Tras la salida de la MACCIH (el experimento de la OEA y el cuestionado Ejecutivo de Hernández para combatir la corrupción) la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) surgió la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) que no ha contado con los recursos logísticos, financieros y el recurso humano suficiente para poder investigar toneladas de ilícitos que se cometieron durante los últimos tres mandatos nacionalistas y los anteriores gobiernos.
Su personal se encontraba desmotivado, estresado, algunos con enfermedades ante la sobrecarga de trabajo hasta que el actual Congreso, dirigido por Luis Redondo, está dándole un salto cualitativo sin precedentes: le da independencia para perseguir la corrupción, sin necesidad de pedir permiso a un oscuro Óscar Chinchilla, que bloqueó cuantiosas líneas de investigación contra altos funcionarios de los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo, en particular.
Dejamos algo claro: no estamos haciéndole relaciones públicas a Redondo ni queremos quedar bien con él, pues ya tiene a sus portavoces para que lo defiendan o lo ensalcen, sino que se da en un momento en el que las circunstancias lo demandan. Hay una sociedad que exige castigo a los responsables del saqueo del dinero público que ha, sigue y está provocando muertes por la falta de medicinas, alimentos e insumos esenciales para vivir con dignidad en una de las naciones más desiguales y violentas del mundo.
El hecho de que se le dé carta blanca a la fiscalía especial que dirige Luis Javier Santos, plantea muchas preguntas, se generan expectativas y, claro, también surgen suspicacias, en particular, desde la exangüe oposición que denuncia a la dictadura de Libre y sus aliados del PSH de pretender «matar el Estado de derecho». Si hacemos memoria, en el Congreso del extraditado Juan Orlando Hernández se le dieron amplísimos poderes al jefe del Ministerio Público lo que implicó un fuerte retroceso al papel constitucional del organismo que, en teoría, es el defensor de los intereses de la sociedad, se silenció a los fiscales y se depositó en un mudo Chinchilla el monopolio de la vocería. Se suponía que eso ayudaría a eficientar la labor del ente y a nueve años de tales reformas, quedaron en papel mojado.
El fiscal general, en tanto, es amante del mutismo, de tuitear cualquier tema de bagatela, pero menos de hacer una efectiva rendición de cuentas sobre el combate a la corrupción e impunidad, que, según estimaciones conservadoras, quita de los bolsillos de los hondureños unos 11 mil millones de lempiras. ¿Qué se podría hacer con ese dinero dilapidado por los corruptos?
Nos tomaremos la molestia de traer a discusión sobre cómo se desarticuló la heredera de la UFECIC (hoy Uferco) al trasluz de un informe del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), en el sentido que se implementaron trabas desde las altas esferas que limitan la investigación financiera de al menos 60 investigaciones de alto impacto. Se trata de investigaciones de tres administraciones de gobierno, en los que se involucran miles de millones de lempiras que están, literalmente, detenidas.
“Esto nos frustra, da impotencia, porque actualmente sólo son cuatro o cinco auditores los que están con los casos judicializados y no pueden llevar los nuevos casos que, de investigarse, serían un tremendo golpe a la corrupción”, narró un investigador, quien por temor a represalias nos pidió obviar su nombre.
En su relato aseguró que otro de los problemas que enfrentan es que debido a la pandemia, la información de alto nivel con que cuentan no puede salir de las oficinas, para que en sus lugares de residencia, los pocos auditores que tiene la Uferco, la analicen. No sólo es debido a que es información clasificada, también porque tenerla fuera de las oficinas expondría al personal que la investiga y esto obstaculiza el avance de las nuevas investigaciones, cuyos documentos se tienen, pero “no han pasado el análisis financiero para delimitar el impacto de cada uno de los fondos sustraídos del erario nacional y que han terminado en los bolsillos de particulares”, explica el entrevistado.
Otro de los investigadores explicó que cada una de las limitantes que enfrenta la Uferco ha sido planteada al Fiscal General Oscar Fernando Chinchilla Banegas, pero la respuesta ha sido el silencio. No reciben apoyo para contratar el personal calificado que dé continuidad a la serie de casos que tiene en puerta esa unidad.
