TEGUCIGALPA, Honduras
El cuestionado gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández, en una clara demostración que fue amante del neoliberalismo y la enajenación de los bienes públicos, se dedicó en sus ocho años de mandato a desarticular el sistema sanitario nacional, al extremo de entregar los hospitales públicos a oenegés.
Durante ese periodo, según documentos que recabó El Pulso y que coinciden con informes elaborados por el Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramedhys) de que la Secretaría de Salud, que dirigió en su momento Alba Consuelo Flores, Octavio Sánchez y otros, se desentendieron de la red hospitalaria y la entregaron a varias oenegés, más conocidas como gestores, a fin de no lidiar con las necesidades básicas que suelen padecer.
Asimismo, se evidencia que estas organizaciones no gubernamentales sí recibieron dinero público, por lo que se concluye que se elevó el presupuesto que perfectamente pudo haber sido invertido de manera directa en cada centro asistencial, al contar con administradores eficientes y honestos, directores que deberían preocuparse por la cosa pública.
En otras palabras, el oenegeísmo fue el escudo perfecto del régimen anterior para mantener en el olvido a quienes necesitan de servicios médicos humanos y de calidad.
Indagaciones de este medio pudo hallar que los hospitales situados en regiones históricamente postergadas fueron descentralizados, es decir, que ya no dependen de la Secretaría de Salud, desde hace unos, aunque hay otros que fueron entregados a oenegés en 2008.
Por ejemplo, el centro asistencial Enrique Aguilar Cerrato, ubicado en la occidental ciudad de La Esperanza, su administración fue transferida a la Fundación Gestora de la Salud, mientras que otros establecimientos situados en Concepción y Camasca son atendidos por una organización llamada SMI cuya representante es Ada Juárez.
En la región noroccidental, según un cuadro que localizó El Pulso los hospitales Leonardo Martínez de San Pedro Sula, el Hospital Santa Bárbara y de Atima fueron concedidos entre 2013 y 2020, mientras que las clínicas de San Marcos y Las Vegas fueron transferidos a la Unión Sanmarqueña y la alcaldía municipal.
Una de las organizaciones que se posicionaron con la atención hospitalaria fue Predicar y Sanar (Predisan) que funciona en el nororiental departamento de Olancho.
Para el caso, tiene la administración del área materno infantil del Hospital San Francisco de Juticalpa y Hermano Pedro en Catacamas, que son los dos centros de referencia de la región.
Asimismo, tiene presencia en nueve localidades como Cuyamel, Río Tinto, Siguate, el policlínico de Santa María del Real, que está contiguo a Catacamas y sitios lejanos como Poncaya y Dulce Nombre de Culmí.
En la región sur del país, que se convirtió como el «modelo a seguir», destaca el Hospital de San Lorenzo, que fue descentralizada en 2014 y entregada a la denominada Fundación de Apoyo San Lorenzo, del cual Juan Orlando Hernández lo vio como un proyecto piloto para comenzar la privatización del sistema sanitario.
El acuerdo, que vencerá en 2024, precisa que siempre será financiado con dinero público mientras que se obtendría donaciones de cooperantes y una gestión por resultados.
En su momento, el Sitramedys -según el oficio 02-2021, del 11 de octubre de 2021- entregó al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) un informe pormenorizado de hospitales y centros de salud que aún siguen descentralizados.
«Es nuestra preocupación como organización, ver la forma cómo la Secretaria de Salud, a través de descentralización, se está exonerando de responsabilidad, entregando los presupuestos de los hospitales y centros de salud a Gestores, los cuales emplean personal de confianza con salario arriba de la tabla de puestos y salarios de la secretaria de Salud».
En cuanto a las evaluaciones, reza el oficio que tiene en su poder El Pulso, «las evaluaciones reciben notas mayores de 90 por ciento nunca salen aplazados, ya que cuentan con recursos que maquillan los informes, a cambio reciben bonos que terminan siendo un salario más, esta repartición de responsabilidades a Empresas que se supone que son sin fines de lucro, es necesario que el sistema de Salud debe de cambiar con fuentes de inversión en modernización de infraestructura, recurso humano y aumento del presupuesto, no tomando las gerencias hospitalarias, sino generando nuevas inversiones en regiones donde no haya una cobertura adecuada».
«Este modelo -prosigue- nos está quitando el derecho a la salud en Honduras, es necesario la revisión e investigación y profundizar en temas como la migración, el desempleo y el desarrollo de recursos humano, pero este debe de garantizar ser universal, equitativo, justo y no sólo garantizar cobertura sino acceso a toda la población, respetando su derecho constitucional a la salud».
