TEGUCIGALPA, Honduras
La Policía Nacional asumió el mando de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (Fnamp) y se designó al comisionado Willy Núñez para que ostente la titularidad de esta unidad.
Núñez durante la ceremonia de traspaso se comprometió a dejar atrás el mal concepto que tiene la población sobre las instituciones de seguridad.
“Estamos llamados a superarlos los conceptos de seguridad cerrada y obtusa que terminan resquebrajando las bases de las instituciones estatales y dejamos como espejismo la pretendida institucionalidad democrática que es una aspiración del Estado”, expresó.
Indicó que este ente público no puede ser responsable absoluto de la seguridad de la ciudadanía, por una tarea de todas las facciones de la sociedad asumir un compromiso por el bienestar común.
“Los policías son ciudadanos que cumplen con una tarea del Estado democrático, promoviendo el cambio en la ley. Constituyen la primera línea en las catástrofes que sufra el país, incluyendo la delincuencia de la que también son víctimas”, enfatizó.
Aseguró que la fuerza pública debe estar servicio de la nación y no de grupos de poder.
Detalló los problemas a los que está expuesto el hondureño
cada día, como ser delincuencia organizada, desempleo, malos salarios, falta de atención médica, educación atrasada e impunidad por parte del sistema judicial.
“Eso no se resuelve con represión, ni con más policías, soldados o cárceles porque solo será la muestra de nuestro fracaso y del sistema. ¿Qué se debe hacer? Esa es la labor de las instituciones del país, estamos involucrados todos”, expuso.
CREAR MÁS UNIDADES. Previamente el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez, consideró que al tener el control de la Fnamp habrá un trabajo más amplio en la lucha contra la delincuencia y extorsión.
“Vamos a combatir de frente este fenómeno. Tenemos el equipo que conformará la Fnamp, triplicaremos el personal y vamos a crear algunas regionales para poder brindar un mejor servicio”, dijo.
Agregó que al también contar con la dirección del Instituto Nacional Penitenciario (INP), están en la obligación de detectar las llamadas que se registran desde lo interno se práctica para la extorsión.
