TEGUCIGALPA, Honduras
(Por Brayan Flores) Si hacemos una comparación sobre cuál de los tres plenos de magistrados de las cortes dirigidas por la inefable Vilma Morales (2002-2009), el apocado Jorge Rivera Avilés (2009-2016) y la actual que preside un avispado, pero cuestionado Rolando Argueta, se puede llegar a la conclusión que ninguna, quizá con algunas excepciones, ha contribuido a fortalecer el Estado de derecho, al respeto del imperio de la ley y a una correcta impartición de justicia.
La corte más cuestionada, según este perfil, corresponde a la de Argueta, pues en las postrimerías de su mandato, no demostró que su papel y liderazgo pudieran contribuir al adecentamiento de la justicia, toleraron y fueron cómplices de las atrocidades que se cometieron desde el Ejecutivo, aunque el magistrado presidente se derrita en justificaciones de que las denunció. Al fin y al cabo, son los hechos los que lo delatan.
Lord Acton y el barón de Montesquieu estarían revolcándose en su tumba al ver que el abogado Argueta -quien tuvo una espectacular carrera como funcionario judicial y que de la mano de Hernández escaló posiciones hasta ser coordinador de fiscales con el opaco Óscar Chinchilla y que en una polémica elección logró entrar a última hora en las tediosas planillas votadas por el Legislativo de Oliva y que se convirtió en el todopoderoso jefe del supremo tribunal-, haya hecho la vista gorda en cuanto a la separación de poderes, más conocido como la teoría de los frenos y contrapesos cuando el exjefe narco hizo de las suyas en un país que tiene por costumbre tener como política de Estado la impunidad y la corrupción.
Se sometió al ilegal Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), jamás protestó por esa aberración jurídica creada por Hernández y la aplanadora nacionalista que tuvo entre 2010 y 2014 el caldo de cultivo para la crisis institucional que se creó en un proyecto de corte continuista. Tampoco dijo algo para simular independencia judicial sobre la reelección de JOH, aun cuando el artículo 239 constitucional lo prohibía de manera taxativa.
Pareciera que al saliente titular de la Corte Suprema de Justicia quedó en deuda con el Estado de derecho; tambien tememos que tiró al cesto de la basura el juramento prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes que todo funcionario debe decir cuando presta su promesa de ley. Lo mismo ocurrió con el puñado de magistrados que aspiran a repetir en el cargo; entre ellos hay represores y cómplices del régimen de Roberto Micheletti, personas que poco saben de leyes y que callaron las atrocidades cometidas por la anterior dirigencia del país.
Más allá de que simpaticen o no con un partido político, tengan ideología o doctrina partidaria, su paso por el Palacio de Justicia deja un mal sabor de boca en una sociedad que les financió sus estratosféricos sueldos, que les dio un tren de vida que el hondureño de a pie, ni en el más codicioso de sus sueños, se lo imagina. Bueno, no más palabras y vamos a los hechos, a describir quién es quién en esta etapa en que la Junta Nominadora, en la que seis altos jueces aspiran a repetir mandato, es decir, que buscan aferrarse a sus cargos hasta 2030.
JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA (NACIONALISTA): Este abogado y notario pretende repetir mandato; ha sido titular de la Sala Constitucional, considerada por nacionalistas y liberales como el botín durante las últimas décadas en la relación 8 a 7 (dependiendo qué partido gobierne) que se mantiene hasta ahora.
En un perfil elaborado en 2016 por El Libertador se destaca que el juez Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, ahora entre los 45 candidatos a la más alta magistratura del Poder Judicial en Honduras fue un destacado violador de la libertad de prensa y de expresión durante el golpe de Estado. Entre otras acciones de evidente abuso de autoridad, amenazó en 2009 con encarcelar al director del periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, por la consulta al soberano de si quería o no una nueva Constitución de la República.
Zelaya Zaldaña, quien ha fungido como juez del Tribunal Contencioso Administrativo, fue el responsable de amenazar a Lagos Henríquez y al equipo de periodistas de este periódico, que los mandaría a la cárcel, ya que promovieron la consulta popular, más conocido como la “Cuarta urna”, que desembocó el 28 de junio de 2009 en un cruento golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.
El juez Zaldaña –reconocido activista del golpe de Estado– al prohibir el derecho de opinión a la ciudadanía hondureña violentó el artículo 2 de la Carta Magna que ordena: “La Soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La soberanía del pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a través del plebiscito y el referendo. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
Aun pisoteando el imperio soberano del pueblo hondureño y las convenciones internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión, Zelaya pretende que los diputados en el Congreso Nacional lo nombren alto juez de la próxima Corte Suprema de Justicia hondureña; de hecho, fue propuesto por el Poder Judicial para concursar como candidato a magistrado por su incondicional y reconocida filiación nacionalista.
