WASHINGTON, EE.UU.
El máximo órgano de revisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) confirmó que su secretario general, Luis Almagro, difamó la reputación del exjefe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, quien será indemnizado por daños morales, personales y profesionales.
En 2020, Abrao, quien se desempeñó como secretario ejecutivo de la CIDH entre 2016 y 2020, contaba con la aprobación unánime para un nuevo mandato al frente del órgano autónomo de la OEA.
Pero la reelección fue obstaculizada por el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, bajo el argumento de que existían 61 quejas en contra de Abrao, entre ellas denuncias de favoritismo y de encubrir a funcionarios acusados de acoso sexual.
El Tribunal Administrativo de la OEA resolvió que la Secretaría pague una indemnización a Abrao en reparación por los «daños morales, personales y profesionales» causados por las declaraciones públicas Almagro.
Abrao recibirá un monto equivalente a 12 meses de salario y el derecho a una rectificación.
La Secretaría deberá, además, entregar al demandante una certificación de servicios que aclare que hasta la fecha de finalización de su contrato «no existía ninguna investigación ni hallazgo formal ni sanción contra él».
La sentencia a favor de Abrao llega en medio de una investigación interna de la OEA sobre una posible violación al código de ética por parte de Almagro, a quien se le acusa de haber mantenido una relación amorosa con un miembro del personal del organismo regional.
De acuerdo al reglamento interno de la OEA, un jerarca debe apartarse del cargo en caso de una relación con un subordinado.
No es el primer fallo del tribunal que cuestiona el accionar del secretario general de la OEA. En agosto fue reincorporado a su puesto en el organismo el diplomático estadounidense Steven Griner, quien había sido despedido por Almagro con base en un informe cuya veracidad fue cuestionada por el tribunal.
Abrao al frente de la CIDH tuvo un rol importante en evidenciar la violación de derechos humanos ocurridas en Bolivia en 2019 tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
Al mando de una comisión de la CIDH el abogado brasileño elaboró un informe que reveló las masacres que perpetraron las fuerzas militares y policiales bolivianas contra civiles en Senkata y Sacaba, donde murieron 37 personas y hubo cientos de heridos. (Con información de Sputnik).
