TEGUCIGALPA, Honduras
El sobreseimiento definitivo otorgado a la mayoría de los acusados en el caso Pandora fue ratificado luego de un fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó el Ministerio Público (MP).
A través de una nota de prensa, el ente acusador del Estado lamentó que los magistrados desestimaron cinco acciones constitucionales de amparo que interpusieron los fiscales encargados del caso.
«De esta manera el Poder Judicial blinda uno de los actos de corrupción más reprochables en la historia del país», reza el escrito.
La Fiscalía aquejó que la Corte le habría dado valor a los planteamientos de las defensas de los encausados que solicitaron ante la juez un pronunciamiento sobre la responsabilidad de sus representados, «suplantando el proceso regular por uno arbitrario y falaz que adulteró el procedimiento aplicable al juicio oral, garantizando así la impunidad de la corrupción».
Agregó que el grupo de magistrados incurrió en un exceso y una arbitrariedad de carácter grave.
El coordinador de la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, externó que fue el pasado jueves 10 de febrero recibieron la sentencia en la que se declaraba sin lugar el último recurso que presentaron.
El también exjefe de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) acotó que con esa acción, la Corte «blinda la impunidad».
Los ciudadanos sobreseídos son: Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez Pineda, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenín Chávez Galindo, Armando José Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, José Luis Flamenco Mejía.
También se absolvió a: Ernesto Galeas Martínez, Eduardo Enrique Lanza Raudales, Lenín Rigoberto Ramos Velásquez, José Adolfo Sierra Morales, Félix Francisco Pacheco Reyes, Elvin Santos Lozano, Denis Enrique Pacheco, Sixto Pineda Hernández, Velkys Rosibel Hernández, Claudia Yamila Noriega Gonzáles, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Jaime Antonio Suárez, Alba Luz Ramírez Hernández y Dalia Esmeralda Palma Sánchez.
Tras conocer el fallo, el diputado y jurista Ramón Barrios dijo que la Sala de lo Constitucional representa una de las instituciones que ha creado mayor impunidad en el territorio cinco estrellas.
En tanto, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, señaló que la Sala está dando «los últimos golpes de ilegalidad al otorgar impunidad definitiva» en el caso.
Igualmente, el jefe de investigación de la instancia de sociedad civil, Odir Fernández, aquejó que con bajo el presunto patrón de conducta de la Corte, «los pocos» señalados por corrupción que han quedado en proceso penal saldrán libres.
PESQUISAS. La investigación del MP vinculó en el caso Pandora a altos exfuncionarios, socios, familiares y personas naturales a delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos, mediante los que habrían provocado un perjuicio de más de 282 millones de lempiras.
Según el expediente, el dinero estaba destinado a proyectos agropecuarios y agroindustriales en favor de madres jóvenes, fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón y el mejoramiento en la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria y Sulaco además de escuelas de campo para agricultores de Francisco Morazán, La Paz, Choluteca, el Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua.
Los fiscales aseguraron que el capital, que procedía la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas, fue desviado para gastos de campañas políticas en 2013 y otros gastos personales de los acusados.
De forma precisa, se habría financiado la «tarjeta cachureca», entregándole los recursos a los coordinadores de contienda del Partido Nacional para el día de las elecciones generales, el 24 de noviembre de 2013.
Además, supuestamente, se pagaron préstamos del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) que superaban los 99 millones de lempiras y también se compraron dos oficinas en las torres Metrópolis de la capital.
Se había estipulado -de acuerdo a la línea de indagación- que los fondos serían utilizados por las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, pero terminaron en las cuentas de particulares y candidatos a diputados, alcaldes y regidores del Partido Nacional, Partido Liberal y el Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER).
La supuesta secuencia de hechos fue denunciada inicialmente por el cónsul honorario de Italia en Roatán, quien señaló una supuesta utilización indebida de Dibattista para operaciones atípicas y no autorizadas.
Después se tomó como insumo -apuntó el MP- la auditoría especial que realizó el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a la SAG.
En el trabajo investigativo también participaron la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
«El aparato de justicia en nuestro país es una vergüenza. Si ante la claridad de los delitos no se castiga, qué podemos esperar de aquellos que deben ser juzgados. El mal sigue imperando a nuestro alrededor», dijo el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) Eduardo Facussé.