El 18 de junio de 2009, el activista del golpe militar, por petición del exfiscal General, Luis Rubí – quien renunció en 2013 por incompetente al no contribuir a reducir la mora judicial – envió la “Denuncia Judicial” para que EL LIBERTADOR desistiera de promover la consulta popular y, de no acatarla, el Director Lagos seria confinado de tres a seis años de prisión mas una multa monetaria que sería establecida por el juez Zaldaña. EL LIBERTADOR, ante semejante arbitrariedad, asumió el derecho a desafiar el despotismo de la autoridad golpista.
La amenaza de Zaldaña contribuyó al secuestro, tortura y persecución contra periodistas y personal administrativo de EL LIBERTADOR, quienes presentaron denuncias ante organismos defensores de la vida por el acoso que padecieron por los cuerpos de seguridad y bandas paramilitares afines al régimen dictatorial del transportista Roberto Micheletti, quien buscó las vías legales para encarcelar a Lagos por denunciar las atrocidades cometidas durante siete meses de dictadura.
Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras certifican que en el contexto del golpe de Estado se registraron alrededor de cinco mil ataques graves contra personas, más de 200 crímenes cometidos durante los toques de queda perpetrados por policías, militares y cuerpos paramilitares. Asimismo, se reporta la violación sexual de 54 mujeres durante las movilizaciones populares contra el régimen, más de 100 amenazas de muerte contra dirigentes gremiales opuestos al golpe y el encarcelamiento de 114 opositores políticos.
También se registró la detención ilegal de unas 3,033 personas; alrededor de 464 en Alauca, El Paraíso, zona oriental de Honduras, fueron detenidos sin orden judicial por fuerzas policiales y militares. Se reportaron alrededor de 53 ataques contra la libertad de expresión, fueron documentados unos 27 cierres de medios de comunicación y 26 agresiones a periodistas.
El golpe convirtió a Honduras hasta hoy y por varias generaciones más en una nación en permanente crisis sistémica e ingobernable. Un hecho que oficialmente acepta los efectos caóticos de la ruptura del orden constitucional ha sido la firma del gobierno y la OEA de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).- La pérdida del Estado ha ubicado al país como el más violenta del planeta. Desde junio de 2009 hasta 2015, unas 55,480 personas fueron asesinadas y la mayoría de crímenes siguen en impunidad, entre estos datos, fueron liquidados más de 50 periodistas desde el golpe de Estado hasta la fecha. Con esta brevísima historia, Zaldaña no tiene altura moral para siquiera postularse a magistrado.
Zelaya Zaldaña vio hacia otro lado cuando desestimó las acusaciones de la oposición, convertida ahora en gobierno, de que el desaparecido Tribunal Supremo Electoral actuó al margen de la ley al avalar la controvertida reelección de Hernández, que desemobocó en una matanza de quienes cuestionaron los resultados del 26 de noviembre de 2017.
EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS (LIBERAL): Es el notario de mayor edad dentro de la nómina de quienes pretenden reelegirse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente, funge como integrante de la Sala Laboral.
En el caso de ser reelecto por el Legislativo, Cáceres Castellanos dejaría su cargo en 2030 con una edad de 90 años, pues nació en 1939 en Tegucigalpa. Asimismo, rompería el récord de haber por cuatro ocasiones una magistratura, pues prestó servicios como alto juez entre 1994 y 1998 y 1998 a 2002.
A pesar de tener un currículum envidable de cualquier abogado y notario, no se le conoce por haber contribuido a aplicar la justicia laboral, ha permanecido opaco durante estos años.
EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ (NACIONALISTA): Entre los señalamientos que se le achacan al operador de justicia es haber dejado en libertad a los sindicados en la trama corrupta Pandora ya que habrían saqueado alrededor de 282 millones de lempiras de las arcas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), que involucró a políticos de los partidos Nacional, Liberal y de otras formaciones minúsculas.
Fue acusado en 2020 por la aún debilitada Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) por el delito de prevaricato, por haber desestimado las pruebas que pendían contra los denominados pandoros. Según un análisis hecho por el Think Tank Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), la trama del saqueo de recursos provenían de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de la Secretaría de Finanzas. Para su sustracción fueron utilizadas las fundaciones: Todos Somos Honduras y Dibattista, estructuras mediante las que se sustrajo el dinero para supuestamente desarrollar los proyectos atrás enunciados que, finalmente, habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional (PN), Partido Frente Amplio (FAPER) y Partido Liberal (PL).
