No nos atrevemos a hacer una evaluación de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Es hasta atrevido hacerlo porque los graves problemas que nos heredó la administración anterior no se van a resolver en tan corto tiempo y para ello se requieren demasiados esfuerzos que la tarea se vuelve titánica y tediosa.
Está de más decir -si nos basamos en los informes del actual gobierno- que las arcas quedaron vacías, los empleados estatales siguen esperando su sueldo, la ENEE sufre una de sus largas crisis y hay un repunte de la violencia por el reacomodo de las estructuras criminales luego que el expresidente Hernández fuera extraditado a EE.UU. para responder por delitos de narcotráfico, entre muchos males que ni el mejor gobierno, ni sus mejores cuadros podrían resolverlo en apenas 100 días.
«Recibir este gobierno, recibir este país no es fácil. Lastimosamente a todos los presidentes les dan 100
días y a mi no me dieron ni 100 horas, hay una exigencia y yo lo entiendo», dijo en su momento la mandataria. No deja de tener razón, es comprensible que la sociedad, más aun, los segmentos históricamente deprimidos y la empobrecida clase media, están exigiendo cambios: Quieren comida barata, más seguridad, mejor educación, más fuentes de trabajo y los otros actores como la empresa privada buscan facilidades para hacer negocios en uno de los países del mundo donde la burocracia impide la creación de negocios.
En el plan de acción de la presidenta, presentado en su jura el pasado 27 de enero, contempla varias medidas, algunas han sido populares, otras fuertemente cuestionadas y las más estratégicas como los combustibles que reportan históricas alzas por el operativo militar de Rusia en Ucrania y que está provocando que los planes no salgan como los deseó el gobierno, pues una parte está siendo cumplida y lo demás es objeto de críticas.
Veamos las antípodas: Hay una satisfacción generalizada por la instalación de la CICIH, con el patrocinio de Naciones Unidas que vendrá a combatir las estructuras criminales que se enquistaron en el Estado; se añade los poderes que busca darle el Legislativo a la Unidad Fiscal Especializada en Redes de Corrupción (Uferco) para que actúe sin esperar autorización del fiscal general Chinchilla, lo que se prevé que en el futuro cercano muchos políticos, empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad y defensa sean perseguidos sin compasión.
En el otro extremo está el decreto de amnistía política para quienes fueron perseguidos por su oposición al golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que es visto por la huérfana oposición nacionalista y algunos actores como pacto de impunidad por el hecho de que se amnistiaron a varios personajes que fueron acusados en el pasado por delitos de corrupción. Algunos quieren que el Congreso reconsidere ese decreto y se proceda a su derogación a fin de que la CICIH no tenga trabas legales durante su mandato.
En fin, hay muchos tópicos que buscan dejar mal parado al gobierno y otros que la misma administración socialista, ya sea por su inexperiencia o negligencia de sus funcionarios, como los reclamos de los colectivos de Libertad y Refundación (Libre) por un trabajo, lo que debería ser resuelto mediante un diálogo constructivo entre las partes.
En El Pulso dejaremos las cosas claras: Si el gobierno hace una labor que beneficie a las mayorías, será reconocido y si incurren en yerros se le cuestionará sin ambages, pues el papel del periodista ha sido, es y será confrontar al poder. Para lo demás, existen las relaciones públicas y quienes dirigen el país ya tienen a sus portavoces.
Si bien en 100 días no se resolverán los problemas de país, pero el gobierno y la presidenta tienen el colosal reto de emprender los cambios en los cuatro años que durará este mandato y allanar el camino para que los próximos dignatarios puedan completar el trabajo que inició Castro. De ella, y de nadie más, dependerá el éxito o fracaso en la conducción del Estado.
