Honduras tiene una oposición deslegitimada y sin propuestas

TEGUCIGALPA, Honduras  (Por Mario Sorto Gallardo). “Eso ya es el pasado, estamos en el presente”, una frase que resume las respuestas de la oposición en el país cada vez que se les recuerda de la multi-crisis que heredó el Partido Nacional al actual Gobierno. De acuerdo con esta oposición, el robo del trans-450, los hospitales móviles, el desfalco del seguro social, y la extradición de un expresidente acusado de ser responsable de años de corrupción,...
Selvin Sánchez17 agosto, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras 

(Por Mario Sorto Gallardo). “Eso ya es el pasado, estamos en el presente”, una frase que resume las respuestas de la oposición en el país cada vez que se les recuerda de la multi-crisis que heredó el Partido Nacional al actual Gobierno. De acuerdo con esta oposición, el robo del trans-450, los hospitales móviles, el desfalco del seguro social, y la extradición de un expresidente acusado de ser responsable de años de corrupción, violencia y narcotráfico. Tras doce años de Gobiernos consecutivos del Partido Nacional, ocho de ellos del extraditado Juan Hernández, para la oposición, está prohibido hablar del pasado.

Ahora bien, ese pasado sigue estando presente. Los gobiernos que antecedieron al actual estructuraron un sistema de corrupción e impunidad que continúa en vigor, por lo tanto, aún persiste la interrelación entre los sectores estatales con el sector empresarial y las estructuras criminales. Aún persiste el interés de estos grupos de poder para seguir teniendo enormes ventajas a partir del control de los recursos estatales. De forma que, aunque el núcleo central de la estructura criminal que operaba desde el ejecutivo ya no esté en el país, aún quedan algunas instituciones cooptadas,  como también los componentes periféricos de esta estructura, los que operan afuera del Estado, los que participan en las actividades ilícitas que sustentan el funcionamiento de la organización.

En este complejo escenario que recibe el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se ha planteado la necesidad de refundar el Estado, es decir, toda la institucionalidad cooptada, y que funcionaba como el principal mecanismo de acumulación de capital para la estructura criminal que se estructuró desde el ejecutivo. Sin embargo, la herencia de un Estado débil, que ni siquiera puede garantizar las necesidades básicas de su población, conlleva a que la administración actual no tenga la capacidad para cumplir sus objetivos en siete meses de gobierno.

En este escenario, la misma oposición político-partidaria que dejó al Estado en esas condiciones, reclama con celeridad,  unos cambios que no pudieron o no quisieron lograr en los doce años que tuvieron el poder para hacerlo. Un poder que no solamente estaba limitado al control del ejecutivo también estaba presente con una amplia mayoría en el legislativo y en el judicial. Además, este poder también se reflejaba en el control de las autodenominadas organizaciones representantes de la sociedad civil, que como han declarado sus cuestionados miembros en los últimos días, también “decidieron montarse al barco”.

Por consiguiente, la oposición político-partidaria, algunos sectores poderosos económicamente de la empresa privada y otros sectores de la sociedad civil, todos los que acompañaron al extraditado en sus decisiones, son los primeros en cuestionar las acciones del Gobierno actual. Pero esta es una oposición deslegitimada y sin propuestas. Llaman a que se actúe con rapidez, pero se oponen a todas las acciones que no les representen una ganancia o beneficio individual. Se acostumbraron a la administración en la cual todo se vendía y todo se compraba, desde contratos con el Estado, hasta la participación ciudadana o la veeduría en las instituciones estatales.

Entonces, ¿cuáles son los argumentos de esta oposición? No cuestionan las consecuencias de políticas neoliberales, la privatización de los servicios básicos, tampoco cuestionan las casusas de pobreza y la desigualdad en el país, no cuestionan la reducción del gasto social en los últimos doce años, no cuestionan los altos costos de generación de energía, ni los preocupantes indicadores que reflejan los estudios nacionales e internacionales en el ámbito del Estado de derecho y en definitiva, no cuestionan la profundización de los problemas estructurales en el país, de la cual ellos son principales responsables.

Por consiguiente, si la oposición en el país, principalmente la político-partidaria no cuestiona a la actual administración por la falta de cambios radicales en estos problemas estructurales durante los siete meses de Gobierno que lleva, ¿en qué consiste su crítica? Acostumbrada a actuar espontáneamente, esta oposición solamente reacciona a las coyunturas y a la fabricación de crisis para complicar las acciones del actual Gobierno.

Como se puede percibir, esta oposición aún cuenta con importantes recursos para lograr que sus críticas puedan comunicarse por todos los medios, en los foros televisivos, en los noticieros televisivos y radiales,  en las redes sociales digitales, pero también en las comunidades, con el brazo operativo de los autodenominados representantes de la sociedad civil. Por lo tanto, aunque estas críticas surgen de sectores desprestigiados, deslegitimados y faltos de propuesta, siguen teniendo la capacidad para influir en la opinión pública, y tienen como víctima a una ciudadanía desinformada.

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