TEGUCIGALPA, Honduras
En la primera sesión del Legislativo dirigido por Luis Redondo se presentaron dos mociones para el restablecimiento del Estado de derecho y la Constitución y la ley de condena al golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Las iniciativas fueron presentadas por Maribel Espinoza, por el Partido Salvador de Honduras (PSH) y Rasel Tomé por Libertad y Refundación (Libre); ambas recibieron vítores por los asistentes a la reunión, en su mayoría, integrada por diputados suplentes.
Al respecto, la congresista por Yoro indicó en su exposición de motivos que es necesario reafirmar los blindajes a los artículos irreformables o pétreos de la Constitución y que se sancione penalmente a quienes pretendan reformarla, al tiempo que dejó claro que solo el pueblo puede decidir sobre el futuro de la carta magna.
«Nos toca defender la vigencia constitucional ante los ataques que se han efectuado contra la ley suprema, contra las normas intangibles y la única vía para preservarla de cualquier enemigo del derecho natural del hombre y solo podrá preservarla mediante la independencia de los poderes y las leyes que garantizan la paz social», justificó la también jurista.
Asimismo, dejó claro que «el derecho a ser elegido no es absoluto» con relación a la relección presidencial de la que gozó el exmandatario Juan Orlando Hernández, quien entregó el mando el pasado 27 de enero tras permanecer ocho años en el poder.
Insistió que los limites a la reelección están en la Constitución y «solo el pueblo puede modificar el alcance a la delegación dada al presidente; deben sujetarse al escrutinio y debate y respetar los procedimientos constitucionales».
En su argumentación, cuestionó la creación de la Ley de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (Zedes), publicada en la edición 33,080 del diario oficial La Gaceta y, según ella, tal figura es reñida con las normas constitucionales vigentes.
Se basó en un fallo de 2007 emitido por el Poder Judicial en el sentido que las normas constitucionales «son intangibles y no pueden ser modificadas por un poder constituido» (ya sea el Congreso o la misma Corte Suprema de Justicia).
«Los que reformen (la Constitución) serán castigados por traición a la patria por atentar contra las normas pétreas. El funcionario que las infrinja incurrirá en responsabilidad de acuerdo a los artículos 321 y 375 (constitucionales) en los apartados 555 y 562 del Código Penal vigente y si el Ministerio Público no emprende la acción penal, cualquier ciudadano podrá colaborar con el restablecimiento con la acusación y en su caso poner a la orden de los juzgados a quienes violen la normativa», precisó Espinoza.
CONDENA AL GOLPE DE ESTADO. Por su parte, el parlamentario Rasel Tomé presentó la ley de condena al golpe de Estado de 2009 y solicitó la derogación del decreto legislativo 141-2009 que provocó la destitución del entonces presidente Manuel Zelaya y la llegada al gobierno de Roberto Micheletti.
«Se condena el golpe y la separación del presidente Zelaya aprobado el 28 de junio de 2009, publicado en La Gaceta 31,950 y en memoria de las víctimas para que los hechos no se repitan», dijo.
También solicitó que se apruebe el Acuerdo de Cartagena de mayo de 2011, que permitió el retorno a Honduras de Mel, quien permaneció exiliado tras su derrocamiento que también implica protección contra quienes cometieron delitos durante su gobierno.
Tomé exteriorizó la necesidad de crear un programa en beneficio de los afectados por el golpe para que puedan subsistir en «condiciones de dignidad y seguridad», conforme a los informes emanados en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Se nombrará la plaza que está aledaña al aeropuerto Toncontín que será nombrada Isis Obed Murillo, quien fue asesinado por las FFAA cuando Zelaya pretendía ingresar por la vía aérea al país el 5 de junio de 2009.
El congresista planteó la creación de una ley de amnistía general para los presos políticos y perseguidos por el golpe de Estado y que se incorporen a la misma los delitos de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, sedición, terrorismo, almacenamiento ilegal de armas, privación injusta de la libertad, entre otros.
Además, pidió el cierre administrativo de las causas penales activas relacionadas con el decreto de amnistía.
