TEGUCIGALPA, Honduras
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció que la Secretaría de Desarrollo Económico desembolsó 61 millones de lempiras para el pago de salarios de tres funcionarios durante la administración del exmandatario Juan Orlando Hernández.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, detalló el gasto que hubo en el Estado fue durante el periodo de gobierno 2018 – 2022, al pagarles a tres representantes permanentes en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Suiza.
“Es importante conocer que pesé a que los jugosos pagos de los funcionarios salen del dinero del pueblo se desconocen que gestiones, logros o beneficios ha generado esta misión en Ginebra”, enfatizó.
Informó que el salario base y complemento de los tres representantes abarcan el 10 por ciento del presupuesto destinado para la secretaria.
Precisó que los tres funcionarios son allegados a las autoridades gubernamentales pasadas.
Los beneficiarios son Miguel Ángel Bonilla, ocupa el cargo desde 2014 y sobrino de uno de los hermanos del extraditable Juan Orlando Hernández.
Los otros dos son Dassio Castillo, delegado desde 1998 y María Lanza Suazo asignada al puesto desde 2012.
NOMBRAMIENTOS DE ÚLTIMA HORA. Castellanos detalló que otro de los descubrimientos de la investigación la repartición de plazas laborales.
En diciembre de 2021, las autoridades salientes otorgaron el nombramiento permanente a 33 empleados, de los cuales 24 de ellos recibieron un aumento desproporcional del sueldo.
Estas acciones generan un déficit presupuestario superior a un millón 422 lempiras.
“Los aumentos selectivos se otorgaron pese a que la Secretaría de Finanzas advirtió no afectar el presupuesto general de la República. Es evidente que las autoridades actuaron de forma arbitraria de su puesto”, arremetió.
Detalló que el CNA interpuso una denuncia ciudadana ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por mala gestión del servidor público y no continuar el procedimiento legal de nombramientos.
Solicitó que se ejecute un responsabilidad civil, penal o administrativa por parte de los operadores de justicia en contra de las autoridades salientes.
Señaló que el TSC hizo una auditoría en esta entidad que tuvo un costo de 2.5 millones de lempiras, de la cual no hay resultados.
Cabe destacar que este es el segundo informe publicado tras realizarse una auditoría forense una entidad pública, el fue en la Secretaría de Salud cumpliendo con el acuerdo establecido con el titular, José Matheu.
Asimismo, anunciaron que la próxima semana se presentará otras líneas de investigación referente a las secretarías de Estado.
