TEGUCIGALPA, Honduras
Abogados consideraron que la extradición del exmandatario Juan Orlando Hernández expone la protección que le brindaba el fiscal general Óscar Chinchilla durante sus ocho años de administración.
El secretario de Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, expresó que para evitar que se repitan los hechos se debe reformar el sistema judicial del país.
“En Honduras no existe sistema de justicia, porque no hay Poder Judicial y el Ministerio Público se desplomó prácticamente estamos a la mano de Dios. Esperemos que las nuevas autoridades levanten la imagen del país”, lamentó.
Indicó que el Congreso Nacional debe seleccionar a personas confiables para ocupar los puestos de operadores de justicia y no amistades, ni familiares o activistas.
“Estamos en un problema serio que la única forma de recuperar el país es cambiando las autoridades, pero buscando a los más aptos. El gabinete de gobierno me presentó una iniciativa para mejorar la selección de magistrados y el fiscal”, enfatizó.
Agregó que una vez discutido el proyecto de ley, será enviado al Poder Legislativo.
“El Ministerio Público perdió la investigación hace muchos años, la recuperó después, pero se limitó a casos específicos, en casos de corrupción no se ha destacado”, aseguró.
Precisó que el Ministerio Público está obligado a realizar acciones en contra de las personas que sean mencionadas en el juicio del exdiputado Fredy Nájera y del exgobernante Hernández.
“Todo lo imputado en los tribunales (de Nueva York) son delitos cometidos en Honduras que tienen repercusión en EE.UU. y sé que la fiscalía aún no ha procedido contra nadie ante de pedirlo en extradición”, dijo.
INTERESES. Por su parte, el abogado Carlo Jiménez afirmó que la elección del fiscal general fue realizada mediante intereses políticos.
“Todos saben cuál era la intención de nombrar al fiscal general, Oscar Chinchilla, y no fue por su capacidad de estudiar la ley o investigar, sino que su misión era proteger a la narcodictadura”, externó.
Expuso que la estructura criminal, al contar con una plataforma de protección, garantizaba el éxito de sus negocios ilegales e impunidad en los casos.
“El hecho que la fiscalía no haya presentado requerimientos fiscales en casos de corrupción o narcotráfico en lo que están involucrados varios exfuncionarios públicos es porque su objetivo siempre fue mantener la impunidad”, sentenció.
