TEGUCIGALPA, Honduras
A través de una enmienda a la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), el gobierno entrante buscará que una millonaria cantidad de hondureños de escasos recursos económicos no paguen por el consumo de energía eléctrica, pero eso podría provocar un nocivo efecto dominó, valoraron expertos.
La presidenta Xiomara Castro Sarmiento externó en su cuenta oficial de Twitter que envió un decreto al Congreso Nacional para que se realice una reforma que permita el beneficio para poco más de un millón 300 mil familias.
Precisó que la medida será para los ciudadanos que consumen menos de 150 kilovatios de energía por hora (kWh) promedio al mes.
Su cónyuge, el expresidente Manuel Zelaya, comentó que la necesidad de modificar la normativa vigente es porque la misma impedía un subsidio para los más necesitados.
«¡No podíamos creerlo! La ley no permite que se subsidie a los pobres. Modelo neoliberal. La presidenta Xiomara Castro inició su mandato solicitando al Poder Legislativo que haga el cambio para ayudar a los pobres», dijo.
Por su parte, el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, indicó que recibirían la propuesta procedente del Poder Ejecutivo y le darían «la celeridad que el pueblo reclama».
Castro anunció su objetivo cuando disertó en su toma de posesión en el Estadio Nacional el pasado viernes, advirtiendo entonces que el sustento económico para los más desposeídos significaba un gasto más para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los grandes consumidores tendrían que pagar un valor adicional.
«Como esta decisión significa un costo más para la ENEE, los altos consumidores deberán asumir un precio en su factura para subsidiar la energía que daremos gratis a los pobres de Honduras», declaró.
Empero, la mandataria debió recurrir a la iniciativa de ley para hacer la reforma a la LGIE porque esta establece en su artículo 18 que las tarifas no deberán cargar a una categoría de usuarios costos atribuibles a otra categoría.
La normativa describe que el Estado solo puede subsidiar a los consumidores de bajo ingreso sin afectar el pliego tarifario y las finanzas del subsector eléctrico.
POSIBLES CONSECUENCIAS. El experto en temas energéticos, Kevin Rodríguez, explicó que el mecanismo de subsidios cruzados -en los que unos usuarios pagan más- es difícil de manejar y puede provocar un panorama con poca transparencia en cuanto a las ventas que maneja la estatal eléctrica.
«A escala internacional ese mecanismo ya no se utiliza porque se demostró que no es la manera más eficiente», acotó.
Planteó que una persona que consumía usualmente 50 kWh y está al tanto de que ahora puede llegar hasta 149.99 kWh y no pagar electricidad, probablemente comprará un televisor adicional o gastará más de otra forma en búsqueda de conseguir el mayor beneficio de la medida.
Por lo que, estimó que el gasto entre los usuarios subsidiados podría alcanzar un rango máximo de 195 gigavatios -mil millones de vatios- por hora (gWh) lo que, multiplicado por una tarifa promedio de 5.50 lempiras, significaría un monto superior a los mil millones de lempiras al mes.
Señaló que si se toma la decisión de cargar el valor subsidiado a la industria y el comercio el impacto podría ser tan severo que muchos negocios irían a la quiebra y aumentarían el índice de desempleo a escala nacional.
Por ese lado, el director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina, alertó que el mercado se distorsionaría mucho y el país tendría la energía más cara de toda Centroamérica.
«Pequeños negocios como salones de belleza y pulperías tendrían que absorber entre siete y 10 mil lempiras mensuales», infirió.
Además, los expertos valoraron que el proyecto debe ser socializado con la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), el Operador del Sistema (ODS) y el área privada.
Asimismo, consideraron que las autoridades deben tomar en cuenta que la posibilidad -ya contemplada en la LGIE- de que la exención de pago a los pobres sea mediante una absorción del monto por parte del Estado.
Subrayaron que se podría hacer un traslado de fondos directamente de la Secretaría de Finanzas a la ENEE para no generar afectación al subsector eléctrico o hasta la totalidad de la economía nacional.
El mecanismo de cruzar subsidios sí fue válido cuando existía la Ley Marco del Subsector Eléctrico, pero la misma fue derogada en 2014 y se creó la LGIE.
