WASHINGTON, EE.UU.
Menos de un mes después de que un nuevo gobierno tomara posesión en Honduras, Estados Unidos solicitó el lunes la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, a quien había añadido recientemente a una lista de actores corruptos.
Aunque no se ha presentado una acusación formal ante los tribunales estadounidenses, el ministro de seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, señaló que Hernández se enfrenta a tres cargos por narcotráfico, uso de armas para el narcotráfico y conspiración para usar armas en el tráfico de estupefacientes, según reportó Associated Press.
Hernández es señalado por EE.UU. de participar en «una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela», aseguró la embajada estadounidense en una carta diplomática al gobierno hondureño, filtrada a medios locales.
EE.UU. acusa al ex presidente de recibir «millones de dólares en sobornos y ganancias de múltiples organizaciones» de narcotráfico de Honduras, México y otros países, según la misiva.
Los hechos indican que EE. UU. está moviéndose para presentar cargos contra Hernández en tribunales estadounidenses, dijeron expertos consultados por Voz de América. El expresidente ya había sido salpicado en juicios contra narcotraficantes convictos en el país norteamericano, entre ellos el de su propio hermano.
Hernández dejó la presidencia el 27 de enero, cuando fue juramentada la presidenta Castro de Zelaya.
En el anuncio de su inclusión al listado de actores corruptos, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, señaló que Hernández cometió o facilitó “prácticas de corrupción y narcotráfico” y utilizó “ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas”.
El nombre de Hernández, quien gobernó el país centroamericano por ocho años, ha salido en investigaciones judiciales a narcotraficantes condenados en EE. UU., entre ellos su hermano, el exlegislador Tony Hernández, condenado a prisión de por vida por tráfico de drogas.
En los documentos y declaraciones ante los juzgados, la justicia estadounidense vincula a Hernández con el narcotráfico. En la sentencia a su hermano, los fiscales exponen que el expresidente jugó un papel importante en una “conspiración para traficar drogas violenta y promocionada por el estado”.
Este lenguaje indica que “la DEA y el Departamento de Justicia parecen estar bastante confiados en la cantidad de evidencia que hay para apoyar las acusaciones que hacen”, dijo a VOA David Weinstein, abogado y exfiscal federal del condado de Miami-Dade.
El expresidente Hernández niega las acusaciones, asegurando que se trata de una “falsa narrativa” de los narcos.
Además del caso contra su hermano, el expresidente también fue salpicado en los juicios contra Geovanny Fuentes y Devis Rivera, exlíderes del cártel de Los Cachiros, que traficó drogas hacia EE. UU.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó comentar sobre el caso de Hernández, en un correo electrónico a la Voz de América.
El Departamento de Estado norteamericano tampoco respondió a una solicitud de comentario de VOA.
Según Weinstein, “parece que hay suficientes pruebas» para el Departamento de Justicia seguir adelante con un proceso contra Hernández.
La decisión de incluir a Hernández en la lista de actores corruptos y revocarle su visado due un indicio de lo que EE. UU. “está pensando y cómo entiende las acciones de Juan Orlando Hernández”, considera el analista experto en Centroamérica Eric Olson, de la Fundación Internacional Seattle.
“Se está dando a conocer que dentro del Departamento de Estado y el gobierno en general reconocen que [el expresidente] tiene vínculos bastante claros con la corrupción”, dijo el experto.
Olson había comentado además que lo que podría venir después en las acciones de EE. UU. -como ha ocurrido- es un pedido de extradición de Hernández para enfrentar la justiciar en Nueva York.
En el Congreso de EE. UU., representantes demócratas han aumentado la presión para traer a Hernández a rendir cuentas frente a la justiciar estadounidense. El legislador Bob Menéndez, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Senado pidió al gobierno del presidente Joe Biden “asegurar que Hernández rinda cuentas por sus acciones”. Lo mismo hizo la congresista Norma Torres, de la Cámara de Representantes.
Hernández se defendió citando directamente en Twitter a Torres y Menéndez, diciendo que los hondureños acusados de narcotráfico en EE.UU. están dando “falsos testimonios esperando a que se les reduzca la sentencia y vengándose de quien los persiguió”.
En la sentencia de Tony Hernández, condenado por traficar al menos 185,000 kilos de cocaína a EE. UU., los fiscales señalan que entre 2004 y 2019 le entregó “millones de dólares” en sobornos derivados del narcotráfico al expresidente. Los sobornos, aseguran los fiscales en la sentencia, alimentaron las campañas políticas del ex presidente en el 2009, cuando aspiraba a ser reelegido para diputado al Congreso Nacional.
En el 2013, aseguran los fiscales, Tony Hernández procuró un soborno de 1 millón de dólares del exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, a Juan Orlando Hernández.
Los sobornos, que ayudaron a crear impunidad para los protegidos de Tony Hernández, ayudaron a que Honduras se convirtiera en uno de los más importantes puntos de paso de droga hacia EE. UU. y un “narco-estado decrépito”, aseguran los fiscales.
Las mismas acusaciones de recibo de sobornos por parte del ex presidente también fueron hechas por el exlíder de Los Cachiros frente a la corte en Nueva York.
Días después de que la presidenta Castro de Zelaya tomara posesión como presidenta de Honduras, Hernández se juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), conformado por Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.
Según las leyes estadounidenses, las organizaciones internacionales reconocidas por EE. UU. —como la ONU, la OEA o la Cruz Roja—reciben los mismos privilegios que un gobierno extranjero, entre ellos cierta inmunidad ante procesos judiciales o ante el registro y confiscación de bienes.
El Parlacen no está en la lista de organizaciones internacionales reconocidas por la ley estadounidense, dijo a VOA un portavoz del Departamento de Estado de EE. UU.
Según los estatutos del Parlacen, sus miembros obtienen la misma inmunidad de la que gozan los “diputados de los Congresos o Asambleas Nacionales” en sus países e inmunidad diplomática en los estados miembros.
El Parlacen otorga inmunidad a sus funcionarios “por actos que se realicen siendo funcionario” del organismo, según explicó a VOA Federico Álvarez, abogado y analista político.
Es decir, si los actos de los que es acusado Hernández los cometió antes de ser diputado, no estaría cubierto por la inmunidad, aseguró el jurista hondureño.
Los estatutos del Parlacen también estipulan que se pueden retirar las inmunidades de un diputado a solicitud del país del cual es nacional. Además, dice el reglamento, “en caso de flagrante delito”, el parlamento “procederá de oficio, inmediatamente al levantamiento de las inmunidades”.
Si EE. UU. hace un pedido de extradición a Honduras, será la Corte Suprema de Honduras quien deba decidir si aprobarlo o no, explicaron los abogados.
En casos previos de pedidos de extradición por parte de EE. UU., explicó Álvarez, la corte hondureña “hasta ahora ha fallado a favor”.
La única excepción, explicó el analista, sería que existiera un juicio ya contra Hernández en Honduras previo a la solicitud de extradición. En ese caso, “hasta que ese proceso judicial termine, tiene prioridad sobre la extradición”, explicó.
El caso más reciente en el que se alegó la inmunidad del Parlacen para evitar una extradición a EE. UU. fue el de los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli. Las cortes en Guatemala, donde fueron arrestados, desestimaron los argumentos de sus abogados de que tenían inmunidad al ser nombrados diputados suplentes del Parlacen y fueron extraditados a EE. UU., donde cumplen una condena por lavado de activos. (Con información de VOA).
