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, resaltó el comunicado de prensa de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país centroamericano (Oacnudh), que llama a adoptar respuestas integrales en el combate a la violencia y criminalidad.
«Importante comunicado de Oacnudh. Resaltó la temporalidad de la medida con enfoque en prevención de garantías de los DDHH y el monitoreo sobre los mismos. La extorsión frena el logro de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y requiere respuestas multidimensionales», apuntó la jurista de origen italiano en su perfil de Twitter.
El documento fue emitido luego que el lunes el Ejecutivo suspendiera las garantías constitucionales en 162 barrios y colonias de tres municipios, desde las 18:00 horas del 6 de diciembre (00:00 GMT) hasta las 18:00 horas del 6 de enero de 2023.
«Con motivo de la aprobación y publicación del Decreto PCM 29-2022, que establece el estado de excepción en 89 barrios y colonias del Municipio del Distrito Central y 73 en el Valle de Sula, la Oacnudh hace un llamado a revisar su contenido a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, a tomar medidas inmediatas de debida diligencia para mitigar los riesgos del estado de excepción y a adoptar respuestas integrales de abordaje a la criminalidad a partir de un enfoque de derechos humanos», reza el comunicado citado por Shackelford.
La oficina recordó que decreto está enmarcado en la Estrategia Integral para el Tratamiento de la Extorsión, anunciada el 24 de noviembre por la presidenta Xiomara Castro, ante la necesidad de dar respuesta a la grave situación de violencia generada por grupos del crimen organizado.
La Oacnudh consideró que para enfrentar el fenómeno de la criminalidad la respuesta del Estado debe conllevar políticas de seguridad que privilegien la efectiva prevención, investigación y sanción del delito, y procuren la desarticulación de estructuras criminales.
«El hecho que casi la totalidad de los 162 barrios intervenidos son zonas de especial vulnerabilidad social refleja además la necesidad de que el plan de seguridad sea complementado con políticas sociales consistentes y de largo plazo que aborden las causas profundas de la violencia», recomendó la institución de derechos humanos.
Expresó su solidaridad con las víctimas de la extorsión y su disposición de brindar asistencia técnica al Estado de Honduras a fin de fortalecer sus políticas de seguridad y lucha contra la criminalidad, a partir del acompañamiento a la Secretaría de Seguridad y al Ministerio Público. (Con información de Sputnik).
