TEGUCIGALPA, Honduras
(SEGUNDA PARTE) El Ministerio Público, en contubernio con la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII) decidieron fraguar una conspiración para no ir por los verdaderos autores de la muerte de la ambientalista Berta Cáceres ya que abusaron de su autoridad al obviar algunos elementos claves de la investigación que pudieron determinar con claridad quiénes ordenaron su muerte, las conexiones entre los sindicados en el hecho y cómo el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (Copinh) se volvió un poder fáctico, con la complicidad de cooperantes y la doble moral de la comunidad internacional que mantienen el caso en una conveniente impunidad.
A lo largo del juicio contra los presuntos autores, la fiscalía y la perito Brenda Barahona presentaron evidencias que en un tribunal imparcial debieron ser desestimadas por graves inconsistencias, sin embargo, las mismas fueron admitidas para vender la apariencia de que se estaba respetando el debido proceso y las garantías judiciales y constitucionales que terminaron siendo tiradas al cesto de la basura.
Las falencias son excesivas y se pueden citar demasiados ejemplos como el hecho que no se investigaron dos líneas móviles desde donde se realizaron llamadas para concretar el asesinato de Cáceres, ocurrido la noche del 3 de marzo en La Esperanza. Esta investigación evidencia que la perito dijo a la terna de jueces que “a su juicio” no vio necesario indagar a quiénes pertenecían las líneas con terminación 5274 y 4387 ya que desde ambas se realizaron las comunicaciones entre el 2 y 3 de marzo de 2016.
INTERESES OSCUROS
¿Qué intereses hubo para que la experta dijera que no quiso dar con el paradero de los dueños de ambos números? Al valorar las evidencias, se descubre que los usuarios de los números 5274 y 4387 (se obvian los prefijos para no entorpecer el proceso) llamaron en varias ocasiones a Elvin Heliberto Rápalo Orellana y Edilson Atilio Duarte Meza y en la trama aparece una tercera línea con terminación 5627 que a la fecha se desconoce quién lo utilizó.
En la triangulación se logró descubrir que el número 5274 se puso en contacto con Rápalo Orellana alrededor de tres veces el 2 de marzo, mientras que el día siguiente mantuvo una intensa comunicación, pues se registraron 13 llamadas y 36 mensajes de texto. Respecto a lo anterior, se determinó que las mismas ocurrieron entre las 8:19 de la mañana y las 9:05 de la noche.
En las llamadas que recibió Duarte Meza se halló que se realizaron 11 un día antes del asesinato de Cáceres, mientras que el Día cero hubo apenas dos. Desde la línea 4387 se establecieron pocas comunicaciones, pero en total, hubo 40 llamadas durante las 48 horas que desembocaron con el fallecimiento de manera violenta de la ganadora del premio ambiental Goldman. Al momento de plantear la segunda parte de esta investigación no se sabe quiénes operaron los dos números y qué instrucciones giraron a los dos sujetos que en la actualidad están en prisión.
La fiscalía, por consiguiente, faltó a su mandamiento de ser defensor de los intereses de la sociedad al avalar de manera dolosa la postura de la perito de no investigar a fondo la propiedad de los dos números de donde salieron las llamadas hacia los dos condenados. La suerte pudo estar a favor del presidente de la junta directiva de Desarrollos Energéticos SA (DESA), Roberto David Castillo, pero no fue así: está a la espera de ser sentenciado.
AMENAZAS DE BLUE ENERGY
Un elemento que si bien fue ventilado en el juicio contra Castillo, pero que no pasó a mayores, fue que la empresa Blue Energy “habría contratado” a una persona que estaba dispuesta a “darle jabón (muerte) a Cáceres. El 7 de octubre de 2015, en un cruce de mensajes entre la víctima y una tercera persona, de acuerdo a la extracción de datos, “el número del que la amenazaron el 22 de febrero… Cuando le dijeron que Blue Energy contrató a una persona para que le diera jabón”, por lo que este elemento pudo dar un giro dramático al caso.
Esta revelación coincide con un comunicado que emitió el 2 de enero de 2015 el Copinh en el sentido que mandó a decir a las organizaciones hermanas – A la sociedad hondureña – A la solidaridad internacional — Comunicamos que en el marco del Encuentro en Defensa de los Ríos y Territorios Lencas, que se desarrolló durante los días 27 y 28 de enero del presente, en Río Blanco, Intibucá, con el propósito de fortalecer la decisión asamblearia de las comunidades del COPINH de continuar con la lucha por la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y contra el gobierno de Juan Orlando Hernández, dictador y entreguista de la soberanía y las riquezas de Honduras:
1.- DENUNCIAMOS A LA EMPRESA Blue Energy, al Gobierno y al Congreso, por sostener el ataque a las comunidades Lencas que cuidan la vida y los territorios y que fue evidenciado en las fechas antes mencionadas entre la zona de Agua Caliente y Río Blanco.
