TEGUCIGALPA, Honduras
La Corte de Apelaciones de lo Penal por unanimidad de votos revocó la medida de auto de formal procesamiento y ordenó sobreseimiento definitivo al extitular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí.
También, confirmó el sobreseimiento definitivo al exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato, quienes eran acusados de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Corrupción dicta Sobreseimiento Definitivo para extitular de COPECO Gabriel Rubí, también confirma el Sobreseimiento Definitivo a exsecretario de Salud Nery Cerrato, caso por la compra de Sala de Aislamiento. pic.twitter.com/xIsp7aNqCS
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) December 2, 2022
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Carlos Silva detalló que los exfuncionarios fueron absueltos por la compra de Sala de Aislamiento, que sería instalada en Villanueva, Cortés.
Además, informó que la Corte de Apelaciones de lo Penal declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por la defensa del exfuncionario de Copeco, Gabriel Rubi y Mirna Luz Romero Majano.
Explicó que en el caso de la ciudadana Mirna Luz Romero Majano, le revocaron el auto de formal procesamiento por fraude y le ordenaron un sobreseimiento definitivo.
En este caso también fue involucrado, el exsubsecretario de Salud, Nery Cerrato, quien fue favorecido por un sobreseimiento definitivo por el delito de falsificación de documentos públicos el pasado 20 de septiembre del 2022.
«Este viernes, la Corte de Apelaciones de lo Penal confirmó el sobreseimiento definitivo a Cerrato por falsificación de documentos públicos», sostuvo.
De acuerdo al requerimiento fiscal, los dos exfuncionarios aprobaron la compra directa de una sala de aislamiento móvil en el municipio de Villanueva en Cortés para la atención de personas con Covid-19 por un monto de cinco millones 560 mil 278 lempiras.
Según la investigación realizada por el Ministerio Público coordinadas con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), se establece que los exfuncionarios amparados en un decreto de emergencia el 10 de febrero de 2020.
Estos gestionaron la construcción de un centro de triaje en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, que según la investigación, no fue solicitado por las autoridades hospitalarias, sin embargo, se suscribió un contrato por más de cuatro millones de lempiras con una empresa constructora y se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
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