Información obtenida por diario con datos del Sitramedhys apunta que Hospital Básico de Puerto Cortes, que está en manos de la Fundación Manos Transformando el Puerto (Fumatrep) ya que está transgrediendo los derechos de los pacientes y empleados ya que se contrató una empresa que no llegó a cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Contratación del Estado al entregar comida en malas condiciones y que a la fecha no se ha hecho responsable.
En la exhortación al CNA, el referido sindicato también pidió una investigación a la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) «que tiene su oficina en la Secretaria de Salud, ya que esa unidad es responsable del control de auditoria y de seguimiento de los convenios que firman con los Gestores».
«Por ejemplo, la Fundación del Hospital Juan Manuel Gálvez en Gracias, Lempira, donde el Sitramedhys tomó acciones para que se retirara, dejando a la Secretaria de Salud con deudas, por la mala administración».
Expertos en el tema venían advirtiendo sobre las secuelas que tendría la descentralización de los servicios de salud, en el sentido que los más pobres serían quienes pagaran las consecuencias de la enajenación de bienes públicos. Al respecto, el sociólogo y director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el actual vicepresidente del Legislativo, Hugo Noé Pino, advirtieron en 2019, en un análisis efectuado para el Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), que «la aprobación de la Ley Marco de Protección Social en 2015, generó también una alerta en el sector salud, dado que hace referencia a un modelo de salud mixto».
«Aunque la ley es lo suficientemente vaga para señalar el modelo a seguir, la concesión de hospitales a fundaciones privadas que se ha dado hasta ahora (Hospital de San Lorenzo y Hospital María) parece ser el camino escogido por el gobierno. Los años pre electorales y electorales (2016 y 2017) fueron tal vez la razón para que la ley no se implementara en toda la dimensión, pero todo apunta a que la intención es de ir en esa dirección, cediendo las prestación de servicios médicos a fundaciones, oenegés y al sector privado en general, quedándose la Secretaría de Salud únicamente como ente regulador del sistema», estimaron en aquel momento.
Recordaron que el anterior gobierno, «bajo el argumento de estar en una situación de emergencia, abrieron las puertas a la privatización de los hospitales públicos, por la vía de la tercerización o el concesionamiento a fundaciones privadas. El Estado entrega a estas fundaciones el presupuesto, que cada vez tiende a ser menor, situación que obliga a que los ciudadanos que acuden a los servicios de salud tengan que pagar por algunos servicios y comprar algunas medicinas que son cada vez más escasas».
«Estas tercerizaciones amenazan también con asumir las responsabilidades de contratación de personal en condiciones de irrespeto de los derechos laborales e incluso de precarización laboral», alertaron ambos expertos.
Por su parte, el entonces secretario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Jorge Alberto Valle, citó al ganador del Premio Nobel de Economía (1972), Kenneth Arrow «considerado padre de la economía en salud, demostró que la salud no se puede someter a las fuerzas del mercado, hacerlo, causaría más daño a los enfermos y a los grupos vulnerables, él abordó el tema desde el enfoque económico vinculado con las decisiones sociales».
«Los gobiernos del país han aplicado las medidas neoliberales que han conducido a problemas económicos y de salud en la población… Aumentará la situación de injusticia social en general y en particular en el sistema de prestación de servicios. Agregado a lo anterior el sistema de red con la participación del sector privado y el sistema per cápita que de acuerdo a algunos autores no es rentable, aumentará la precariedad del derecho a la salud de millones de personas», apuntó en un editorial publicado en 2016 en la Bolsa Virtual de Salud.
En su momento, la expresidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH), Suyapa Figueroa y su sucesora Elga Codina reprocharon la privatización del sistema sanitario que emprendió Juan Orlando Hernández. Figueroa reprochó la entrega de la clínica de atención del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en Roatán a un hospital privado, lo cual señaló como un claro ejemplo de la entrega de los bienes públicos a particulares.
“Este gobierno de farsantes han venido diciendo que la salud no se privatiza, que es juego político del CMH. Ya entregaron el IHSS de Roatán a Cemesa, es tiempo de reaccionar si los dejamos avanzar nos quitarán hasta el alma. No a la privatización en salud”, añadió en 2020.
Según la galena, la salud pública es uno de los bienes más preciados que tiene la sociedad, sin embargo, está siendo entregado a manos privadas de manera sistemática.
“Hemos visto que han entregado hospitales a oenegés, juntas interventoras. Hemos visto un desmembramiento de todo el sistema sanitario en este intento del gobierno por deshacerse de su obligación de garante de la salud, además entrega fondos que son públicos a la administración de estos entes que son privados”, declaró.