Esa vida es amenazada por los mega proyectos energéticos que pretenden construirse privatizando y depredando la vida como se pretende sobre el Río Cangel y Gualcarque, los cuales nacen en la cordillera de Puca Opalaca cruzando los municipios de San Francisco de Opalaca e Intibucá siendo afluentes del Río Ulúa, ambos ríos cuidados ancestralmente por el Pueblo Lenca y ambos entregados ilegalmente a las empresas nacionales y trasnacionales entre ellas BLUE ENERGY, , HYDROSYS (Cánada), RÍOS ENERGY-Capital 3 (Estados Unidos), DESA-SIMENS VOITHYDRO, con el fin de sostener una economía extractivista, que favorece directamente a los grandes capitales.
La lucha de las comunidades Lencas organizadas en COPINH, no se ha detenido a pesar de criminalización constante –incluido el asesinato de compañeros- y no se va a detener, porque nuestras vidas están ligadas a la Madretierra, a los ríos, a las montañas, a la biodiversidad que hemos cuidado durante siglos.
- Responsabilizamos ahora a quienes están urdiendo planes dirigidos a intentar amedrentar a las y los líderes de COPINH, pretendiendo crear inseguridad, miedo, odio y recurriendo a métodos conocidos lamentablemente en estos tiempos, como es el empleo de orejas y sicarios para eliminar a opositorxs. Estamos en conocimiento de los planes existentes como atentados a la vida de dirigentes del COPINH, en particular contra la Coordinadora General, nuestra compañera Bertha Cáceres.
No estamos asustadxs, pero nos encontramos en la responsabilidad de decirlo públicamente, y recurrir a la solidaridad nacional e internacional para detener esas acciones a partir de la respuesta unida de los movimientos populares y de derechos humanos. Hay que evitar que Honduras siga siendo sembrada de muertes impunes. Desenmascarar la responsabilidad de las empresas transnacionales, y de las empresas nacionales que actúan en consonancia con las primeras, así como a los funcionarios del gobierno y del congreso que las apañan, es un primer paso en la lucha por la vida y contra la impunidad.
3.- COPINH está abierto a dialogar con quienes quieran poner fin a las políticas de muerte, y crear las condiciones para que los movimientos sociales y populares podamos dar impulso a un nuevo momento de lucha por la Refundación de Honduras, con justicia, libertad, democracia directa, participativa y decisiva, y una política al servicio de la vida y no de la muerte de nuestros pueblos y territorios.
LOS “ESCUADRONES DE JUAN ORLANDO”
Este comunicado coincide con los cruces de mensajes entre Cáceres y sus colaboradores. Una reconocida penalista que estuvo dando seguimiento al caso de la malograda ambientalista y que solicitó que no se le mencionara dijo en esta investigación que Blue Energy tuvo en su momento contactos de alto nivel en Casa de Gobierno que fue dirigido por el expresidente Hernández.
Esa misma compañía, según las evidencias que fueron recabadas mediante extracción de datos, habría hecho amenazas reales y constatables contra Cáceres, al menos, un año antes de su muerte. La ahora occisa era informada de manera constante sobre movimientos sospechosos de las zonas donde ellos tenían influencias, por lo que solía llegar a la conclusión que “sé que es Blue Energy”. En una comunicación que sostuvo con una persona identificada como Tomás Cica, de origen italiano, este último le dijo que “lo siento mucho lo que le toca vivir, una vez más. El origen de todo esas amenazas es la cuestión de Río Blanco”, a lo que su interlocutora le indicó que “es Blue Energy, es sobre el Río Cangel” y Cica añadió: “Y los escuadrones de la muerte de Juan Orlando”.
Otra comunicación que data del 22 de enero de 2015, más de un año antes del crimen, Cáceres le informó a Carlos Cuadra, uno de sus amigos: “Carlos, yo hablé con él, me dijo que es por la represa de Cangel. Le pregunté qué empresa, si la de Gualcarque que está DESA o Cangel con Blue Energy… Me dijo que Cangel”.
En otro cruce de mensajes, la excoordinadora del Copinh le especificó a Cuadra: “Compa luego necesito hablar, Blue Energy tiene un grupo de hombres en una con propósitos malos para mi persona”.
El 23 de enero de ese mismo año, en conversación con una dama de nombre Brígida, quien se encuentra en Estados Unidos, le aseguró que una campaña en su contra para atentar contra su vida provendría de Blue Energy. “Dicen que si no me acribillan a mí, se la desquitarán de otro modo”.
Al finalizar la segunda parte de esta investigación, se concluye que el surgimiento en esta historia de la mencionada empresa de capital norteamericano tuvo que dar otro giro para esclarecer si tuvieron relación con el asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016. Sin embargo, las autoridades han hecho la vista gorda en cuanto a la emisión de requerimientos fiscales contra otros actores, el aseguramiento de equipos telefónicos y allanamiento de morada para dar con evidencias que pudieran aportar más elementos del porqué se urdió y se asesinó a la ambientalista.
En tanto, Roberto David Castillo es señalado por ser el autor intelectual que le dio muerte a su amiga. Cabe recordar que los directivos de DESA sostuvieron encuentros para planear acciones a fin de hacer frente a posibles señalamientos de que habrían conspirado para quitarle la vida a la dirigente indígena.
