TEGUCIGALPA, Honduras
La comisión legislativa sugirió la demolición de la caseta de peaje ubicada en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, por no estar establecida en el lugar correspondiente al contrato con la multinacional ecuatoriana Covi y que ha causado la muerte de 15 ciudadanos.
La diputada Silvia Ayala indicó que existe un desconocido procedimiento de autorización por parte del gobierno pasado para mover la ubicación de la caseta del peaje, desde la zona de Caracol (ubicación legal) hacia el tramo de La Barca.
Informó que se han registrado 25 accidentes, en los cuales se han visto involucrados vehículos livianos y de carga pesada, hecho que han dejado una consecuencia de 15 personas fallecidas de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Precisó que el plazo de concesión es de 22 años, la cual comenzó desde 2015, es decir que solo lleva un transcurso de siete años según el contrato establecido.
Además, detalló que según los datos brindados por el Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), la concesionaria ha recaudado hasta ahora más de mil 482 millones de lempiras como ingresos brutos.
“Proponemos la eliminación del Peaje, no su reubicación. Concluimos tras nuestro trabajo de investigación que existen incumplimientos al Contrato por parte de la Concesionaria que ameritan la eliminación del Peaje sin que proceda la reubicación de la misma”, aseguró.
DEDUCIR RESPONSABILIDAD. Por su parte, el congresista Mauricio Villeda, quien presentó la moción para revisar el contrato concesionario, aseguró que no hubo un estudio de riesgo real para instalar la caseta de peaje en la zona de La Barca.
“El informe afirma que hubo negligencia y falta del debido cuidado. Eso debe recalcarse. Las recomendaciones son de acuerdo a la ley… Que excelente coincidencia por parte del Ejecutivo y Legislativo en la demolición de la caseta”, expresó.
Enfatizó que este informe debe ser enviado a la Procuraduría General de la República y al Ministerio Público para que continúe las investigaciones y se deduzca una responsabilidad penal a los involucrados.
De igual manera la legisladora, Maribel Espinoza, consideró que se deben encontrar a los responsables por autorizar la instalación del peaje.
“En la Constitución está la respuesta, el país no puede seguir perdiendo millonarias demandas por funcionarios públicos corruptos”, acotó.
Destacó que el caso tampoco puede quedar en la impunidad e incluso todo contrato lesivo puede ser objeto de recisión.
“Solicito que se exhorte a la Procuraduría para que inicie la acción sin perjuicio de la investigación que debe hacer el Ministerio Público y debo señalar que la interpretación depravada que se ha hecho de la Constitución ha sometido a la acción civil al resultado de la pretensión administrativa”, expresó.
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