“Los auditores son clave. Son la columna vertebral para dar paso a estas nuevas investigaciones. Además, se ocupa de más investigadores; hay voluntad en todo el personal de la Uferco para seguir el legado dejado por la UFECIC/MACCIH, pero estamos sin apoyo, en abandono total”, dijo el investigador.
Este personal enfrenta el “día a día”, sin el acompañamiento de más recurso humano que agilice las investigaciones dejadas por la UFECIC/MACCIH. “Se requiere voluntad, pero no la hay. Son miles de millones de lempiras los que aparecen derrochados en esas líneas de investigación que no avanzan. Son casos que surgen de lo investigado por la MACCIH, que abarcan a la administración del expresidente Porfirio Lobo Sosa y las de Juan Orlando Hernández, pero van camino a la impunidad”, lamentó el investigador.
De lo que sí está seguro el personal es que el delito existe. El modus operandi con el que se configuró el saqueo en varias dependencias del Estado ha quedado al descubierto, pero faltan los informes financieros para concretar los requerimientos fiscales de cada línea de investigación. “Que hubo robo es claro, la prueba está, pero no hay auditores”, dijo frustrado el investigador.
Tras dos años en el cargo, el Subjefe de la Unidad fue removido. Fue enviado como Jefe de la Fiscalía que opera al amparo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), para trabajar los casos que documenta la Fuerza de Seguridad Institucional Nacional (Fusina). Este tipo de acciones también golpea a la UFECIC, porque era un fiscal capacitado y formado en el campo de la investigación de la corrupción. Para los consultados, eso evidencia que desde los mandos superiores lo que menos se prioriza es fortalecer a la Uferco.
Pese a todos los obstáculos y limitaciones, el personal que queda asegura que está convencido que continuará, con los pocos recursos, luchando contra el gran monstruo de la corrupción.
Uno de los investigadores abordados insistió en que otra necesidad importante para fortalecer el trabajo de la Uferco es que se entreguen los vehículos (dos carros blindados, un busito y seis vehículos más que dejó la Organización de Estados Americanos –OEA-, a la Unidad), y que están en poder del Ministerio Público. “Nos han dicho que se están haciendo trámites de excepción, no sé qué es eso, pero dicen que es para asegurarlos”, refiere.
Estos son vehículos equipados que ayudarán en el trabajo para fiscales, investigadores y auditores en la UFERCO, pero que están en el parqueo del Ministerio Público deteriorándose, porque no se le da la agilidad debida para que entren en funcionamiento en esta Fiscalía que persigue a los corruptos. “Solo pedimos que tengan voluntad, que entreguen las herramientas que dejó la MACCIH”, terminó diciendo el investigador.
Esta es la realidad de la Uferco. Son miles de millones de lempiras en juego. Hay deseos de continuar el trabajo pero el escaso personal de esta Unidad se encuentra cercado. Es hora, dicen, que los ojos del Fiscal General echen una mirada a esta Unidad para que retome el camino y los casos de corrupción que involucra a ex funcionarios y funcionarios públicos, al igual que a decenas de diputados, empresa privada y al sistema financiero, no queden en la impunidad.
Este análisis del Cespad solo evidencia cómo se orquestaron tramas y conspiraciones echaron al cesto de la basura el combate a la corrupción que generaron a marchas forzadas las movilizaciones de las antorchas, cómo los que ayer detentaron el poder denuncian hoy los peligros que representa darle poderes a la Uferco y cómo la sociedad espera que se den resultados de inmediato. La fiscalía especial tiene muchos desafíos, con CICIH y sin ella, tiene el deber de saldar esa deuda histórica que tiene la institucionalidad con los hondureños.
Confiamos, desde nuestra trinchera, que esa unidad actúe de manera imparcial, apegada a la ley, que persiga y ponga en manos de la justicia a los que saquearon dinero público durante los últimos gobiernos, sin distingos políticos, que se les castigue con penas ejemplarizantes para que quienes ejercen la función pública piensen dos veces sus acciones. Es hora de que se combata la corrupción e impunidad. El que nada debe, nada teme.
