EEH denuncia supuestas acciones de intimidación por parte del Estado

TEGUCIGALPA, Honduras 

El apoderado legal de la Empresa Energía Honduras (EEH) Juan Carlos Sánchez denunció al gobierno hondureño por supuestas acciones intimidatorias por las actuales autoridades.

Agregó que «lo que quiere el gobierno es cancelar el contrato de EEH poniendo excusas y señalan que desde la gerencia de la Secretaría de Energía y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se está mintiendo porque la Energía Honduras está cumpliendo con el contrato».

Recordó que el 26 de abril representantes de la EEH y representantes del gobierno sostuvieron una reunión para ratificar su disposición de buscar acuerdos que permitan la reducción de pérdidas y mejorar el flujo financiero de la estatal eléctrica.

Dijo que «se habla que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica está en quiebra y que está teniendo perdidas millonarias, pero hay un punto que el mismo secretario Erick Tejada no lo menciona».

«Hay cualquier cantidad de instituciones del Estado no pagan energía eléctrica, son cantidades millonarias las que el gobierno mismo a través de sus instituciones le deben a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tres mil 800 millones de lempiras», afirmó.

Preciso que «la EEH está abierta al diálogo honesto, sincero y honesto para redimir y resolver cualquier controversia existente entre el Estado de Honduras y Energía Honduras».

Aseguró que en la reunión se expuso las condiciones en la que los inversionistas extranjeros participaron en la concesión y como las decisiones posteriores han perjudicado el desarrollo normal del proyecto, el equilibrio técnico y financiero.

Añadió que el gobierno hondureño expresó desconocimiento del contenido y desarrollo del proyecto.

En ese sentido consideró que «es una actitud apática en la búsqueda de acuerdo y amenazas en contra de la libertad personal de los accionistas de Energía Honduras».

Indicó que el gobierno amenazó con acciones penales en el Ministerio Público si la empresa energética no retiraba los reclamos de incumplimientos contractuales del Estado.

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