TEGUCIGALPA, Honduras
El Congreso Nacional aprobó por unanimidad de votos la derogación total de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional conocida como la Ley de Secretos.
El titular del Poder Legislativo Luis Redondo indicó que la norma fue un «amparo para quienes cometan actos de corrupción descarada en Honduras».
Agregó que la Ley de Secretos fue utilizada para impedir que la MACCIH pudiera tener acceso a la información o las pruebas necesarias para acusar a funcionarios que cometieron actos de corrupción en contra de la administración pública.
Al respecto, la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Maribel Espinoza, expresó que «con la derogación de la Ley de Secretos, los funcionarios públicos no se harán de la vista gorda con los actos de corrupción».
Externó que de «ahora en adelante cuando un funcionario público realice algún acto de corrupción se estará en la obligación de cumplir con el mandato de ponerlo en conocimiento en el Ministerio Público».
Afirmó que con la abolición de la normativa la población se dará cuenta de los actos de corrupción cometidos durante los 12 años de la administración nacionalista.
«Esperaban que nadie se diera cuenta de cuánto se robaron en doce años, y que el pueblo supiera hasta dentro diez años», arguyó.
En ese sentido, la diputada que presentó el proyecto para abolir la norma, Kritza Pérez, aseveró que «me ha dado gusto la participación de todos los diputados en la derogación de la nefasta Ley de Secretos que nunca debió existir porque era abusiva».
Precisó que con la eliminación de la normativa saldrá a la luz mucha información de hacia dónde fue dirigido el dinero de la Tasa de Seguridad, los contratos para renta de patrullas y otras concesiones que hizo el gobierno de Juan Orlando Hernández.
El diputado opositor Nelson Márquez fustigó que no solo basta con abolir la Ley de Secretos, también es necesario que se elimine los artículos 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública
Puntualizó que la única diferencia entre ambos decretos es que la recién derogada norma se establece que era para los temas relacionados con el Consejo de Seguridad Nacional.
A esta posición se sumó el congresista Mario Pérez, al sugerir que se incluyera en el artículo dos del dictamen los artículos; 16, 17, 18 y 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública para que fueran derogados porque contravenía el espíritu de derogar la Ley de Secretos.
