TEGUCIGALPA, Honduras
El penalista Fernando Gonzales dijo que Honduras podría pagar millonarias cantidades de dinero por posibles demandas de varios agentes policiales que fueron depurados.
Según el jurista las autoridades que realizaron la depuración policial en 2016 no realizaron los debidos procesos administrativos y el derecho a la defensa.
Afirmó que «la comisión depuradora como los tribunales de honor de las FFAA, las juntas investigadoras administrativas vulneraron los derechos y el debido proceso administrativo de los uniformados que fueron separados de sus cargos».
«Todo el incumplimiento y la violación a los derechos de los policías provocará cualquier cantidad de demandas al Estado hondureño; las mismas deben ser presentadas en los juzgados de lo contencioso administrativo y también los respectivos recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia para llegar a una solución favorable para los agentes policiales», expresó.
Por su lado, el penalista Raúl Paniagua advirtió que las posibles demandas al Estado son un problema grave y delicado, «porque se tendría que pagar grandes cantidades de dinero a más de cinco mil policías que fueron separados de sus cargos».
Preciso que el Estado hondureño tendrá complicado poder cumplir con esas obligaciones porque «las arcas públicas están vacías y lo que procedería es un embargo de las cuentas estatales; pero creo que tampoco encontrarán dinero».
Indicó que el expresidente Juan Orlando Hernández envió un decreto administrativo para la reestructuración policial, pero no siguió los procesos administrativos que establece la ley y «por eso el Estado deberá resarcir los daños por medio del pago de esas demandas».
En ese sentido el apoderado legal de los policías depurados, Abel Orellana, externó que «son alrededor de cinco mil los agentes los que desean demandar a la comisión depuradora».
Anunció que van a interponer una denuncia ante el Ministerio Público a Omar Rivera como «principal actor de la depuración policial, vamos a demandar a esta gente que injustamente separaron de sus cargos a mis defendidos».
