TEGUCIGALPA, Honduras
“Se trata de allanamientos, aseguramientos e incautación de los bienes muebles, inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros vinculados a los sujetos de investigación identificados como Wilkin Santiago Montalván Mejía (fallecido), Vanseal Karina Soto McNab, Ricardo Alexis Padilla Mejía, Milton Mateo Montalván Mejía, Alberto Muccioli Ordóñez, Edwin Wilfredo Montalván Mejía, Norberta Caridad Mejía Munguía, Ángel Armando Flores Meza e Iris Belinda Jiménez Sierra”.
Este boletín informativo del Ministerio Público del 4 de junio anterior tendría que pasar por alto, si no fuera que uno de los sindicados es militante del actual partido de gobierno y en su momento fue diputado suplente del actual secretario del Congreso Carlos Zelaya.
Al excongresista, según la fiscalía anticrimen, “de conformidad con los hallazgos de la investigación, la estructura criminal del extinto Wilkin Santiago Montalván Mejía, se encuentran relacionados desde hace muchos años al narcotráfico, teniendo como antecedente la causa instruida contra el exdiputado Armando Ávila Panchamé (fallecido), según hechos de fecha 5 de julio del año 2003 en el departamento de Olancho, específicamente en la comunidad de San Esteban, donde la policía interceptó al momento de su aterrizaje a una avioneta bimotor en la cual transportaban una fuerte cantidad de cocaína, produciéndose así un intercambio de disparos entre las autoridades y unos sujetos que se conducían en una camioneta color rojo vino, placas PBG8049, propiedad del señor Wilkin Santiago Montalván”.
“De igual forma, los procesos de investigación criminal, financiera y patrimonial, determinan que dentro de su estructura criminal se crearon múltiples sociedades de transporte, construcción y estaciones de servicio, para dar apariencia de legalidad a los activos ilegales producto de sus actividades ilícitas, resaltando sus nexos con Juan Ramón Matta Waldurraga y Juan Antonio Hernández Alvarado alias Tony”, destaca el ente acusador.
“Con fundamento en los sólidos antecedentes de hechos plasmados en los informes de investigación que sirvieron de sustento para fijar la pretensión de las medidas sobre el patrimonio identificado de esta estructura criminal -prosigue el texto-, el Ministerio Público de Honduras, por medio de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), presentó solicitud ante el Juzgado de Letras de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, para el aseguramiento e incautación de la totalidad de 22 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Colón, 17 sociedades mercantiles y 40 vehículos automotores. Por lo que se realizará el proceso de entrega a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para que proceda a cumplir con sus funciones establecidas en Ley”.
Estimado lector: queremos dejarle claro que como medio no somos ni jueces ni tribunal de justicia, solo queremos hacer una relación de hechos de lo ocurrido con el exparlamentario (2018-2022), cuyo paradero es desconocido. Hay información extraoficial que estaría privado de libertad, mientras que otras fuentes le hicieron saber a este medio que el dirigente político está en paradero desconocido. Ninguna de las versiones ha podido ser confirmada, pues ni los portavoces de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) han respondido a la consulta de El Pulso sobre el presunto arresto.
De hecho, se realizaron dos llamadas al número personal del excongresista para obtener su versión en cuanto a los señalamientos formulados por las autoridades, tanto contra él y su hermano, el fallecido Wilkin Montalván, en el sentido que estarían involucrados en actividades ilícitas. No hubo resultados. En las dos comunicaciones se obtuvo una respuesta negativa. Al cierre de este artículo, el referido personaje sigue en paradero desconocido.
Según la fiscalía, Montalván estaría conectado a la estructura criminal de Tony y Matta Waldurraga, hijo de Ramón Matta Ballesteros, ambos condenados a cadena perpetua en EE.UU. por delitos de narcotráfico; en cuanto al fallecido Wilkin, manejaría una estructura criminal que tuvo vínculos con políticos, lo que evidencia las conexiones entre presuntos miembros de la delincuencia organizada con el poder político que data de hace varias décadas.
Cabe recordar que el ahora occiso, según una investigación de El Heraldo, era investigado desde hace varias décadas por su participación en el narcotráfico, lavado de dinero y otras irregularidades, fue asesinado en septiembre de 2021 cuando estaba interno en una unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial capitalino. Fue rematado de varios disparos por sus verdugos cuando se encontraba intubado a causa de las complicaciones derivadas del covid-19. A la fecha, las autoridades no han dado con los autores materiales e intelectuales de la muerte violenta del controvertido empresario.
En declaraciones a periodistas, el exparlamentario aseguró que “siempre hemos sido personas de bien, personas que siempre nos hemos dado al servicio, no entendemos esa situación (asesinato) que él estando intubado. Pero todo se lo dejamos a Dios y si Dios se lo quiso llevar lo aceptamos… La verdad que todo se lo dejamos a Dios, que Dios sea quien ponga la mano”
“No teníamos problemas con nadie, si hubiese estado amenazado le hubiésemos puesto seguridad, pero no tenía problemas… Wilkin era el hermano que siempre estaba ahí, no le gustaba la política, se dedicaba a sus empresas, era su mano derecha. Yo estaba en EE.UU. y me vine porque estaba enfermo y yo iba a viajar con él a México”, dijo.
A renglón seguido, según La Tribuna, “queremos estar en paz y vivir en paz como siempre hemos vivido, nunca hemos tenido problemas con nadie y esperamos nunca volverlos a tener, si ya le quitaron la vida en sus conciencias quedará”.
El gobierno insiste en una clara lucha contra el narcotráfico, es más, las autoridades se han concentrado en la búsqueda y captura de quienes son pedidos en extradición a EE.UU. Tal política está siendo bien vista por Washington, quien busca frenar a toda costa el trasiego de estupefacientes al país del norte, pero esos esfuerzos siempre terminan en vano.
Por ejemplo, sobre el tema, datos de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) alertó en su informe de 2021 del aumento de muertes por sobredosis de drogas en EE.UU. y Canadá; «el estudio detalla que en EE.UU. fallecieron por ese motivo más de 100 mil personas en los doce meses previos a abril de 2021, un incremento de 28,5 por ciento con respecto al año previo. De esos decesos, 75 mil 600 fueron causados por opioides, lo que supuso cerca de 20 mil fallecimientos más que el año anterior.
«Ese país norteamericano padece una epidemia de consumo de opiáceos que requieren la prescripción de un doctor y que se recetan como analgésicos controlados para pacientes con dolores muy fuertes. Canadá, por su parte, ha registrado un alza de las sobredosis y muertes por consumo de opioides desde que comenzó la pandemia de covid-19. Según la JIFE, esto se debe en gran parte a la oferta de drogas cada vez más tóxicas», informó la ONU en un comunicado.
El ente internacional calificó de alarmante aumento de las sobredosis «se ha agudizado en ambos países con las muertes causadas por psicoestimulantes como las metanfetaminas. Con respecto a México, subrayó que alrededor del 40 por ciento de los consumidores de drogas experimentaron un aumento del consumo de estupefacientes debido al estrés, la ansiedad o el aislamiento resultantes de la pandemia».
Volviendo al tema, el gobierno sostiene que está enfocado en «desmontar la narcodictadura» dejada por el capo Hernández, sin embargo, el exdiputado Mateo Montalván podría acarrearle serios problemas a la actual administración. Es cosa de tiempo para que este incidente pueda pasar a mayores y se pueda constituir en un lunar negro que sería difícil de quitar del pensamiento de una población que observa con recelo el papel de un partido que promete cambios sustanciales para el país, como erradicar la mácula del narcoestado que dejó la anterior administración.