Los principales hallazgos descubiertos por los equipos de investigación del MP, identificaron que parte de los fondos se habrían utilizado para financiar la “tarjeta cachureca”; se entregaron recursos a coordinadores de campaña del Partido Nacional para las elecciones del 24 de noviembre de 2013; se compraron dos oficinas en el Edificio Metrópolis y se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).
Las 32 personas sobreseídas con ese fallo son: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Josué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía, Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales, Félix Francisco Pacheco Reyes, Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Velkys Rosibel Hernández, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.
Llama la atencion que entre la lista de imputados se encuentran algunos sujetos de interés para la justicia de EE.UU. por presuntos nexos con el narcotráfico y lavado de dinero, poderosos dirigentes políticos, incluyendo a Peyrecave Fiallos, viudo de la secretaria de Comunicaciones Hilda Hernández, considerada la mano derecha de JOH y cerebro del saqueo de capitales.
Retomando el análisis de Cespad, se destaca que Pese a toda la carga probatoria con la que el MP sustentó los hechos, en un juicio que se sigue desde el 2018, la Sala Constitucional (de la que forma parte Zelaya Zaldaña) libró de toda responsabilidad penal a la mayoría de los imputados y a los únicos cuatro procesados se les excluyó del delito de lavado de activos.
Con este fallo se desestiman cinco acciones constitucionales de amparo, interpuestas por el Ministerio Público, ente que considera que “el Poder Judicial blinda uno de los actos de corrupción más reprochables en la historia del país”. Asimismo, que esta acción le da “valor a los planteamientos de las defensas de los encausados, que solicitaron ante la juez un pronunciamiento sobre la responsabilidad de sus defendidos, suplantando el proceso regular por uno arbitrario y falaz, el cual adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, garantizando así la impunidad de la corrupción”.
De acuerdo con la fiscalía, el fallo sienta un procedente funesto en materia jurisdiccional porque “trastornará la práctica del sistema de lucha anticorrupción a nivel nacional, pues es un todo, y en otros procesos de corrupción que están en curso, podrían verse beneficiados grupos de influencia política y económica, debido a los aberrantes procedimientos establecidos por la autoridad recurrida con el acto reclamado”.
El veredicto, acota el MP, vulnera el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y el principio establecido por el artículo 92, al haber creado un procedimiento que solo beneficia a dos grupos diferentes de implicados en casos de corrupción y lavado de activos.
La Fiscalía discurre que con esta sentencia hubo exceso y arbitrariedad, se usó un lenguaje jurídico manipulado, se alteraron los términos y los esquemas de análisis probatorio, obviando individualizar los planteamientos de las partes (al generalizarlos), y se desnaturalizaron los procesos de valoración probatoria, al modificar los presupuestos y requisitos que el legislador estableció tanto para la etapa preparatoria, como para el juicio oral.
Reza un refrán popular que chucho no come chucho y si come, no come mucho y esa máxima cae como anillo al dedo de Ortez, a quien le tocó ser el verdugo de su correligionario Juan Orlando Hernández al decidir su suerte al extraditarlo a EE.UU. por ser calificado como un peligroso narcotraficante. Nadie, ni quien escribe este perfil, quisiera estar en los pies de Ortez cuando fue nombrado como el juez para conocer la causa que terminó en la puesta del exjefe de Estado dentro de un avión de la DEA que lo llevó a Nueva York donde se encuentra esperando juicio y una posible cadena perpetua por su participación en una megaconspiración que comenzó desde 2004 hasta el año anterior.
El Libertador reveló en 2016 que Ortez fue premiado por tener lealtad con JOH, pues, según el medio, el ahora candidato repitiente fue propuesto por la Sociedad Civil y recomendado por los pastores de la Confraternidad Evangélica, integrante de la Sala Constitucional, tiene 42 años de edad. La Embajada estadounidense en Honduras lo incluyó en la segunda lista de 19 candidatos que debían ser investigados por supuestos actos ilícitos.
Antes de ser electo, se desempeñaba como asistente de magistrados de la Sala de lo Penal. Ortez Cruz fue asistente de la exmagistrada de la Sala Civil, María Elena Matute de Hernández, quien es cuñada del presidente de la república, Juan Orlando Hernández y hermana de Oscar Raúl Matute, exministro del Interior del gobierno de facto del transportista Roberto Micheletti Baín.
