No hay ambiente para proponer una Asamblea Nacional Constituyente. Las condiciones objetivas y subjetivas apuntan hacia esa dirección, si bien es necesario comenzar a discutir un tema que despertó los radicalismos desde antes del golpe de Estado de 2009.
No es asunto si se está a favor o no de contar con un nuevo texto constitucional, que esté en sintonía con la dinámica social y lo que pasa en la actualidad en el mundo. No obstante, para abordar ese tema, se requiere de mucha madurez política para alcanzar consensos a fin que se pueda llevar a la práctica tal cometido. Al fin y al cabo, que sea la misma sociedad quién determine si aprueba o no un instrumento legal que les permitirá gobernarse bajo sus mismas reglas.
Ya tenemos en el espejo algunos estallidos sociales como los suscitados en Chile, donde una gran parte de su pueblo resistió en las calles la represión del gobierno neoliberal (y desgastado) de Sebastián Piñera, quien al final se vio obligado a ceder a las demandas sociales, como el pedido de una nueva constitución porque la actual, legado de la dictadura de Pinochet, privatizó la educación, los servicios básicos como el agua y la electricidad, obliga aún a sus ciudadanos a buscar seguros privados de salud y da supremacía al capital en vez de la dignidad de la persona que debería ser el fin de todo Estado.
La actual norma suprema hondureña, es de los resquicios que todavía perviven de la Doctrina de la Seguridad Nacional, impuesta por EE.UU. durante la Guerra Fría, ha ido quedando desfasada en pleno siglo XXI. Existen grupos y personas, ya sea por desconocimiento o defensa de sus intereses, que insisten que la Constitución no debería cambiarse, que puede reformarse hasta el 95 por ciento de su texto y que el resto no puede ser siquiera tocado.
Ese cinco por ciento ya fue trastocado, es de más decirlo o, es necesario abordar un solo tópico: la ilegal reelección del extraditado Juan Orlando Hernández.
¿Dónde estaban esas personas cuando la Sala Constitucional, cuyos magistrados afines a los intereses de Hernández, dio vía libre para que el entonces jefe de Estado procediera a presentarse a unas cuestionadas elecciones, en las que resultó reelecto, bajo fuertes sospechas de fraude denunciadas por la oposición? ¿Por qué no se persigue penalmente a los que propusieron que se hablara de la reelección, a sabiendas que cometían un delito y violentaban asimismo el artículo 239 constitucional, mismo que fue usado como argumento para justificar el derrocamiento del expresidente Manuel Zelaya?
La Constitución perdió vigencia con el golpe de 2009; a estas alturas y visto lo visto en la última década en Honduras, se puede llegar a la conclusión de que se ha ido deslegitimando, que ha sido violada cuantas veces ha sido necesario, como bien lo dijo un fallecido dirigente liberal, que está quedando a la zaga conforme avanzan los años.
Es cierto, habrán resistencias en los actores políticos, empresariales y sociales respecto a la idea de redactar una nueva Carta Magna, por lo que es necesario que exista un diálogo de altura para que se busque una solución a este controvertido tema.
En una despiadada ignorancia, algunos se atreven a decir que la Constituyente «no da de comer» como si la misma fuera generadora de empleo. Toda sociedad necesita tener un ordenamiento jurídico que comienza por una Constitución, redactada por su mismo pueblo en el afán de dictarse sus leyes a fin de determinar cuál será su futuro.
Dejamos claro que en estas líneas no se está a favor o en contra de que exista una asamblea, convención que elabore la principal ley del Estado, lo que se pretende es que si este tema, que es una de las banderas del actual gobierno (se hable o no de ella) se aborde con la seriedad y madurez que requiera el caso.
Al fin y al cabo, llegará ese momento cuando se den las condiciones para dialogar sobre un posible cambio de Constitución, por ahora, no hay ambiente para ello. Lo importante, por ahora, es resolver los graves daños dejados por las administraciones nacionalistas, concentrarse en los problemas cotidianos, luego, si cabe, que se hable de la Constituyente.
