TEGUCIGALPA, Honduras
Actores políticos solicitaron una investigación en contra de los exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) tras denuncias efectuadas por la fiscalía federal de Nueva York, que aseguró que el extraditado Juan Orlando Hernández hizo fraude en los procesos electorales del 2013 y 2017.
El fiscal federal Damian Williams reveló que Hernández utilizó dinero proveniente del narcotráfico para sobornar funcionarios y ganar los comicios generales pasados.
El designado presidencial, Salvador Nasralla, hizo un llamado al Ministerio Público para que indaguen a los exfuncionarios electorales respecto a este acto.
“Si yo fuera la justicia llamo a declarar a David Matamoros que estuvo en los dos procesos, a Enrique Ortez Sequeira que estuvo en 2013, pero fue sacado ilegalmente, a Saúl Escobar y a Erick Rodríguez que aparece en 2017”, dijo.
Asimismo, solicitó una investigación de las personas que manejaron el sistema de transmisión de resultados y comprobar si recibieron dinero.
“Ese dinero puede ser del narcotráfico o extraído del mismo presupuesto general”, acotó.
Además el dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martell, apoyó la decisión y comentó que “es preciso investigar inmediatamente a los delincuentes que propiciaron y sometieron a un terrible sufrimiento y suplicio al pueblo hondureño. ¡Ni perdón ni olvido!”.
RESTRUCTURA EL SISTEMA ELECTORAL. Por su parte el director del Instituto Holandés para la Democracia, Luis León, declaró a El Pulso que las denuncias de la justicia de EE.UU. solo confirma un secreto a voces.
“La pregunta es ¿cómo EE.UU. sabe que hicieron fraude y Honduras no? Igual que en otros temas de corrupción y narcotráfico, creo hay una debilidad institucional marcada”, expresó.
Consideró que es necesario hacer una investigación para identificar y penalizar a los responsables y procurar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE) cuenten con una estructura sólida para evitar más actos irregulares.
Expuso que uno de los grandes problemas del país es la negligencia de la fiscalía de delitos electorales.
“El Ministerio Público no ha sido un canal de respuestas ante la mala gestión del Estado, creo que se debe hacer una investigación que demuestre si hay dolo o si hubo un interés de alguien en hacer fraude”, valoró.
Lamentó que la Unidad de Política Limpia no cuente con la independencia para ejecutar acciones en contra de personajes políticos al momento de encontrar una irregularidad en la fiscalización.
“No se puede seguir jugando con la voluntad del pueblo, es lastimoso que por otros países nos demos cuenta de la incapacidad institucionalidad que tenemos”, externó.
Concluyó que “pagamos miles en deuda política y tenemos los mismos resultados, el mecanismo debe pasar por una fiscalización, auditoria y veeduría que permita evitar este tipo actos, porque si no será difícil limpiar el sistema político del financiamiento del crimen organizado”.
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