TEGUCIGALPA, Honduras
Un total de 25 muertes y suspensión de operaciones en varias empresas son los resultados de la extorsión en el área del transporte declararon dirigentes.
El dirigente del rubro, Wilmer Cálix, aquejó que este problema afecta principalmente a las ciudades más importantes del país.
“En San Pedro Sula estuvo cerrada la Gran Central Metropolitana y en Tegucigalpa durante los últimos días han quemado cinco buses y en este año han muerto 25 personas, vidas valiosas con una familia que queda sin sustento en su hogar”, lamentó.
Indicó que el Estado debe fortalecer a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (Fnamp) y la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano (FNSTU) y no pensar en su clausura ya que eso generaría más incertidumbre en el rubro.
“Hemos observado en los medios de comunicación que algunas fuerzas de seguridad pueden desaparecer por falta de presupuesto, por lo cual hacemos un llamado al nuevo gobierno que fortalezcan estas instituciones y que las pongan a funcionar con mayor intensidad”, dijo.
Precisó que el flagelo de la extorsión lo mantiene afectados desde 12 años y durante la crisis sanitaria el sistema financiero les cobró intereses en sus deudas.
IMPUNIDAD. Por su parte, el transportista Gerardo Aguilar enfatizó que no es posible que se pierdan vidas humanas y que las mismas queden en la impunidad.
“Ninguno caso ha sido judicializado, esta inoperancia ha provocado muerte, luto y dolor. Es por eso que lo condenamos enérgicamente. Han surgido nuevas bandas y han cerrado muchos puntos en el país, no podemos seguir así es insostenible la operación del transporte público.
Expuso que confía en el nuevo gobierno mediante la Secretaría de Seguridad para que brinde las condicione necesaria para operar de manera pacífica.
“Somos conscientes que el gobierno se acaba de instalar y confiamos que se harán estrategias para combatir la inseguridad en el transporte. La nueva administración tiene grandes restos y nosotros estamos dispuestos apoyarlos, nuestro interés es el existo de este gobierno”, aseguró.
DIFICIL DE ERRADICAR. El abogado Norman Sierra expuso que hay muchos grupos fácticos detrás de este delito, por tanto, resulta difícil emprender una lucha.
“Complicado erradicar porque muchos grupos sociales que se prestan para atemorizar a la sociedad, ante ese miedo resulta imposible tener denuncias para comenzar investigaciones certeras”, aseveró.
Comentó que si las indagaciones fuesen efectivas ya existirían capturas de los cabecillas que utilizan esta forma de delinquir.
Este día tres compañías Yoreños, Cotasyl y Alejandra cerraron de manera temporal sus funciones en la Gran Central Metropolitana de San Pedro Sula ante amenazas de extorsión.
Asimismo, transportistas consideraron que cinco empresas más podrían detener su operatividad ante el temor acciones criminales.
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