TEGUCIGALPA, Honduras
El gobierno anunció que la presidenta Xiomara Castro se aprestará a firmar en los próximos días un decreto ejecutivo orientado a la reparación de las víctimas del golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
El asesor presidencial Manuel Zelaya reveló que la gobernante estampará su firma en el acuerdo que deberá ser aprobado por el Consejo de Secretarios de Estado, a fin que los familiares de las víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del régimen ilegítimo puedan ser beneficiadas.
Al respecto, el también exmandatario 2006-2009 indicó durante la inauguración de la plaza Isis Obed -situada al sur del aeropuerto Toncontín que «no miren este acto como vanidad política , aquí hay sangre derramada, hay dolor y lágrimas, gente que todavía hoy sigue manteniendo la barbarie a que ha sido sometido este país».
A renglón seguido, precisó que este acto «simboliza mucho para todos los que hemos sufrido en carne propia los vejámenes de un golpe de Estado, de una dictadura que oprimió este pueblo».
La iniciativa, que deberá autorizar Castro, será ejecutada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y consistirá en la implementación de «becas de estudio, pensiones, justicia, atención psicológica, trabajos dignos, salud y vivienda a los ascendientes y descendientes directos de quienes perdieron la vida producto de la represión del golpe de Estado del 28 de junio de 2009».
La secretaria de DDHH Natalie Roque indicó que «en cumplimiento a lo establecido en el artículo dos del decreto legislativo número 04-2022 , la Secretaría de Estado en los despachos de Derechos Humanos brindará apoyo a los descendientes y ascendientes directores de las víctimas de asesinato registrados por los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los organismos de derechos humanos en Honduras”.
Se prevé que tras la emisión del decreto, la Secretaría de Finanzas debe hacer los aportes respectivos a fin que se cumplan las disposiciones tanto del Ejecutivo y las recomendaciones de organismos internacionales.
Entre las disposiciones que abarcará la normativa es que los parientes de quienes fueron ultimados tras la asonada militar, es que deben acreditar ante la Secretaría de DDHH que tienen vínculos con las víctimas a fin que puedan tener acceso a los beneficios.
Cabe recordar que unas 200 personas fueron asesinadas durante las épocas de represión, autorizadas por Roberto Micheletti y, de acuerdo a organizaciones defensoras de la vida, la mayoría de los casos permanecen en la impunidad.
Hasta el momento, ni Micheletti -quien llegó al Ejecutivo por la fuerza-, ni los responsables de los entes de seguridad y defensa, no han sido judicializados a pesar de las evidencias recabadas por defensores de DDHH.
La Comisión de Verdad, instalada de forma paralela a la Comisión de la Verdad y Reconciliación, emitió en 2013 un informe que responsabilizó al Estado hondureño sobre los hechos acaecidos tras el 28 de junio, en la que se establece el uso desproporcionado de la fuerza por las autoridades.
«Según refieren los testimonios recibidos por esta Comisión, las represiones se caracterizaron por el uso desproporcional de la fuerza por parte de agentes estatales de seguridad. Para reprimir a los manifestantes, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional utilizaron gran cantidad de bombas lacrimógenas, balas, tanquetas blindadas, bombardeo con helicóptero, golpes con garrotes o toletes de metal, golpes con cadenas, así como de mangos de hachas y azadones, chorros de agua con químicos, entre otros», reza el documento.
«Peor aún, la represión se hacía en forma sorpresiva acorralando a las y los manifestantes por los cuatro puntos cardinales, utilizando, como se indicó antes, fuerza excesiva que dejó a cientos de personas lesionadas y a varios muertos. Los agentes de seguridad no se limitaron a reprimir las manifestaciones, sino que además perseguían a las y los manifestantes, los bajaban de los autobuses y fue común que muchas personas que no participaban de la manifestación también fueran víctimas de abuso de autoridad», se consigna en otro de los apartados.
La Comisión -señala el informe- destaca la represión ejercida contra las mujeres manifestantes, «dirigida hacia su cuerpo sexuado, hacia su condición de mujeres, hacia su feminidad. Los policías y militares priorizaron, en la agresión contra ellas, partes de sus cuerpos que las identificaban como mujeres, como caderas, bustos y glúteos».
Ante la Comisión «las mujeres manifestaron haber sido víctimas de manoseo y golpes en senos y vagina, insinuaciones sexuales e insultos con connotaciones sexuales violentas».
