Gobierno contempla en nueva Ley de Energía nacionalizar térmicas y renovables

TEGUCIGALPA, Honduras  El gobierno envió al Legislativo una iniciativa relacionada con la creación de la Ley de Energía que prevé la nacionalización de plantas térmicas y renovables en el caso que no se puedan renegociar los contratos de electricidad. Según los artículos cuatro y cinco de la referida norma, llamada Ley para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, apunta...
BFlores2 mayo, 2022

TEGUCIGALPA, Honduras 

El gobierno envió al Legislativo una iniciativa relacionada con la creación de la Ley de Energía que prevé la nacionalización de plantas térmicas y renovables en el caso que no se puedan renegociar los contratos de electricidad.

Según los artículos cuatro y cinco de la referida norma, llamada Ley para garantizar el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, apunta que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) puede dar por terminado los contratos y comprar los aparatos en poder de los generadores.

«Se autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que, a través de la Junta Directiva y la gerencia general, con base en la legislación nacional y las cláusulas contractuales, plantee bajo sus prerrogativas y facultades y por razones de interés público, la renegociación de los contratos y los precios a los que el Estado a través de la ENEE adquiere el suministro de energía eléctrica generada por plantas térmicas… En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio», señala uno de los apartados.

En cuanto al artículo cinco, relacionado con los contratos con las plantas eólicas y solares «se autoriza a la ENEE… plantee bajo sus prerrogativas y facultades y por razones de interés público, la renegociación de los contratos y los precios a los que el Estado a través de la ENEE, adquiere el servicio de energía solar y eólica tomando como referencia los precios de la región centroamericana, Caribe y América Latina. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio».

En el decreto se especifica que «de acuerdo con la Jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso a la energía eléctrica es fundamental para la garantía de otros derechos humanos».

«El Gobierno de la República ha asumido el compromiso impostergable de garantizar al pueblo hondureño, el servicio de energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional, bajo responsabilidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE. Es fundamental para el Estado garantizar la soberanía energética nacional bajo los principios de seguridad del suministro, despacho económico y justicia participativa», argumentó el gobierno en el escrito enviado a la cámara para que sea turnado y discutido.

Según el Ejecutivo de Xiomara Castro, «ante la grave crisis en la que recibimos la ENEE, nos planteamos dos alternativas: Salvar la ENEE como empresa pública, o continuar hacia el abismo de la bancarrota y la quiebra para justificar la privatización total y entregar los activos acumulados a lo largo de su historia, que hoy superan los tres mil millones de dólares».

«Manifestamos nuestro compromiso para salvar la ENEE -prosigue-, establecer tarifas transparentes y justas, otorgar concesiones responsables bajo contratos en modalidad llave en mano a favor de la ENEE; revisión de contratos y concesiones otorgadas que lesionan los intereses especialmente económicos del pueblo hondureño porque impactan en el precio de las tarifas; y diversificar las fuentes de generación de energía hasta alcanzar un 60% de participación estatal procurando una relación de la matriz energética con un 70% de energía renovable para reducir la dependencia de la importación de combustible fósil».

El gobierno denunció que «el modelo privatizador desarrollado a través de la Ley General de la Industria Eléctrica, institucionalizado con el ente regulador denominado Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica CREE; el Organismo Operador del Sistema ODS con carácter de ONG sin fines de lucro, pero responsable de la administración, el despacho y la planificación de la expansión del sistema; decide cada hora del día, durante los 365 días del año, que plantas deben generar energía para cubrir la demanda nacional».

Otro de los apartados considera que desde 2010 a 2021, «la ENEE ha recibido aproximadamente 58,000 millones de lempiras en préstamos y 270 millones en donaciones por parte de los organismos financieros internacionales y cooperantes, por lo que no existe una razón que justifique su fracaso, más que el interés directo para su completa privatización siguiendo el modelo aplicado a la empresa de telecomunicaciones y al Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados SANAA».

«A la fecha, la deuda total acumulada de la ENEE, asciende a 75,600 millones de lempiras que equivale al 60% del total de ingresos del Estado en un año, y el 10.05% PIB (747,804 millones lempiras), con 75 contratos de generación en operación comercial que facturan mensualmente 1,875 millones de lempiras aproximadamente, y según estudio del BID hay contratos que sus ganancias superan en promedio el 30%. El costo medio es de aproximadamente 0.1336 US$/kWh calculado con el precio del barril de petróleo a US$/bbl 62, incrementándose actualmente a un precio de US$/bbl 100 y en consecuencia el costo medio ha aumentado a aproximadamente 0.18 US$ kWh, que sumado, amenaza con impactar en la tarifas», se argumenta.

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