Trascendió que en 2009 Ortez elaboró la resolución para que Hernández fuera reelecto como diputado al Congreso, violando el artículo 199 de la Constitución, su cuñada María Elena Matute de Hernández, era Magistrada de la Corte. El 14 de febrero de ese año, Matute querelló al director y al jefe de Redacción de La Prensa, Nelson Fernández y Luis Fuentes, respectivamente, luego que ese diario publicó que ella negociaba su renuncia a cambio de 12 millones de lempiras, para que en los comicios generales pudieran participar su hijo, Marco Tulio Hernández y su cuñado, Juan Hernández. El 28 de abril, Fernández informó que conciliaron con Matute: “nos disculpamos con la magistrada en el sentido que cometimos un lamentable error en la publicación, y que en ningún momento pretendimos dañar su honor e imagen”.
MARÍA FERNANDA CASTRO (LIBERAL): Otra aspirante a ser magistrada es la notaria María Fernanda Castro, de 49 años. En su momento aspiró a convertirse en la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) propuesta por el Poder Judicial.
Al momento de ser propuesta en el Congreso, fue la primera que alcanzó a ser electa por mayoría calificada, 86 votos. Cabe resaltar que Castro nació un 18 de noviembre de 1973 y posee especialidad en derecho laboral y previsión social y DDHH.
Mendoza, de muy bajo perfil, vivió un momento incómodo cuando en un programa de entrevistas trastabilló al ser cuestionada cuántos artículos tiene la actual Constitución; llegó a decir «379, exactamente».
La Uferco la denunció ante la fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios judiciales en 2020 porque, supuestamente, habría incurrido en irregularidades en su cargo como magistrada.
RAFAEL BUSTILLO (NACIONALISTA): Este miembro de la Sala Penal también pretende ser reelecto como magistrado.
Tiene en su historial el haber absuelto al actual jefe de bancada nacionalista Tomás Zambrano y su correligionario Román Villeda, ambos sindicados en delitos contra la forma de gobierno.
El también notario fungió en su momento como enlace entre el Poder Judicial y la desaparecida MACCIH; aseguró que no tenía compromisos de ningún tipo.
#URGENTE UFECIC presenta requerimiento fiscal en contra de los Diputados Tomás Zambrano y Román Villeda, por supuesto delito de falsificación de documento, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, en caso "Pacto de Impunidad" en reforma a la Ley de presupuesto. pic.twitter.com/Ar18zm2M31
— CNA Honduras (@cnahonduras) May 24, 2018
La entonces Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) promovió el requerimiento contra Zambrano y Villeda, en el sentido que ambos habrían falsificado documentos, abusado de su autoridad respecto al denominado pacto de impunidad en una controvertida reforma a la ley del presupuesto que implicaba un bloqueo expreso a las investigaciones contra un grupo de excongresistas inmiscuidos en la trama Red de diputados ya que recibieron fuertes sumas de dinero de una oenegé y que constituyó un delito de malversación de caudales públicos.
En la reforma, según alegó la UFECIC, impidió al Ministerio Público emprender acciones penales contra los encausados, a saber, Audelia Rodríguez, Eleazar Juárez Saravia, Héctor López y Dennys Sánchez (exmiembros de Libre) y el democristiano Augusto Cruz Asensio, por el referido caso, hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) finalizara la investigación y que tenían hasta cinco años para aportar pruebas a la fiscalía.
Bustillo, por consiguiente, desestimó las valoraciones y optó por dictar sobreseimiento a los dos nacionalistas porque, según el Poder Judicial, no hubo elementos concluyentes que indicaran que incurrieran en los delitos alegados por la fenecidad unidad que dirigió Luis Javier Santos.
JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA (LIBERAL): Aunque no se le conocen antecedentes o denuncias en su contra, el actual miembro de la Sala Constitucional también ha permanecido de muy bajo perfil en su mandato como magistrado.
Antes de ser electo, fungió como subprocurador general de la república, siendo compañero de fórmula de Abraham Urbina Alvarenga, quien fue diputado nacionalista por Lempira y cuadro incondicional del extraditado Hernández.
Serrano, por su simpatía con el Partido Liberal, ha saboreado las mieles del poder en esta última década, por lo que busca seguir anclado desde su privilegiado puesto.
¿Será que se cumplirá aquella frase de lord Acton que el poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente? Solo será cosa de tiempo para ver cómo se mueve el tablero del ajedrez político.
