TEGUCIGALPA, Honduras
(Por Oscar Esquivel). Aporofobia significa odio, aversión o rechazo a los pobres; y, estado de excepción es una herramienta que utiliza un determinado gobierno para suspender garantías constitucionales a la población o aún sector en particular como es el caso que abordaremos. Aunque sonaría mejor llamarle Estado de Excepción Parcial, pero nos regimos para nuestra desgracia por lo dicho por el poeta Roberto Sosa “comprendo que la rosa no cabe en la escritura”.
El gobierno de nuestra Presidenta Xiomara Castro a través de la Secretaría de Seguridad aprobó la suspensión de los artículos constitucionales 69,78,81,84,93 y 99 por un periodo de 30 días que entrarán en vigencia este 6 de diciembre a las 6 pm hasta al 6 de enero en ese mismo horario en 89 colonias y barrios populares de Tegucigalpa y 73 en San Pedro Sula. Los que habitan estas colonias y de acuerdo a los artículos constitucionales mencionados se les suspende su libertad personal, su libertad de asociación y de reunión, de circulación, pueden ser arrestados sin orden judicial y pueden entrar a su domicilio sin ninguna orden judicial ¿Qué pasará con Don catocho y su venta de pastelitos en el barrio Buenos Aires o Doña concha con su venta de chuletas en el Pedregal? Valga la aclaración, las autoridades policiales han dicho que la suspensión de estas garantías solo deben temerla los criminales, las personas que no tienen actos reñidos con la ley seguirán su vida normal. Pero el temor nace con la medida ¿Quién garantiza que los policías y militares encargados de ejecutar las acciones se apegaran al mandato establecido? Las acciones realizadas por policías y militares en el cercano pasado no es que den buenas referencias que solo atacaran a los criminales pobres, y suponiendo que sea así; nos asalta otra pregunta ¿Por qué el estado de excepción sólo se dará en los barrios donde habitan los descalzos?
Volvemos al poeta Sosa con “la casa de la justicia”. Acaso en la residencial San Ignacio o en lomas del guijarro no hubo o no hay personas reñidas con la ley, mencionó estas dos colonias y con las disculpas del caso a sus habitantes honrados, la mención es para ilustrar que no solo en las colonias populares es donde habitan delincuentes, sino que también los hay en las residenciales. El expresidente Juan Orlando Hernández habitaba en una de ellas, también nos referimos a la siguiente noticia aparecida en un diario nacional en el 2019 y que reza así: “Con un total de seis millones 287 mil 500 lempiras en efectivo, cuentas bancarias, valiosas joyas, cuatro lujosos vehículos -dos de colección-, juguetes de alto costo y dándose la gran vida…Tras intensos trabajos de seguimiento y vigilancia, que duraron varios meses, finalmente el peligroso “marero” fue ubicado en esa zona residencial, donde se hacía pasar como un millonario ciudadano capitalino.…”. Ejemplos hay.
La mayoría de la población hondureña que es pobre y principal víctima de la delincuencia desea que el gobierno tenga éxitos en la seguridad ciudadana sin embargo los antecedentes nos demuestran que este tipo de medidas no han dado resultados y, sobre todo, sí estas son parciales. Ya lo dijo el olanchano Guillen Zelaya que se equivocan los que creen que matando al perro se acabó la rabia o cortando las ramas se secó el árbol. En la gestión de Oscar Álvarez y Armando Calidonio ya se realizaron acciones similares y no dieron resultados, a no ser que la estrategia sea la misma: “dar atol” con el dedo a la población.
Por supuesto que no hay una varita mágica para combatir la inseguridad ciudadana, pero hay otras medidas integrales que se deben adoptar, por ejemplo: la generación de empleo, la educación obligatoria para niños y adolescentes, que las cárceles sean de corrección y no escuelas del crimen, que no siga existiendo ausencia de justicia y fomentar valores -la de la paternidad y maternidad responsable, por mencionar uno-.
No defendemos criminales de a pie, pero apelamos a que se persiga también a los que habitan en las residenciales, que pueden ser militares y policías, funcionarios y ex funcionarios, empresarios y todo aquel que este impidiendo que las mayorías tengan una convivencia pacífica a la que tienen derecho.
Posdata: Hasta el covid 19 fue más democrático ya que impidió que ricos y pobres celebraran las fiestas de navidad y fin de año, no así el estado de excepción aporofóbico.
